Luis Javier Hernández Ortiz y Héctor Ferrer Santiago, portavoces del Partido Popular Democrático (PPD) en la Asamblea Legislativa, exigieron este sábado a la gobernadora Jenniffer González que se derogue la orden administrativa que archivó las investigaciones pendientes sobre propiedades enclavadas en La Parguera, incluida la de sus suegros, antes de que comience el proceso de confirmación del designado secretario del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez.

“Estamos pidiéndole a la gobernadora que, en ánimo de que las vistas públicas se puedan centrar en el nominado y en sus planes con relación a la agencia, pues, este asunto de la orden administrativa firmada por él, puede desvirtuar el concepto real de una vista de confirmación. Debe dejarse sin efecto esa orden administrativa, para que podamos sentarnos a evaluar directamente al candidato”, planteó el senador Hernández Ortiz, en conferencia de prensa, desde la sede del PPD, en Puerta de Tierra.

A pocas horas de ser nominado, Quiles Pérez firmó su primera orden administrativa, que dispuso archivar los casos relacionados con construcciones presuntamente ilegales en La Parguera, en Lajas, al considerar que se han “convertido en académicos”, y autorizó el mantenimiento y la reparación de propiedades privadas ubicadas dentro de la zona marítimo terrestre.

Acompañado de nueve legisladores, el líder de la minoría popular en el Senado insistió en que “no queremos pensar que el plan es que este candidato firmara esa orden administrativa, no tenga los votos para ser confirmado, y venga otro y se mantenga esa orden administrativa”.

Tras la controversial determinación, el presidente entrante del Senado, Thomas Rivera Schatz, anticipó el viernes que citará a Quiles Pérez, cuya licencia de ingeniero aparece como suspendida en el directorio del Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico.

“Ese precedente (firma de la orden), bajo ninguna circunstancia, se lo vamos a permitir. Fue una decisión altamente cuestionada. Él tiene ahora que remendar esa situación y su primera acción debe ser dejar sin efecto esa orden administrativa”, agregó Hernández Ortiz.

Al momento de esta publicación, La Fortaleza no había respondido a los señalamientos de los legisladores populares.

A la denuncia de “abuso de poder”, se unió el representante Ferrer Santiago, al opinar que “la decisión de crear una orden administrativa, en donde no tan solamente legaliza los arreglos y unas casas de unos familiares de ella, sino que también archiva un caso administrativo que está pendiente de adjudicación, es un claro menosprecio a la ley y al país”.

“Es un claro menosprecio al país en su acto de cancelar conferencias de prensa para no darle cara y explicación a todo el pueblo de Puerto Rico y adjudicarlo, como lo hace Donald Trump en los Estados Unidos, a una elección. Lo único que se adjudicó en la elección es que el Partido Nuevo Progresista (PNP) ganó la gobernación, ganó la Asamblea Legislativa, pero no así casos administrativos o judiciales pendientes”, enfatizó el portavoz cameral.

La gobernadora canceló, tarde en la noche del jueves, la conferencia que tenía pautada el día siguiente, en la que anunciaría al nuevo secretario de Agricultura, el último del gabinete constitucional y quien podría atender el brote de gripe aviar confirmado esta semana en Culebra.

Hernández Ortiz denunció que la primera ejecutiva solo ha nombrado al “30% de la cantidad de funcionarios para dirigir agencias y casi el 70% son sus amigos más cercanos, que estuvieron en su campaña, que trabajaron en su oficina o personas de dudosa reputación”.

No obstante, adelantó que su delegación ve con buenos ojos a los designados secretarios de Educación y Hacienda, Eliezer Ramos Parés y Ángel Pantoja Rodríguez, respectivamente.

Ferrer Santiago advirtió que fiscalizarán a la mayoría del PNP, que controla más de dos terceras partes en ambos cuerpos legislativos, y compartió que, desde finales del año pasado, solicitó reunirse con la gobernadora. En el pasado cuatrienio, el PPD ostentó la mayoría legislativa en ambas cámaras.

“Muchas veces, la prepotencia y la arrogancia dan paso a que se abuse de ese poder. Eso no lo podemos permitir, lo tenemos que denunciar. Le estamos advirtiendo a Jenniffer González que hechos similares a esto comenzaron un verano de 2019″, manifestó Ferrer Santiago, en referencia a los eventos que redundaron en la renuncia del exgobernador Ricardo Rosselló Nevares.

Los legisladores de la Pava añadieron que González tampoco ha sido categórica en cuanto a las medidas que tomará ante los aumentos en los costos del servicio de energía eléctrica y agua, así como en los peajes.

Al mismo tiempo, los portavoces alternos de la Cámara de Representantes y el Senado, Domingo Torres y Marially González, respectivamente, adelantaron algunas de las prioridades del PPD, entre ellas, la cancelación del contrato de LUMA Energy y la creación de un programa de cuidadores de personas de edad avanzada y una oficina anticorrupción. Además, buscarán enmendar el Código Electoral y eliminar la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública.

La delegación del PPD es la más pequeña en la historia del partido, con cinco senadores –cuatro por acumulación y uno por distrito– y 13 representantes –tres por acumulación y 10 por distrito–. En 2016, tuvieron siete senadores, mientras, en la Cámara, fueron 16, cifra que igualó la de 1992.