Rumbo a La Fortaleza va el Proyecto de la Cámara (PC) 267, medida de administración que extiende, hasta 2032, la quema de carbón en Puerto Rico para la generación eléctrica, luego de ser aprobado este lunes en el Senado con el favor de la mayoría del Partido Nuevo Progresista (PNP).

La propuesta, una de las primeras tres presentadas por la gobernadora Jenniffer González a la Asamblea Legislativa, fue ratificada sin enmiendas con los votos de 18 de los 19 miembros de la delegación del PNP. Fue atendida por descargue y no se atendió en vistas públicas en este cuerpo legislativo.

El presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, no participó de los trabajos este lunes.

“Lo que se está haciendo es cimentar el retroceso del tema de las renovables, de la posibilidad de un futuro energético, de prosperidad para el país, de un futuro energético justo, de un futuro energético limpio. No necesitamos seguir quemando carbón”, sostuvo la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago.

“En términos reales, lo que representa esta medida es un nuevo episodio de una de las faenas más tristes y vergonzosas a la que se ha prestado, administración tras administración, la Asamblea Legislativa, que es la de utilizar el poder del Estado para lastimar a conciencia... para privilegiar a ciertos intereses”, sostuvo la legisladora del PIP.

El informe que dio paso a la consideración de la medida, preparado por la Comisión de Gobierno del Senado no incluyó un análisis técnico del tema, alertó Santiago. “Este informe es una cosa tan elemental, banal y superficial”, expuso la senadora, durante el debate que se extendió por más de dos horas.

El documento de siete páginas incluye un breve resumen de los memoriales presentados por la Autoridad para Alianzas Público-Privadas, el Negociado de Energía, la Alianza Pro Desarrollo Energético de Puerto Rico, la Asociación de Productores de Energía Renovable y la Red Continental Cristiana por la Paz.

“Somos la mayoría, y vamos a aprobar este proyecto no jactanciosamente, no simplemente por aplastar. Lo vamos a aprobar porque Puerto Rico se apaga si esta generadora no continúa operando. A pesar de mi oposición a este modelo, lo tengo que aprobar porque la salud de (los pacientes que dependen de equipo médico en) Puerto Rico vale mucho”, argumentó el senador Ángel Toledo, presidente de la Comisión senatorial de Gobierno, al defender la medida.

Tanto Toledo como la senadora de la Palma Roxanna Soto Aguilú expresaron, durante sus turnos, que previo a la consideración de la medida se reunieron con el presidente de la AES Puerto Rico, Jesús Bolinaga.

La versión original del PC 267 disponía que la veda a la quema de carbón se materializaría el 1 de enero de 2030, retrasando por dos años el término dispuesto en la “Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico” (Ley 17-2019), que ordena erradicar su uso a partir de 2028.

El plazo incluido parece ser un punto medio entre la propuesta de la primera ejecutiva y la presentada por el zar de Energía, el ingeniero Josué Colón, quien sugirió extender por 10 años, o sea, hasta 2035, la quema de carbón en la isla para la generación eléctrica.

La medida, asimismo, deja fuera las metas intermedias de fuentes limpias, que incluían 40% de generación renovable para 2025 y 60% para 2040.

El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández, expresó que, con la validación de la pieza legislativa, se le da la “espalda” a las comunidades aledañas a la carbonera y se reconoce el fracaso del PNP en el cumplimiento de la política pública energética que promovió desde 2019.

“El problema, mis queridos compañeros, no es de generación, es un problema de administración, de prioridad y de falta de acción... Han aceptado que vamos a ser esclavos de los combustibles fósiles por los siglos de los siglos, amén”, agregó Hernández, al anticipar que, “en un tiempo cercano”, volverán a extender el plazo límite para la quema de carbón en el país.

Un estudio realizado, en 2017, por la Escuela de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico reveló varios patrones en cuanto a la prevalencia de enfermedades cardíacas, respiratorias y de la piel en las comunidades Puente de Jobos y Miramar, en Guayama, en comparación con comunidades de Fajardo.

El senador independiente, Eliezer Molina, en tanto, cuestionó el que algunos legisladores se hayan indignado por el anunciado cierre de siete oficinas comerciales de LUMA, pero “no tienen problema” con que se extienda la quema de carbón. “A ver si aprenden a votar por conciencia y no por lo que le imponga un partido, por la disciplina de partido”, expuso.

Rafael Santos, senador novoprogresista por el Distrito de Guayama, se expresó en contra de la quema de carbón como fuente de energía y dijo que no se puede “ignorar” el efecto que tiene esta práctica en la calidad del aire y sobre los recursos naturales. Sin embargo, votó a favor.

“No estoy de acuerdo en que se queme carbón... pero tenemos que recordarnos que tenemos pacientes en los hospitales con ventiladores, que tenemos personas en sus hogares que no tienen ni un generador eléctrico”, señaló el legislador, quien se expresó confiado en que la política pública de la administración González, que prometió una reforma en el sistema de permisos, permitirá agilizar la construcción de nuevas generatrices.

Al igual que Santos, el senador Wilmer Reyes, también del Distrito de Guayama y del PNP, consignó su voto a favor de la pieza. “Es hora de cumplir con los compromisos adquiridos en nuestra política pública energética y garantizar que las acciones probadas no se queden en papel”, expuso.