Con un llamado a los electores a rechazar en las urnas, el próximo 5 de noviembre, a los candidatos que le hayan “dado la espalda” a los jubilados, el Frente en Defensa de las Pensiones abogó este domingo por la aprobación del Proyecto de la Cámara (PC) 2038 que, dijeron, le hace “justicia social” a este sector de la población.

Tras “más de 17 años sin un incremento a las pensiones”, el PC 2038 busca aumentar en un 10% –en una primera fase- las pensiones de los jubilados del gobierno central, con excepción de la Autoridad de Energía Eléctrica y la Universidad de Puerto Rico. La medida se supone que se lleva a votación este martes en la Cámara de Representantes.

“Estamos haciendo un llamado a no apoyar a aquel legislador que les dé la espalda a los jubilados”, sostuvo Pedro Pastrana, del Capítulo de Jubilados de la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR), en una conferencia de prensa fuera del Capitolio.

“Aquellos candidatos o partidos políticos que no apoyen el proyecto 2038 no merecen contar con el voto de los pensionados y las pensionadas. O sea, tú no votas por el proyecto, nosotros no votamos por ustedes. Así de claro. Cualquier instancia local o federal que se oponga el derecho de los pensionados a vivir dignamente merece nuestro rechazo”, sostuvo, por su parte, Myra Rivera, de Construyamos Otro Acuerdo.

Según la medida, posterior a ese primer incremento, se otorgarían aumentos anuales equivalentes a lo dispuesto en el informe de ajuste por costo de vida que emite anualmente la Administración del Seguro Social (COLA, en inglés).

Por ejemplo, para 2024, los beneficios de Seguro Social, según COLA, tuvieron un alza de 3.2%, lo que, en promedio, representó $50 mensuales adicionales.

“La realidad es que, desde el 2007 hasta el 2023, las pensiones han sufrido una pérdida de poder adquisitivo por inflación de alrededor de un 39%. Urge, urge un aumento significativo que compense parcialmente esa pérdida”, dijo Susan Rivera del Capítulo de Jubilados de Únete.

El grupo explicó que la fuente de financiamiento para otorgar este incremento provendría de los ingresos no comprometidos del Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) en el pago de la deuda de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina). De aprobarse, el impacto de la medida para el año 2024-2025 fue estimado en $194.8 millones, según un análisis de la Oficina de Presupuesto de la Asamblea Legislativa.

Para el año fiscal 2025-2026, de acuerdo al mismo análisis, el efecto fiscal del primer aumento fijo al COLA sería de $55.4 millones.

“Llevamos 17 años sin ningún tipo de aumento a nuestras pensiones y el costo de vida se está tragando nuestras pensiones cuando vamos a al supermercado, cuando compramos servicios esenciales, todo eso está atacando nuestras pensiones”, recalcó Pastrana.

La medida, inicialmente, les hace justicia a 160,000 jubilados, pero tendrá un impacto sobre futuros pensionados del gobierno de Puerto Rico.

“Calculamos que, junto con los dependientes, hacemos un grupo de 320,000 pensionados que nos afectamos directamente por la pérdida del poder adquisitivo y que tenemos el derecho al voto también”, puntualizó Rivera.

El grupo reconoció que la medida podría recibir el rechazo de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF). De hecho, durante el análisis de la medida, la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (Aafaf) y el Departamento de Hacienda no avalaron la propuesta, según radicada, porque “contiene interrogantes fiscales, presupuestarias y programáticas relacionadas a la implementación del proyecto” y es inconsistente al Plan Fiscal” recoge el informe de la Comisión de Asuntos Labores de la Cámara.

“La misma ley Promesa habla de que tiene que haber un crecimiento económico, pues para que haya crecimiento económico hay que invertir en la gente”, reclamó Pastrana, al señalar que la medida cuenta con el respaldo de las cinco delegaciones representadas en la Cámara.

A su vez, los líderes sindicales hicieron un llamado a la ciudadanía a participar de una marcha y concentración el próximo 17 de junio, que saldrá a las 10:00 a.m. del parque Luis Muñoz Rivera, en San Juan, hasta el lado sur del Capitolio. A los que no puedan participar, la convocatoria es a que llamen a las oficinas de los legisladores y a publicar, en sus plataformas sociales, mensajes reclamando el apoyo a la medida.

“El jubilado de hoy no es es el jubilado, quizás, de hace 30 años. Nosotros somos una población activa, todavía muchos trabajan, quizás de forma parcial, y otros contribuyen en iniciativas comunitarias. Todavía hoy día nosotros aportamos, aún con las limitaciones económicas, a la economía local”, expuso Rivera.

De ser aprobada, la medida pasaría a la consideración del Senado. La última sesión de este cuatrienio culmina el próximo 30 de junio.