Pese a los contundentes hallazgos recogidos en un informe de auditoría realizada por los inspectores de la Junta Reglamentadora del Cannabis Medicinal (JRCM) al laboratorio Cannalytics, la nueva directora ejecutiva de la Oficina de Cannabis Medicinal, Marjorie Tolentino, indicó este martes que buscará una “segunda opinión” sobre los resultados, que apuntan a que pacientes fueron colocados en “peligro inminente” por la alteración de resultados de forma deliberada.

“Estamos en el análisis de buscar segundas opiniones”, dijo Tolentino, en una vista pública convocada por el senador Juan Oscar Morales, presidente de la Comisión de Salud. “Estoy trabajando con una opinión legal sobre los resultados de la auditoría, y con una opinión médica para identificar los riesgos que conlleva los resultados de la auditoría, y una opinión de un químico externo; ese es el plan de trabajo”, añadió.

La explicación fue insuficiente para Morales, quien cuestionó las razones por las cuales la JRCM, que es precisamente la encargada de regular la industria del cannabis medicinal en la isla y que cuenta con los expertos para ello, debería acudir a terceros para revisar los hallazgos de sus propios inspectores, entre los cuales hay dos químicos.

“Todavía no estoy claro; es la primera vez que yo veo eso en una auditoría, que hay que revisarla”, planteó Morales, tras preguntar, en múltiples ocasiones, la razón de la revisión, un cuestionamiento que Tolentino no respondió.

En un aparte con El Nuevo Día, el senador reiteró que la directora y otros dos funcionarios no pudieron explicar por qué quieren hacer la revisión.

“Yo no entendí la insistencia, de parte de funcionarios del Departamento de Salud, de revisar una auditoría que ya se había hecho y que, a raíz de esa auditoría, tomaron una decisión de suspender una licencia de un laboratorio”, dijo. Agregó que solicitará una reunión al secretario de Salud, Víctor Ramos, e indicó que evalúa citar a Cannalytics a una vista pública.

“Yo llevo 30 años en el gobierno, de los cuales 29 he sido director de Recursos Humanos, donde me han auditado en un sinnúmero de ocasiones, y es la primera vez que yo escucho que se hace una auditoría, pero esa auditoría requiere otra auditoría. Eso no me hace sentido. No me pudieron explicar el por qué de la revisión”, recalcó.

En la vista, también estuvo presente el secretario auxiliar para la Regulación de la Salud Pública de Salud, Kevin Rojas, quien, cuestionado por Morales, reconoció que los inspectores que realizaron la investigación en Cannalytics y que certificaron los hallazgos “tienen el peritaje” para ejecutar dichas acciones.

Cannalytics, uno de los dos laboratorios a cargo de certificar la calidad y seguridad de los productos de cannabis medicinal dispensados a pacientes en Puerto Rico, manipuló de manera deliberada los resultados de análisis, exponiendo al público a “peligro inminente”, reveló la auditoría de la JRCM, adscrita a Salud.

El documento tiene fecha del 20 de agosto de 2024 y, en su última página, establece que “este informe da por concluida esta investigación, con todos los detalles desglosados en el mismo”. Durante la vista, la licenciada Gisela Alfonso Fernández, asesora de la JRCM, narró que, durante el propio proceso investigativo, los hallazgos fueron discutidos con el laboratorio, se emitieron multas y se ordenaron acciones correctivas.

“Sí, a estas personas del laboratorio se les dio la oportunidad de que enmendaran los hallazgos que habían sido objeto de la investigación”, relató. “En cada ocasión que se hizo una visita, se generó un nuevo hallazgo o una circunstancia que generara que la Junta tomara una nueva acción correctiva”, continuó.

Aunque la auditoría evidenció que las violaciones ocurrieron antes de mayo de 2024, Salud renovó, en junio de 2024, la licencia de Cannalytics.

En la vista, se supo que la JRCM se reunió, en octubre de 2024, y determinó suspender la licencia, aunque dicha determinación no se ejecutó hasta diciembre. La licencia del laboratorio sigue suspendida, de manera indefinida, aunque no ha sido revocada.

Tolentino se comprometió a entregar, ante la Comisión de Salud del Senado, un plan de trabajo en torno a la pesquisa sobre el laboratorio, en un término de 10 días.

Pese a impulsar una revisión de los hallazgos, Tolentino reconoció, luego, que dicha determinación debe tomarla la JRCM, mediante votación. La JRCM está compuesta por seis jefes de agencia y tres miembros nombrados por el gobernador de turno, en este caso, Jenniffer González. En ese sentido, la composición actual es distinta a cuando se tomaron las determinaciones en torno a Cannalytics y cualquier otro aspecto de la industria. Tolentino también es nueva en su cargo como directora. “Llevo 17 días trabajando con esto”, precisó.

“Estas acciones atentan contra la salud, seguridad y bienestar público, pues es un resultado manipulado de acuerdo con la discreción del personal que maneja las muestras del establecimiento de laboratorio”, destaca el informe, cuya copia El Nuevo Día obtuvo por fuentes, aunque el documento fue filtrado en un correo anónimo enviado a decenas de personas.

Cannalytics no ha respondido las llamadas ni correos electrónicos de este medio en busca de una entrevista. El Nuevo Día también visitó las instalaciones del laboratorio, en busca de una respuesta, pero una persona, que se identificó como guardia de seguridad de la instalación, impidió el paso.

La auditoría de los inspectores de la JRCM comenzó en noviembre de 2023, dando paso a múltiples hallazgos que Salud no publicó por “confidencialidad”, pese a reconocer la magnitud de las violaciones documentadas y su riesgo para las personas con licencia para el consumo de cannabis medicinal, incluyendo pacientes de condiciones crónicas de salud.

Morales cuestionó el hecho de que la JRCM no solo ha mantenido ocultos los hallazgos de la auditoría, sino que no emitió ningún aviso al público, pese a las advertencias. Dicha acción, argumentó, por su parte, Alfonso, “puede generar más incertidumbre que bien cuando se están tomando las medidas”. Pero no quedó claro, por ejemplo, si la JRCM o Salud ordenaron el retiro de productos cuyos resultados de calidad y seguridad eran potencialmente incorrectos.

“Me parece pertinente que el pueblo de Puerto Rico sepa qué fue lo que se encontró en esa auditoría”, subrayó, en tanto, Morales, quien argumentó que el documento en cuestión es de carácter público, frente al argumento de Salud, que defiende que es confidencial.

Según el informe de auditoría, durante una de las inspecciones, “se constató que el laboratorio modificaba los factores de dilución sin brindar una justificación científicamente validada”.

“Al realizar modificaciones al factor de dilución, se generan incrementos o disminuciones en el porcentaje de cualquier cannabinoide durante las pruebas de potencia. […] Esta acción constituye una adulteración de los resultados obtenidos”, reza el documento, en el que los inspectores subrayaron que las modificaciones discrecionales representaron un claro menosprecio en el manejo adecuado de los procedimientos estandarizados.

Además, Cannalytics “expuso a una situación de peligro inminente para la salud, seguridad y bienestar del público en general”, dice el informe, que recoge, igualmente, violaciones en la cadena de custodia de las muestras, registros incompletos y documentos alterados con corrector líquido.

Ante los hallazgos, la JRCM emitió, el 20 de marzo de 2024, una multa de $480,000 al laboratorio, por violaciones a los artículos 76 y 93 del Reglamento 9038, sobre las pruebas de potencia, de terpenos y de contaminantes (microbianas, pesticidas, metales pesados, solventes residuales, material foráneo, humedad), y una segunda multa de $90,000 por violar otros artículos.