El secretario designado del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Francisco Quiñones Rivera, informó este sábado que siguen “bajo evaluación” otras compañías para sustituir a Physician Correctional en los servicios de salud a la población penal, al tiempo que mostró preocupación por las fatalidades en las cárceles, por lo que reactivó un comité para investigar esos casos, entre ellos, el de un sumariado que se suicidó en Bayamón.

“Es una prioridad atender la salud. Debemos dar la atención adecuada y proveerles a los seres humanos que están en nuestras instituciones el mejor servicio de salud posible, llámese como se llame (el suplidor). Ese es mi compromiso”, respondió Quiñones Rivera, a preguntas de la senadora Nitza Morán, del Partido Nuevo Progresista, en su vista de confirmación.

Ante la insistencia de Morán sobre si evalúan otras compañías, recalcó que “la última vez que hubo un cambio, hubo varios licitadores”.

A pesar de que, hace varias semanas, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, cuestionó a Quiñones Rivera por contemplar la cancelación del contrato con Physician “sin tener un fundamento claro”, este sábado, en la vista, sostuvo que el nominado “tiene la suficiente calle para entender lo que representa ese gran reto”.

El contrato con Physician –vigente hasta 2028– fue eje de controversias, luego que un panel de médicos de la empresa concluyera que el feminicida Hermes Ávila Vázquez, quien fingió ser parapléjico, podía beneficiarse de la Ley 25 de 1992, mediante la cual se otorgan permisos extendidos a convictos que tengan alguna enfermedad terminal.

“El DCR requiere una supervisión intensa y una integración gigante con todos los componentes. El tema de la salud de los confinados es fundamental, irrespectivamente de quién sea el proveedor. Lo cardinal tiene que ser que se provea el mejor servicio de salud disponible”, dijo Rivera Schatz al secretario designado.

La Comisión de Derechos Civiles publicó, el 10 de febrero, un informe que reveló el aumento en las muertes de confinados en las cárceles de Puerto Rico durante los pasados años.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, expresó preocupación sobre los casos de sobredosis de opiáceos, como fentanilo y heroína, así como las tasas de contagio de VIH y de hepatitis en las cárceles.

“¿Qué medidas específicas se tomarán para atender una situación que todos y todas sabemos que ocurre, más allá del compromiso de siempre de combatir el trasiego de sustancias ilegales en las cárceles?”, preguntó.

Quiñones Rivera, exjuez y excomisionado de la Policía de Ponce, respondió que tienen pautada una reunión con el secretario designado del Departamento de Salud, Víctor Ramos, para el próximo jueves. “Queremos darle un enfoque salubrista porque es la manera de atenderlo”, afirmó.

Por otro lado, aseguró que existe “la mano de obra” en las cárceles para limpiar las playas, trabajar en la agricultura y la construcción, lo que, dijo, serviría en sus procesos de rehabilitación. En respuesta, el secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, respaldó, en su vista de confirmación horas después, esa futura iniciativa.

Por su parte, el secretario designado del Departamento de Seguridad Pública, Arthur Garffer, aseguró a la senadora novoprogresista Migdalia Padilla que cumplirá con la política pública de la gobernadora Jenniffer González de sacar a la Policía de la sombrilla de la agencia.

Rivera Schatz reconoció a Garffer al manifestar que, “a pesar de no estar físicamente presente (por una misión militar en Kosovo), sí estuvo presente, monitoreando y asegurándose de que las cosas funcionaran”, anticipando que favorecerá su designación.

En su ponencia, Garffer respondió que trabajará por “mejorar la tecnología dentro de las plantas físicas para poder maximizar los esfuerzos del Negociado de la Policía de Puerto Rico y sus horas”.