La presidenta del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Vivian Godineaux, sostuvo este miércoles que el derecho a la libertad religiosa ya está protegido por jurisprudencia vigente y normativa constitucional, y señaló que no han identificado conductas de “persecución” o “represión” contra ningún sector de fe que justifique la aprobación del Proyecto del Senado 1.

Al igual que activistas de la comunidad LGBTQ+, la licenciada planteó que el lenguaje incluido en la medida “abre la puerta a que alguien –como ya ha ocurrido en Estados Unidos– se niegue a dar servicio a un sector determinado bajo el argumento de que “lesionaría su libertad religiosa”.

“Esto podría implicar no solamente la legalización del discrimen, en contra de lo establecido en la Ley de Derechos Civiles de 1964, en el ámbito del comercio privado, sino también, de manera aún más peligrosa, en el ámbito de los servicios públicos”, expuso, durante la vista pública de la Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado para atender la pieza.

El proyecto tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental que cobija a todo ciudadano, incluyendo a empleados y funcionarios de las tres ramas de gobierno y a los profesionales regulados y licenciados por el Estado, como abogados, trabajadores sociales y médicos.

Asimismo, revive legislación –que ha sido descartada en el pasado– que abordaría regulaciones sobre la vacunación compulsoria y el alcance de sanciones a padres o madres que opten por no inmunizar a sus hijos.

El sacerdote Carlos Pérez, el presidente de la Fraternidad de Iglesias Pentecostales (FRAPE), Moisés Román; el pastor Otoniel Font, del Concilio Fuente de Agua Viva; y el licenciado Magdiel Narváez, en representación de la Iglesia Sendero de la Cruz, favorecieron la legislación presentada por el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. De igual forma, se expresaron la Iglesia Avance Internacional, la Asociación Iglesia Bautista del Sur y la Iglesia Adventista de Puerto Rico.

Mientras, el Sínodo Presbiteriano Borinquén en Puerto Rico, comprendido por los presbiterios del suroeste, noroeste y San Juan, se expresó en contra de la legislación, porque podría promover la discriminación y colocar en riesgo la separación de Iglesia y Estado al “poner creencias religiosas por encima de políticas de salud pública y servicios al público”.

José Rosa, anciano gobernante del Sínodo, expresó preocupación porque la medida no especifica cuáles serían los remedios que el gobierno aplicaría para garantizar un servicio en aquellas instancias donde el único empleado ofreciéndolo se niegue a prestarlo.

Rosa sugirió, en lugar de aprobar la legislación, promover el diálogo entre las comunidades religiosas, los profesionales de la salud y el gobierno para hallar soluciones que respeten la libertad religiosa sin que se promueva el discrimen. “Aunque tratemos de decir que en Puerto Rico no existe discrimen por raza, sexo o por color de la piel, eso es una mentira, siempre lo hemos visto”, apuntó.

Durante la audiencia, Godineaux levantó la preocupación de que a algunos sectores, como la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico y Amnistía Internacional, no se les permitió deponer, y sugirió que se les dé espacio para fomentar un “verdadero debate público”.

Ante tal reclamo, el presidente del Senado dijo: “Aquí, sabemos lo que nos toca hacer”. “La participación en vistas públicas es un criterio que le corresponde al Senado decidir... pero las organizaciones que quieran emitir una ponencia o hacer llegar comentarios son bienvenidas”, añadió Rivera Schatz, quien adelantó que habrá una segunda vista.

Mientras se celebraba la audiencia, representantes de la Federación presentaron el tracto de las gestiones que realizaron infructuosamente, desde el 13 de enero, para lograr un espacio y deponer.

“Se nos negó la participación, pero entregamos nuestra ponencia a la comisión senatorial en oposición a tan peligrosa medida y la compartimos ahora con el país”, aseveró el doctor Juan F. Caraballo Resto, miembro del Consejo Asesor de la Federación.

Los representantes de los sectores religiosos defendieron la legislación y rechazaron que discrimine contra la comunidad LGBTQ+, sino que, por el contrario, viabilizaría “el respeto mutuo y la convivencia pacífica” y les permitiría “seguir sirviendo sin obstáculos” a la sociedad.

“Tomen las medidas necesarias para proteger este derecho fundamental a todas las comunidades religiosas”, expuso Román, de la FRAPE.

De forma similar, se expresó el sacerdote Pérez. El también abogado sostuvo que una de las aportaciones “más importantes” de la legislación es que “criolliza” la libertad religiosa para responder a “inquietudes” y “clarificar” su alcance.

Insistió en que el proyecto “no podrá ser utilizado para discriminar contra nadie en la prestación de servicios públicos”, y señaló que, según los Artículos 16 y 17, el creyente que busca acomodo razonable “deberá ser previsor para evitar que los ciudadanos, al buscar un servicio público, puedan recibir de los funcionarios vejámenes, vergüenzas y pérdida de tiempo”.

Pérez sostuvo que el proyecto responde a una “necesidad real”, ya que, durante la pandemia de COVID-19, las instituciones religiosas fueron “víctimas” de una “exclusión arbitraria”, por parte de hospitales y centros de cuidado prolongado, que no les permitió servir a la población creyente internada en estos espacios. Asimismo, cuestionó que se hayan cerrado los templos durante la crisis salubrista, que inició en el 2020.

En tanto, la doctora Iris Cardona, principal oficial médico del Departamento de Salud, avaló la medida, y sostuvo que las enmiendas propuestas a la “Ley de Inmunizaciones Compulsorias para Niños Preescolares y Estudiantes” (Ley 25-1983) no menoscabarían la facultad del Estado a implantar las políticas de salud pública.

De aprobarse según presentada, la medida integraría lenguaje para disponer que los estudiantes exentos de la Ley 25 por motivos religiosos o médicos no podrán ser vacunados durante una epidemia sin el consentimiento informado por escrito del padre, madre o tutor.

Sobre la disposición para que, como parte del proceso de vacunación, se les provea a los padres información detallada sobre los componentes, beneficios y riesgos de las vacunas, Cardona aclaró que este trámite ya se realiza por disposición federal. En ese caso, dijo, la propuesta debe alinearse con los criterios del gobierno federal.

La licenciada Saraí Ruiz, en representación del Departamento de Educación, indicó que la excepción por libertad religiosa que permite a los padres optar por no vacunar en una pandemia es un asunto que debe ser “evaluado cuidadosamente” para asegurar que no se violenten derechos constitucionales.

Mencionó que la implantación de la medida “podría generar conflictos con precedentes legales y principios constitucionales”, pero, aun así, consignó el apoyo de la agencia.

Al concluir la vista, Rivera Schatz anticipó que la medida será aprobada. “Trajimos el proyecto, se va a aprobar, vamos a ajustar lo que haya que ajustar, y vamos a darle la participación a todo el mundo. No queremos quitarle nada a nadie, pero no vamos a entregar lo nuestro”, finalizó.