La Cámara de Representantes podría investigar la cantidad de cadáveres de adultos mayores de 65 años o más sin reclamar en el Instituto de Ciencias Forenses (ICF), con el objetivo de establecer un protocolo que evite esta problemática y que podría, incluso, fijar responsabilidades en los familiares.

Se trata de una iniciativa del presidente de la Comisión cameral de Gobierno, el representante novoprogresista Víctor Parés, quien presentó la Resolución de la Cámara 460, que ordena a la Comisión de Bienestar Social, Personas con Discapacidad y Adultos Mayores realizar una investigación con premura.

“Estamos buscando qué tipo de medida se tomaría, inclusive, que haya algún tipo de obligación de ese familiar, hijo o hija, pariente que pueda tener ese adulto mayor y llevarlo a su dignidad final, cremación o entierro”, sostuvo Parés en entrevista con El Nuevo Día. “Es algo que es triste, es una situación bien lamentable, y quiero saber qué está ocurriendo”.

El legislador indicó que presentó la resolución el viernes y que espera que sea aprobada la semana siguiente, luego del receso de Semana Santa, para que se envíe a la comisión correspondiente y se celebren audiencias públicas. La expectativa es que, en dichas vistas, participen entes como el ICF y cuidadores de personas adultas, entre otros deponentes, que ofrezcan su insumo sobre cómo debería ser el protocolo.

“Recientemente, se ha descubierto que la mayoría de los cadáveres sin reclamar en Puerto Rico son personas de 65 años o más, que han sido abandonados en hospitales y hogares de cuidado, lo que genera una gran preocupación pública ante la falta de un protocolo o marco legal para atender adecuadamente esta situación”, subrayó el representante por el Distrito 4 de San Juan.

Parés aludió a un reportaje publicado por El Nuevo Día, que reveló que, en los años naturales 2023 y 2024, el ICF recibió 385 cadáveres de personas cuyos cuerpos nadie reclamó; 198, o el 52%, eran adultos mayores de más de 65 años. El 76% de los adultos mayores a los que nadie reclamó fallecieron en hogares de cuido prolongado.

“Lo que estoy buscando es, primero, verificar de dónde viene ese cadáver”, manifestó Parés. “Con una realidad demográfica de alrededor de 1 millón de personas de 65 años o más, menos de 18,000 nacimientos al año y una edad promedio que casi llega a los 50 (49.3), se hace imperativo evaluar alternativas para evitar que se abandonen cuerpos de personas mayores de edad”, añadió el legislador.

El reportaje de este medio también reveló que, el 73% de los cadáveres que el ICF donó al Recinto de Ciencias Médicas (RCM), entre 2023 y 2024, eran adultos mayores. Los adultos mayores fueron, durante los pasados dos años, el grupo de cuerpos no reclamados en Ciencias Forenses más numeroso, un sitial que antes tenían las personas no identificadas, conocidas como “John Doe”.

“Si nos dejamos llevar por la alarmante cifra de abandono de adultos mayores en hospitales, sobre 4,000 desde el 2017, nos tiene que dar una radiografía completa de la realidad que estamos viviendo con los cadáveres. No podemos permitir que esto se convierta en un problema crítico de salud”, puntualizó Parés.