Al cerrar los trabajos de este cuatrienio, la Asamblea Legislativa dio paso a sobre 80 medidas que, entre otras cosas, permiten elevar las pensiones de los jubilados gubernamentales, fijar en $2,600 el salario base en el Cuerpo de Vigilantes y distribuir $20 millones en donativos entre más 600 entidades sin fines de lucro.

No corrieron la misma suerte, sin embargo, el Proyecto del Senado (PS) 1035, que disponía limitar el número de pacientes asignados a los profesionales de la enfermería; y el Proyecto de la Cámara (PC)1794, dirigido a regular los cargos adicionales que se imponen en la compra de boletos para espectáculos. Este último no obtuvo los votos mínimos en la Cámara de Representantes.

“Los proyectos que acordamos con los presidentes de ambos cuerpos se atendieron. La prioridad, obviamente, fue el presupuesto, los proyectos de permisos, los donativos legislativos y, por fin, se pudo resolver el asunto de los jueces y los fiscales”, mencionó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Javier Aponte Dalmau, en referencia al PS1400, que eleva el salario de los togados, al igual que el de los fiscales, registradores y procuradores del Departamento de Justicia.

También se quedó pendiente, dijo, el PS 1455, de su autoría, para reconocer el derecho de los abuelos a relacionarse con sus nietos luego de un divorcio o el deceso de uno de los progenitores. “Cuando se hizo la revisión del Código Civil, ese artículo se había quedado fuera, y queríamos retomar ese tema”, explicó.

“Honestamente, para mí, al final del camino, el saldo no fue positivo. Se pasaron proyectos que había que pasarse, pero se quedaron muchas cosas por diferentes razones. La cantidad de proyectos que estaban conferenciando al final fue muy alta… Creo que había buena legislación, mucha legislación, y lamentablemente no hubo el tiempo”, expuso Aponte Dalmau, quien se despide este cuatrienio de la Legislatura, tras no lograr prevalecer en las primarias del 2 de junio.

Resaltó, no obstante, que se logró detener un proyecto para el redesarrollo de la antigua base naval Roosevelt Roads, en Ceiba, que, dijo, hubiese permitido la concesión de permisos “fast track” o por la vía rápida, y limitaba las labores de mitigación que tienen que realizarse en la zona. Asimismo, se frenó una medida que, de aprobarse, hubiera incrementado las tarifas de acarreo, esto sin un análisis económico.

Tampoco se logró aprobar el PC 1908 -colgado en el Senado- sobre el Impuesto Mínimo Global (IMG) de 15% en Puerto Rico al sector industrial. El domingo, cerca de la medianoche y en un último intento por mantener el tema vivo, la Cámara intentó integrar ciertos elementos críticos en una legislación ante su consideración que enmendaba el Código de Rentas Internas, pero la movida contó con la oposición de senadores -que alegaron era inconstitucional- y fue retirado.

“No hacer nada pone en riesgo sobre 10,000 empleos de compañías que tienen plantas en pueblos pequeños, para colmo”, dijo el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa, quien destacó la aprobación de la Resolución del Senado 503, a través de la cual se distribuyeron $20 millones en donativos legislativos entre 644 entidades.

“El hecho de haber aprobado, en Cámara, cuatro presupuestos, en su mayoría con votos de distintos partidos, creo que es un gran logro, y siempre agradezco a los miembros de la Comisión (de Hacienda) que, independientemente de las diferencias que podíamos tener, trabajaron para echar hacia adelante y no fueron obstáculo”, señalo al señalar, como parte de los logros que, a su juicio, alcanzaron, la aprobación del Plan de Ajuste de la Deuda.

Otras medidas aprobadas por ambos cuerpos fueron el PC 1775, que identifica a los albergues para víctimas de violencia doméstica como una instalación indispensable del servicio eléctrico; y el PC1857, para incluir entre las modalidades de delito sexual el “grooming” (engaño pederasta) y el “cybergrooming” (ciberacoso).

También fue avalado el PC 1876, que permitirá a los conductores inspeccionar sus vehículos nuevos a partir del tercer año de fabricación, en lugar del segundo como ocurre ahora; y un paquete de medidas de la Cámara (1970, 1971 y 1972), para que las alertas Ashanti, Silver y Amber sean activadas dentro de un término que no exceda las 24 horas desde el momento en que se realiza la querella por desaparición.

Mientras, se suma un nuevo aviso de emergencias que, de firmarse por el gobernador Pedro Pierluisi, se conocerá como la “Alerta Azul”, que va dirigida a la búsqueda y captura de sospechosos de amenazar, herir gravemente o matar a policías en labores.

“Finalizado el cuatrienio, lo más satisfactorio, para mí, es que con todo y pandemia mantuvimos el ritmo de atención de medidas legislativas. Yo creo que... habremos llegado a sobre 3,000 piezas legislativas en todo el cuatrienio, y eso nos mantiene en un promedio anual”, dijo el portavoz del PPD en la Cámara, Ángel Matos.

Lamentó, no obstante, que no lograra aprobar el PC 577, de su autoría, que buscaba regular los acuerdos de subrogación gestacional. La medida, dijo, fue “secuestrada” en el Senado.

“Le pido al gobernador que convoque una (sesión) extraordinaria porque, ciertamente, quedaron medidas en el cruce que son importantes”, señaló Matos, al recalcar la necesidad de aprobar el PS 1035.

El gobernador descartó, la semana pasada, convocar una sesión extraordinaria en lo que resta del cuatrienio.