Durante su testimonio ante la Comisión Total del Senado, que comenzó este jueves a evaluar el nombramiento de Víctor Ramos Otero como secretario de Salud, el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos, Carlos Díaz Vélez, reveló que la secretaria designada de Estado, Verónica Ferraiuoli, asesoró al nominado en cuanto al “contenido y la forma de pagaré” de un préstamo que tomó y no le informó al gremio mientras lo lideraba.

Tal como El Nuevo Día reseñó a base de una de dos auditorías realizadas por el Colegio, Ramos Otero tomó un préstamo de $125,000 a un usurero, de nombre Carlos Rodríguez Rivera, para pagar nómina del fallido plan médico para galenos que intentó crear, denominado Golden Cross Health Plan Corp. La auditoría sobre el préstamo la comisionó el propio Díaz Vélez, según su testimonio.

“Recientemente, el doctor Ramos Otero indicó que el licenciado Carlos Cardona, abogado del Colegio, lo asesoró sobre el préstamo. De documentos que he podido examinar, surge que la licenciada Verónica Ferraiuoli asesoró sobre el contenido y la forma del pagaré”, declaró Díaz Vélez, ante un nutrido grupo de senadores, encabezados por líder de la Cámara alta, Thomas Rivera Schatz.

Recalcó, a su vez, que las acciones de Ramos Otero fueron a espaldas de la Junta de Gobierno del Colegio, que inicialmente avaló la creación del plan médico. Para esa faena, Ramos Otero inscribió, en el Departamento de Estado, la corporación CMC Care Holdings LLC.

Díaz Vélez alegó, igualmente, que, bajo la presidencia de Ramos Otero, los miembros del Colegio se quejaban de la marcada politización del gremio, una entidad sin fines de lucro. Alegó que en el Colegio se hicieron actividades del Partido Demócrata.

“Ese era un malestar de los colegiados”, afirmó el cardiólogo, quien, al comienzo de su deposición, dejó claro que tiene su ideología política, pero la separó del Colegio como parte de su administración. En 2012, Díaz Vélez contempló aspirar en primarias a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), pero se retiró sin llegar a formalizar la candidatura.

Sobre el préstamo tomado por Ramos Otero, señaló que “el usurero devengó intereses durante varios años, por la suma de $221,000 y $31,000, los cuales se pagaron de la cuenta del Colegio”.

Recordó que la Junta de Gobierno debía aprobar toda transacción de $5,000 o más, y expuso que los pagos al prestamista eran menores que esa cantidad para presuntamente ocultarlos al ente rector.

“(El usurero) cobró $4,000 mensuales, durante años, hasta que se agotaron los fondos de una cuenta que mantiene bajo su firma el doctor Víctor Ramos Otero y el tesorero (Roberto Pérez Nieves)”, dijo Díaz Vélez, quien entregó al Senado una carpeta con documentos y anejos para sustentar su testimonio.

“Esto constituye una violación al Artículo 6.6 del Reglamento Interno del Colegio de Médicos”, agregó, para, de inmediato, recordar que la Junta de Gobierno acordó suspender a Ramos Otero y referirlo al Consejo de Ética.

En medio de los cuestionamientos públicos a su designación como secretario de Salud, trascendió que Ramos Otero renunció, el 17 de marzo, a su membresía en el Colegio.

En tanto, Díaz Vélez rechazó que Ramos Otero haya transferido a las cuentas del Colegio el dinero restante destinado al fallido plan médico. Enfatizó que, en esa cuenta bancaria, solo firmaban Ramos Otero y Pérez Nieves.

“El doctor Víctor Ramos Otero, pasado presidente del Colegio durante ocho años (2014-2022), tiene un historial que contiene ejecutorias administrativas antirreglamentarias, carentes de transparencia, arbitrarias y de dudosa legalidad que están documentadas, lo que debe tener un gran peso en una persona prudente y razonable para tener enorme cautela a la hora de recomendarlo o confirmarlo al cargo de secretario de Salud”, sentenció Díaz Vélez.

Añadió que el Colegio evalúa demandar a Ramos Otero, “en su carácter personal, por las pérdidas y sustracciones antirreglamentarias o ilícitas por él provocadas, irrespectivamente de las estrategias de intimidación” que, dijo, se han empleado contra él, como presidente del Colegio de Médicos, y contra la institución. “El caso se presentaría bajo la Ley contra el Crimen Organizado y Lavado de Dinero”, indicó.

Puntualizó que la segunda auditoría –concerniente a un programa de vacunación contra el COVID-19 y administración de pruebas, en el Colegio, sufragado con fondos federales– fue encomendada por Ramos Otero y tenía 17 hallazgos.

“A consecuencia de estos hallazgos, como medida cautelar, en caso de que se le exija la devolución por las autoridades federales, el auditor recomendó a la Junta de Directores del Colegio congelar $700,000 de los fondos de membresía”, dijo.

Abundó que, para enero de 2024, el Colegio recibió un “subpoena” (citación) de las autoridades federales que, entre otras cosas, solicitaba toda la información relacionada con pagos a Ramos Otero como presidente y director médico del programa de vacunación.

A preguntas del senador independiente Eliezer Molina, el deponente confirmó que Ramos Otero ya contrató en Salud a galenos que formaron parte de la directiva del Colegio mientras él era presidente.

Además, Díaz Vélez dijo que, aunque no podía mencionar el nombre de la asesora legal señalada en la auditoría como que también incurrió en conflicto de interés, esa persona contrató, para el programa de vacunación, a la empresa de su esposo, PROgyn. Díaz Vélez indicó que tiene una orden de cese y desista que le impide mencionar el nombre de la asesora legal.

“Eso significa que todo lo que usted está diciendo, a nivel administrativo, es lo que va a gobernarnos mientras el señor Victor Ramos esté ahí (en Salud)”, expresó Molina.

En su turno de preguntas, el senador Juan Oscar Morales, portavoz alterno del Partido Nuevo Progresista, cuestionó, al menos, dos de los hallazgos de la auditoría del programa de vacunación, específicamente, si el Colegio tenía un seguro por impericia médica y que se hayan entregado materiales.

Además, trajo a colación una evaluación de la Comisión de Nombramientos del Senado, de 2005, que no avaló que Díaz Vélez formara parte de la Junta Examinadora de Médicos porque tenía deudas con el Departamento de Hacienda y el Centro de Recaudación de Ingresos Municipales.

Díaz Vélez replicó “no recuerdo” ante la información revelada por Morales, y destacó que, “por cinco años”, desde 2006, fue miembro de la Junta Examinadora de Médicos.

Morales cuestionó las aportaciones políticas hechas por el cardiólogo, que también enfrentó preguntas de por qué, siendo vicepresidente del Colegio mientras Ramos Otero lo lideraba, no se enteró de las supuestas irregularidades que ahora denuncia.

Solo los senadores Adrián González, del Partido Independentista Puertorriqueño, y Luis Javier Hernández Ortiz, del PPD, cuestionaron sobre la asesoría que Ferraiuoli dio a Ramos Otero para el fallido plan de salud.

“Ella (Ferraiuoli) era la asesora, la que trabajó todo lo del CMS Care, lo del plan médico. Desde el mismo préstamo usurero, se facturó por ese proceso”, declaró Díaz Vélez.

Mientras, a preguntas de Hernández Ortiz, comentó que La Fortaleza no lo contactó como parte del “background check” o verificación de antecedentes que le hizo a Ramos Otero.

“Acabo de revisar las facturas de 2017… especialmente una factura del 14 de marzo, donde específicamente la licenciada Verónica Ferraiuoli estaba asesorando con relación a la confección de este documento (para crear un plan médico)”, dijo Hernández Ortiz.

Por su parte, el senador José A. “Josian” Santiago, del PPD, rechazó, en su turno de preguntas, versiones de Ramos Otero, quien públicamente atribuyó los cuestionamientos sobre su nominación a un supuesto acuerdo entre el presidente del Colegio y senadores populares.

Díaz Vélez, en tanto, negó expresiones de la gobernadora Jenniffer González, quien dijo que las auditorías del Colegio eran amañadas. “Sería, para mí, muy bajo hacer eso”, declaró. En la vista pública, estuvo el asesor legislativo de la gobernadora, Carlos Rivera Justiniano.

Ramos Otero tendría su turno para deponer ante la Comisión Total a partir de la 1:30 p.m. Ferraiuoli, en cambio, aún no tiene fecha para su vista de nombramiento, que será atendido en primera instancia por la Cámara de Representantes. Más temprano esta semana, el presidente de la Cámara, Carlos “Johnny” Méndez, dijo que la nominada aún no ha entregado sus informes financieros.