Sin plena certeza de que la discusión estaría a su cargo, la presidenta de la Comisión de Asuntos de la Mujer de la Cámara de Representantes, Wanda Del Valle, advirtió este martes que, de llegar a sus manos, evaluaría “en su totalidad” el proyecto de ley que establece un protocolo que requiere la autorización del padre, madre o custodio legal de una menor de 15 años o menos para poder terminar un embarazo.

“Proyecto que llegué aquí, proyecto que va a ser evaluado en su totalidad”, dijo la legisladora del Partido Nuevo Progresista (PNP), al ser abordada sobre el trámite que recibiría el Proyecto del Senado (PS) 297, aprobado el lunes por la Cámara Alta, a tres días de su radicación, por descargue y sin la celebración de vistas públicas.

En la Cámara, la medida también podría referirse a la Comisión de Bienestar Social, presidida por el representante Ricardo Rey Ocasio Ramos, que atiende temas de familia. El proyecto estaría ante la comisión cameral en la sesión del próximo jueves, 6 de febrero.

Del Valle prefirió no opinar sobre el alcance del PS 297, ya que no había podido leer la versión aprobada por el Senado.

Uno de los argumentos traídos por el presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, para atender la pieza por descargue y sin vistas públicas fue que su contenido se atendió el pasado cuatrienio. El PS 297, de la senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, es prácticamente una copia de una medida que radicó en su primer término como legisladora.

Ante este escenario, Del Valle señaló que, si le tocara a ella, procuraría, al menos, obtener mediante memorial explicativo las posturas de los nuevos jefes de agencia que tendrían injerencia en el tema, como los designados de Justicia y Salud.

“Hay proyectos que sí se vieron en el cuatrienio pasado y, si se trajeron memoriales explicativos, habría que enviarlos a los jefes de agencia actuales para que reaccionen y ver si están de acuerdo o cuál es la postura de ellos. No puedo partir de la premisa que Janet Parra, por ejemplo, tiene la misma mente que Domingo Emanuelli”, dijo, en referencia a la pasada y presente administración del Departamento de Justicia.

“Los jefes cambiaron y las leyes tienen que salir bien detalladas”, subrayó la representante. “Cada proyecto tiene un debido proceso. Ahora mismo, tengo 10 proyectos en la Comisión para evaluación”, abundó.

El protocolo propuesto en el PS 297 requiere, además, que los proveedores de salud realicen “un referido inmediato” al Departamento de la Familia, aun cuando el tutor legal o progenitor haya prestado su consentimiento informado para el aborto, así como que se documenten los datos de identificación de la persona que autoriza la terminación del embarazo de la menor.

Durante la discusión en el Senado, la medida recibió varias enmiendas. La primera de ellas dispuso una multa de $25,000 y reclusión fija de tres años a cualquier persona que, mediante el uso de fuerza, coacción, amenaza o violencia física, obligue a una menor embarazada someterse a un aborto. Asimismo, se aprobaron otras dos enmiendas para que todo caso atendido sea referido a Justicia y para que, previo a la entrega del formulario de consentimiento, la menor sea entrevistada por un consejero profesional certificado, a los fines de confirmar o descartar que haya sido víctima de agresión sexual por parte de su progenitor, acompañante o tutor legal.

Grupos defensores de los derechos reproductivos y la comunidad médica han cuestionado la intención legislativa debido a que no atiende los embarazos de adolescentes ni las agresiones sexuales, que suelen perpetrarse por personas del círculo familiar o cercano de los menores.

Según datos del Departamento de Salud, en 2023, ninguna paciente de menos de 15 años abortó. No obstante, hubo cuatro nacimientos en ese mismo rango de edad. En el caso de las adolescentes de 15 a 19 años, 1,134 llevaron a término su embarazo, frente a 315 que abortaron.

Tres de las cuatro clínicas que proveen terminaciones de embarazos en Puerto Rico ya no atienden a pacientes de 15 años o menos.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción del portavoz del PNP en la Cámara, Rafael “Pichy” Torres Zamora, pero fue imposible al momento de esta publicación.