De cara a la aprobación del presupuesto para el período 2025-2026, el componente fiscal del gobierno de Jenniffer González está en discusiones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para crear un “fondo de estabilidad” que permita al Estado responder si se materializan los recortes masivos que la administración de Donald Trump impulsa a nivel federal.

La información fue revelada este jueves por el director ejecutivo de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Orlando Rivera Berríos, durante la primera vista pública de la Cámara de Representantes para considerar el presupuesto propuesto por el Ejecutivo para el año fiscal entrante.

“Responsablemente, (en la elaboración) del presupuesto del (año fiscal) 2026, la propuesta que se sometió a la JSF incluyó –además de la propuesta presupuestaria– un memorial explicativo de todo el análisis que se hizo, incluyendo unas recomendaciones para mitigar algún impacto a cualquier reducción en fondos federales. Estamos en conversación aún con la JSF de cuál va a ser esa estrategia para poder mitigar, pero parte de lo que estamos recomendando es qué posibilidad tenemos de crear un fondo de estabilización de fondos federales”, dijo Rivera Berríos, a preguntas del presidente de la Comisión de Hacienda, Eddie Charbonier.

Tanto Rivera Berríos como el secretario de Hacienda, Ángel Pantoja Rodríguez, insistieron en que las partidas que pudieran estar en riesgo inmediato son aquellas “discrecionales”, que pueden incluir remanentes de las asignaciones bajo las leyes CARES y ARPA, aprobadas por el Congreso en medio de la emergencia por el COVID-19. Pantoja Rodríguez estimó que, actualmente, el gobierno central tiene disponibles cerca de $600 millones por esos conceptos.

No obstante, el jefe de la OGP reconoció que existe una incertidumbre mayor a largo plazo, particularmente ante la amenaza de recortes masivos al programa de Medicaid, que financia tres cuartas partes del plan de salud gubernamental, conocido como Vital. Bajo la ley federal vigente, Puerto Rico continuaría recibiendo sobre $4,000 millones anuales de Medicaid hasta 2027, cuando las asignaciones revertirían a cerca de $500 millones, escenario que obligaría al gobierno estatal a reformular partidas para evitar un colapso del modelo salubrista.

Posteriormente, durante el turno de la representante independentista Nelie Lebrón, Rivera Berríos mencionó que, entre las alternativas para mitigar reducciones en asignaciones federales, está recurrir a la reserva de emergencia estatal, que acumula sobre $1,200 millones y está diseñada para responder a desastres naturales.

“Aunque está destinado a alguna emergencia –como huracán o terremoto–, es un fondo que está reservado”, planteó Rivera Berríos, quien señaló que el fondo de estabilidad también podría nutrirse de los superávits que el gobierno ha acumulado a lo largo de los pasados años, en que los recaudos han superado las proyecciones de los planes fiscales.

El presupuesto recomendado por el gobierno para el 2025-2026 incluye la asignación de $13,258 millones con cargo al Fondo General, superando en $196 millones la partida aprobada en el año fiscal en curso. Las asignaciones correspondientes a fondos especiales también aumentarían de $4,866 millones a $5,147 millones.

Sin embargo, el presupuesto consolidado previsto se reduciría de $33,281 millones a $32,591 millones como consecuencia de una baja proyectada en las asignaciones federales, que pasarían de $15,353 millones a $14,186 millones.

Según los funcionarios citados a la vista –que también incluyó a representantes de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal–, la merma en recursos federales responde, igualmente, al agotamiento de asignaciones de la pandemia, incluidos los fondos ESSER, que permitieron los aumentos salariales a maestros en el pasado cuatrienio.

Pese a las reducciones de fondos federales, los funcionarios aseguraron que el gobierno estatal garantizará la continuidad de los incrementos salariales concedidos, que también abarcan sectores como el personal correccional. De acuerdo con el jefe de OGP, en el presupuesto propuesto hay una partida de $60.6 millones para aumentos de nómina en agencias como el Departamento de Educación, el Departamento de Justicia y la Administración para el Desarrollo Socioeconómico de la Familia, así como la Oficina del Contralor y la Rama Judicial.

Otras áreas donde habría gastos incrementales incluyen $15 millones que se busca asignar para otorgar vales para cuido infantil y $94.2 millones para adultos mayores, $67 millones para transporte escolar y $42.7 millones para las siguientes fases de la reforma de servicio público, que incluye ajustes salariales y reclasificaciones de personal.

Además de definir, en última instancia, las partidas de gastos para el período fiscal 2025-2026, Pantoja Rodríguez aceptó que urge un análisis a fondo para encontrar un “equilibrio” entre los beneficios sociales y el costo para el erario del crédito contributivo por trabajo (EITC, en inglés), así como sobre las estrategias para adaptar el sistema tributario en Puerto Rico al impuesto mínimo global de 15% para empresas multinacionales, al que se opone el gobierno de Trump.

“El mensaje es tratar de ver en qué espacio Puerto Rico, en la situación particular en que está, puede atender el tema con estas empresas que representan una cantidad significativa de empleo y tienen una operación sustancial y cómo mitigar ese impacto por la implementación del impuesto (mínimo global) en otras jurisdicciones, sin necesariamente crear un disloque con la política pública federal”, dijo el secretario de Hacienda.

En el caso del EITC, Pantoja Rodríguez planteó que el costo para el gobierno ha crecido de $800 millones a más de $1,000 millones, en respuesta a los ajustes por costo de vida.

El calendario delineado por la JSF dispone que el organismo notificará a la gobernadora, el 16 de abril, las violaciones del presupuesto recomendado. Tras recibir el 28 de abril una versión revisada del Ejecutivo, la JSF remitirá a la Legislatura un presupuesto ajustado el 8 de mayo.