El secretario designado del Departamento de Salud, Víctor Ramos, reconoció este martes que el retraso en la disponibilidad de citas para la solicitud de certificados de antecedentes penales a proveedores de servicios de salud, así como el costo del documento, son las mayores quejas que enfrenta la agencia por parte de los peticionarios.

“No es aceptable que un hogar (de cuidado prolongado) que puede admitir a una persona, no lo pueda admitir porque el empleado esté atascado en un proceso burocrático del gobierno”, señaló el titular, ante los miembros de la Comisión de Vivienda y Bienestar del Senado.

Según el titular, el tiempo de espera para la obtención de una cita fluctúa en 15 días. A preguntas de la senadora del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, no pudo especificar cuántas personas solicitan el servicio diariamente, pero aseguró que “son muchos”.

Ramos reconoció que el “elevado” volumen de llamadas recibidas a diario supera la capacidad de atención del personal contratado. “No creemos que el proceso sea el adecuado para los empleados ni para los que solicitan el servicio. Para nosotros, es inaceptable. Estamos buscando alternativas”, aseguró.

El Departamento de Salud, según la Ley 130-1999, opera –por requerimiento federal– el Programa de Verificación de Credenciales e Historial Delictivo de Puerto Rico, a través del cual se emiten certificaciones de antecedentes penales a proveedores de servicios de salud a niños, adultos mayores y personas con diversidad funcional. En este caso, se usan las huellas dactilares como parte del proceso de verificación.

La certificación busca validar que el solicitante no ha sido convicto por delitos sexuales y de abuso contra menores, entre otros enumerados en la “Ley de Verificación de Historial Delictivo de Proveedores de Servicios de Cuidado a Niños y a Personas de Edad Avanzada” (Ley 224-2015).

El Departamento de Justicia estableció que el certificado tiene un $70 anuales. De estos, $23.95 van dirigidos al Departamento de Salud y el restante se invierte en la operación y el acceso a las bases de datos y en el mantenimiento de los servidores. El programa cuenta con una plantilla de 17 empleados, lo que representa un gasto anual de unos $600,000.

En el proceso de emisión de certificado, interviene, además de Justicia y Salud, el Negociado de la Policía. “No creo que aumentar la certificación a más de $70 sea una opción. Las personas que trabajan en estos lugares cobra el mínimo”, expuso Ramos.

Como parte de las medidas para agilizar el proceso, dijo que, “en las próximas semanas”, van a abrir dos oficinas satélites en Fajardo y Ponce. El programa, a pesar de que atiende a ciudadanos de toda la isla, solo dispone de una sede en San Juan.

Asimismo, Ramos indicó que evalúan la posibilidad de extender por tres años la validez de los certificados de antecedentes penales. La determinación, de aprobarse, sería aplicable a los proveedores que sigan prestando servicios a una misma entidad un año después de haber recibido el certificado.

“En tales casos, el certificado de antecedentes penales tendrá una validez de tres años”, sostuvo. “Este borrador está actualmente en proceso de revisión y discusión con el Departamento de Justicia para su implementación”, expuso el titular designado.

Durante su comparecencia, el director ejecutivo de la Defensoría de las Personas con Impedimentos, Juan Troche, expresó reparos con extender de uno a tres años el certificado de antecedentes. De forma similar, se expresó el alcalde de Juana Díaz, Ramón Hernández.

“Las personas con impedimentos y los niños son sumamente vulnerables en muchos aspectos, por lo que, en el presente caso, debemos sopesar el interés público que se pretende proteger y enfocar los esfuerzos hacia la seguridad de los grupos protegidos”, dijo Troche.

Para el próximo 11 de marzo, está citado el Departamento de Justicia.

“Justicia es prácticamente el pilar de este componente y es quien le asigna al Departamento de Salud la responsabilidad, mediante ley, de comenzar el trámite, pero quien lo culmina es Justicia”, señaló la senadora Jamie Barlucea, presidenta de la Comisión.