La integración de la Policía a la sombrilla del Departamento de Seguridad Pública (DSP), en 2017, no logró los ahorros ni la agilidad administrativa que se prometió, sino que, por el contrario, representó la pérdida de autonomía y sumó capas de burocracias que aún dificultan la gestión del cuerpo, reconoció este jueves el equipo fiscal del gobierno.

“La estructura actual (...) ha limitado la capacidad de la Policía para ejercer una planificación estratégica autónoma y responder de forma ágil y eficaz a los retos operacionales que enfrenta”, señaló la licenciada Carmen Guillén, de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, tras presentar, ante la Cámara de Representantes, una ponencia que suscribieron, además, el Departamento de Hacienda y la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal.

Miembros de las comisiones camerales de Gobierno y de Seguridad Pública evaluaron, en vista pública, el Proyecto de la Cámara 406, que busca remover el Negociado de la Policía del DSP.

En 2017, la administración de Ricardo Rosselló promulgó la Ley 20, con la idea de integrar, bajo una misma estructura, las agencias de ley y orden. Entonces, se prometieron economías en la gestión administrativa, mejor coordinación interagencial y estandarizar los procesos de adquisiciones, tecnología y capacitación. En la práctica, sin embargo, la integración no funcionó, según el equipo fiscal.

Para la Policía, por ejemplo, representó la pérdida de autonomía en la toma de decisiones operacionales, agregó burocracia y, por ende, retrasos en procesos críticos, como la adquisición de equipo y contratación de personal; y “complicó” la implementación de la Reforma de la Policía, detalló Guillén.

En términos presupuestarios, tampoco se alcanzaron las expectativas. Guillén explicó que, tras incorporarse al DSP, la Policía recibió un aumento “considerable” en el presupuesto asignado que, sin embargo, no se reflejó en los niveles de gasto, que permanecieron “significativamente por debajo”.

La existencia de un excedente constante, añadió Guillén, sugiere la posible aprobación de un presupuesto superior al necesario, o que los fondos disponibles no se utilizaron de manera eficiente. “En cualquiera de los dos casos, la consecuencia directa es la privación de los recursos fundamentales para el cumplimiento efectivo de las funciones policiales”, alertó.

Para el año fiscal 2015-2016, la Policía contaba con un presupuesto de $832 millones. Mientras, para el 2023-2024, ya bajo el DSP, la cifra totalizaba $860 millones. “La incorporación de la Policía al DSP, en general, no tuvo un impacto ni negativo ni positivo sobre el gasto presupuestario general del entonces Negociado”, expresó Guillén.

Además de la Policía, bajo el DSP están los negociados de Bomberos, Emergencias Médicas, Sistema de Emergencias 9-1-1, Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, e Investigaciones Especiales. Inicialmente, también estuvo el Instituto de Ciencias Forenses, pero, en 2020, tras evidenciarse la capa adicional de burocracia en los procesos administrativos, la entonces gobernadora, Wanda Vázquez, le devolvió –por ley– su independencia fiscal.

Durante la audiencia, Guillén señaló que, de ocurrir el traslado, los empleados de la Policía conservarán los derechos adquiridos. Añadió que la reorganización no conlleva cambios directos en los ingresos del erario.

La propuesta, que forma parte de los compromisos programáticos de la gobernadora Jenniffer González, fue avalada, asimismo, por el comisionado de la Policía, Joseph González Falcón, quien sostuvo que recuperar la independencia operacional y presupuestaria les dará agilidad en la atención de los problemas de seguridad.

“Tenemos un equipo que conoce su trabajo, la misión de la Policía y mi visión para la seguridad de Puerto Rico; y eso (remoción del DSP) me permitiría tomar las decisiones necesarias, al momento, para asegurar que la administración de la Policía funcione de la manera más efectiva”, apuntó González Falcón.

Sostuvo que, previo a la integración al DSP, la Policía contaba con la estructura que promovía la independencia administrativa, lo que, a su vez, redundaba en garantizar las condiciones laborales de los agentes.

“(El mayor obstáculo) ha sido el poder ser ágil en la toma de decisiones y ejecutar lo necesario para asegurar un Puerto Rico seguro”, reiteró.

La Policía cuenta con 11,400 oficiales activos. En los últimos 15 años, dijo González Falcón, se han retirado 9,800 agentes, para un promedio de 600 anuales. En el primer trimestre de 2025, se ha jubilaron 150.

De otra parte, el Departamento de Justicia también favoreció el proyecto, aunque con la condición de que se incorporen varias enmiendas. Entre estas, la agencia sugirió que, contrario a la propuesto, la Junta de Evaluación Médica de la Policía continúe brindando “consejería a los empleados víctimas de violencia doméstica en el desempeño de sus funciones”, según la Ley 20.

Asimismo, Justicia expresó reparos con la derogación –como se dispone– de la “Ley para la Educación Continua de los Miembros de la Policía” (Ley 103-2010), que se creó para requerirles a los oficiales un mínimo de 12 crédito de educación continua para maximizar sus destrezas.

“Recomendamos que se incorpore a través de una enmienda el requerimiento del máximo de créditos de educación continua que deben tomar los miembros de la Policía como parte de su deber ministerial o, en la alternativa, que la Ley 103-2010 no sea derogada”, dijo la licenciada Elba Cruz Rodríguez, en representación de Justicia.

En tanto, el propio DSP reconoció que, desde su integración, la Policía ha “enfrentado serios tropiezos”. La licenciada Omara Arias, en representación de la sombrilla, indicó que la reestructuración reforzará el funcionamiento de la Uniformada. “Yo creo que todo el mundo está de acuerdo con que este proyecto de ley es bueno y bien encaminado”, dijo.