Mientras se vence el plazo que tiene el gobernador Pedro Pierluisi para decidir si firma o emite un veto a la medida que daría a todo ciudadano legitimación activa para intervenir en defensa de la política pública ambiental, el debate entre las voces a favor y en contra del Proyecto de la Cámara (PC) 474 refleja las divergencias entre el acercamiento al manejo de los recursos naturales como un asunto de relevancia colectiva y quienes advierten que liberalizar el campo de acción legal supondría un obstáculo insalvable para el desarrollo de obras de infraestructura y el crecimiento económico.