La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, entidad que agrupa a sobre 70 entidades que trabajan en defensa de esta comunidad, establecieron este martes su oposición a un proyecto de ley que, según dijeron sus portavoces, permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer un servicio basado en sus creencias religiosas.

“Más allá de eso, le da inmunidad a las profesiones reguladas por el Estado, ya sea los médicos, los abogados, los trabajadores sociales, para que no puedan atender a una persona, basada también en su creencia religiosa”, señaló el activista Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación, durante una conferencia de prensa desde las escalinatas del Capitolio.

El pasado 2 de enero, tan pronto los integrantes de la Asamblea Legislativa juramentaron a sus cargos, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, presentó un centenar de medidas que abordan, entre otras temas, la libertad religiosa y el nivel de intervención que pueden tener los padres sobre la educación de sus hijos.

El Proyecto del Senado 1, específicamente, revive legislación que ha sido descartada en el pasado que abordaría regulaciones sobre la vacunación compulsoria, la asistencia económica para propósitos educativos y el alcance de sanciones a padres o madres que opten por no inmunizar a sus hijos.

“La libertad religiosa está protegida por nuestra Constitución, por lo que no necesita legislación adicional. Esta medida no tiene otro valor que no sea dar licencia para discriminar bajo el pretexto de la libertad religiosa. Es nuestro deber alertar a la ciudadanía sobre esta medida que es innecesaria, peligrosa y una intento burdo por complacer a un sector fundamentalista en menosprecio de otros sectores de nuestra sociedad”, señaló Serrano.

Aunque el grupo recalcó su oposición a la medida, presentó unas enmiendas -las cuales discutirán con los nuevos legisladores en los próximos días- para garantizar que la medida no pueda ser usada para discriminar. “Jamás podemos utilizar nuestras creencias para negarle un servicio a una persona que no profese nuestra fe. Por eso, como líder de fe, me opongo a este proyecto que es lo opuesto al amor, la empatía y la compasión a la que somos llamados las y los cristianos”, dijo la pastora Nixie Ramos, de la Iglesia Cristo Para Todes y portavoz del junte.

Las enmiendas, explicó Serrano, van dirigidas a dejar “expresamente” que no se puede discriminar por orientación sexual e identidad de género en ningún servicio público ni en las profesiones reguladas por el Estado. “El proyecto es muy largo y duerme a la gente al principio con hablar sobre las vacunas y los derechos de los padres de atender la sexualidad de los niños, pero realmente lo que esconde es una política pública con licencia para discriminar”, expuso.

Aun con enmiendas, la medida no sería viable, argumentó Serrano. Sin embargo, ante el panorama de la posible aprobación de la medida -debido a la composición legislativa- el grupo busca tratar de salvaguardar que el proyecto no se utilice para discriminar, indicó.

Los portavoces reclamaron, además, la celebración de vistas públicas para escuchar los reclamos y posturas de otros sectores, así como otras enmiendas. “El Estado tiene la responsabilidad de proteger los derechos fundamentales de todos por igual y asegurar el acceso justo a los servicios esenciales que está obligado a brindar. Es por eso que estamos unidos en pedir vistas públicas para elevar los peligros que representa este proyecto de ley y lograr que la Legislatura haga lo correcto”, señaló Frankie Miranda, presidente de Hispanic Federation.

A pesar de que existían rumores de que la medida podría ser atendida en el Senado durante la sesión inaugural sin ser evaluada por una comisión, lo que se conoce como “por descargue”, los trabajos culminaron sin que la legislación se considerara. La Cámara alta vuelve a sesionar el jueves, a las 11:00 a.m.