En lo que va de 2024, el Departamento de la Familia ha recibido seis referidos relacionados con las condiciones de vida en la antigua égida Dr. Leopoldo Figueroa, en Río Piedras, donde, en menos de dos meses, se reportó la muerte de tres hombres, cuyos cuerpos fueron hallados en estado de descomposición.

De estos seis referidos, tres fueron recibidos en el último mes por posible negligencia o autonegligencia, confirmó este jueves la secretaria de la Familia, Ciení Rodríguez, durante una vista pública de la Comisión de Bienestar Social de la Cámara de Representantes.

“El residencial Leopoldo Figueroa es ejemplo de muchas otras comunidades donde podemos tener muchísimos adultos mayores en situaciones similares, así que necesitamos repensar cómo estamos activando el sistema a favor de nuestros adultos mayores”, sostuvo.

Asimismo, como parte de una serie de visitas que ha realizado personal de Familia al complejo de vivienda pública, se reubicó a tres residentes, que se hallaron en situación de vulnerabilidad, en centros de cuidado prolongado. La modalidad de negligencia o autonegligencia se refiere a que la persona no puede satisfacer sus necesidades básicas de higiene y alimentación, por ejemplo.

“Fuimos apartamento por apartamento y entre el 80% y 85% de las personas denegaron cualquier tipo de servicio o que necesitaban cualquier ayuda adicional”, detalló Rodríguez sobre el resultado de la más reciente visita al centro residencial, en donde también identificaron a un residente que carecía de enseres eléctricos y a otro que tenía problemas con el techo de su cuarto, lo que “no le permite dormir bien”.

El complejo, según información ofrecida previamente por la Administración de Vivienda Pública (AVP), cuenta con 240 apartamentos, la mayoría ocupados por personas mayores de 62 años. De estos, solo en seis, funcionarios de Familia no lograron acceso, ya sea porque el residente no les abrió la puerta o porque el espacio estaba desocupado.

A septiembre, Familia había recibido 8,844 referidos de posible maltrato contra adultos mayores en lo que va de año, el 77% de los cuales han sido por negligencia o autonegligencia. La agencia mantiene la custodia de 6,200 adultos mayores y anticipa un alza para este año fiscal. “Esto quiere decir que tenemos demasiadas personas viviendo solas o que viven con algún familiar que no lo atiende…”, dijo.

Como parte de las recomendaciones presentadas a los miembros de la comisión cameral, Rodríguez sugirió ampliar el marco jurídico actual para que Familia tenga jurisdicción sobre las égidas que, actualmente, no son licenciadas por ninguna dependencia pública. La agencia sí fiscaliza y autoriza la operación de los centros de cuidado prolongados.

“Lamentablemente, al estas ser viviendas independientes y no estar licenciadas por ningún ente gubernamental, no están sujetas a inspecciones o revisiones periódicas, lo que impide identificar situaciones que atentan contra la calidad de vida de sus residentes”, expuso Rodríguez. Durante la vista, no se pudo identificar el número exacto de égidas en el país.

De acuerdo con la funcionaria, Familia solo puede intervenir en una égida cuando se le refiera una situación de maltrato contra un adulto mayor, según el Artículo 7 de la Ley 121-2019.

En marzo de 2021, el residencial Dr. Leopoldo Figueroa recibió una designación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de Estados Unidos para que fuera ocupado, principalmente, por personas mayores de 62 años.

Otro asunto por considerar, agregó Rodríguez, es que, debido a la realidad demográfica de Puerto Rico, “es un hecho” que existen áreas residenciales y condominios con un alto número de residentes mayores de 60 años, de los cuales “no hay visibilidad y podrían estar confrontando situaciones similares”. La titular destacó, además, la necesidad de ampliar los servicios de asistencia en el hogar y de unificar los servicios de los adultos mayores.

Actualmente, Familia recibe, como parte de su presupuesto, una partida de $80 millones para, exclusivamente, subvencionar la reubicación de adultos mayores bajo la custodia de la agencia, que alcanzan los 6,200.

El deceso más reciente en el complejo se reportó el pasado jueves, cuando las autoridades hallaron el cadáver de un hombre, en estado de descomposición, en el interior del apartamento 803. Las autoridades fueron alertadas debido a un fuerte hedor que provenía del apartamento, supo El Nuevo Día. No obstante, escenarios similares se reportaron en la égida a finales de julio.

En horas de la tarde, participó de la audiencia pública Ramón Rosario, presidente de A&M Contract, la compañía administradora del complejo residencial, quien defendió los servicios sociales y de mantenimiento que ofrece, y rechazó algunas de las denuncias planteadas por residentes, como la falta de guardias de seguridad y la exigencia del pago de renta en efectivo.

“Los pagos no solamente son en ‘cash’, sino en cheque, giro o a través del programa Rent Café...”, mencionó el administrador. La plataforma virtual Rent Café, del Departamento de la Vivienda, solo la utiliza un residente para emitir sus pagos, dijo durante la vista, que culminó al filo de las 5:00 p.m.

Sobre las medidas de seguridad, Rosario alegó que el complejo cuenta con servicios de seguridad privada las 24 horas al día y que la AVP le aprobó una partida de $32,000 para la instalación de un sistema de cámaras. Referente a los servicios de trabajo social, indicó que cuentan con dos profesionales que asisten a los residentes, de 8:00 a.m. a 5:00 p.m.

Ante la realidad de que algunos de los apartamentos requieren mayores medidas de salubridad en su interior, la trabajadora social del complejo Sugeliz Del Valle atribuyó el asunto, en parte, a que algunos de los nuevos inquilinos llegan tras haber enfrentado una situación de calle. “Su estilo de vida no cambia al asignarle la vivienda. Ellos tienen un lugar donde pasar la noche, pero también tienen un lugar donde guardar todo lo que recogen. Cuando trabajas con este tipo de personas, dentro de su pensar, ellos continúan siendo ‘homeless’”, expuso Del Valle.

De los 230 arrendatarios, Del Valle no pudo especificar cuántos llegaron tras enfrentar el sinhogarismo.

A&M Contract administra el complejo desde 2016. Anualmente, cuentan con un presupuesto de poco más de $900,000, para cumplir con los servicios, compra de equipo y pago de nómina. “Es imposible que yo pueda tener la capacidad de visitar las 240 unidades (diariamente)”, expuso Rosario.