La gobernadora Jenniffer González presentó este sábado un nuevo proyecto de administración que prohibiría que las empresas que tengan acuerdos de alianzas público-privadas (APP) con el gobierno subcontraten los servicios de compañías de sus familiares, socios o entidades relacionadas.

La medida A-032 enmendaría el Artículo 9 de la Ley 29-2009, de APP, para que, en el proceso de contratación y subasta, se incluya una certificación que establezca la prohibición.

“Se busca extender a las empresas energéticas las prohibiciones de las leyes locales antinepotismo que prohíben la contratación de familiares o exempleados en el servicio público; y prohibir contratos a otras empresas relacionadas a exdirectivos, a menos que no sean la única y mejor opción en términos de precios y servicios”, dijo González, en declaraciones escritas.

Para que se permita un contrato con una empresa relacionada o de un exdirectivo, de aprobarse la ley propuesta, será necesario que se pruebe que no existe ninguna compañía en Puerto Rico que pueda proveer los servicios, ni tampoco otra a nivel nacional o mundial a un costo similar. Toda excepción constaría por escrito en el acuerdo de alianza y sería aplicada de la manera más restrictiva posible.

Además, se facultaría a la Oficina del Contralor, la Autoridad para las APP y a cualquier entidad gubernamental que establezca normas sobre el contrato –como sería el Negociado de Energía (NEPR), en el caso de las privatizadoras LUMA Energy y Genera PR– a adoptar normas para cumplir con los cambios propuestos.

La A-032 se une a otras 36 medidas de administración que, al momento, la primera ejecutiva ha presentado. Las primeras dos se convirtieron en las leyes 1 y 2 de 2025, y estaban relacionadas con aumentar las multas que el NEPR puede imponer y extender la operación de la carbonera AES Puerto Rico, en Guayama.

Otro proyecto enviado a la Asamblea Legislativa crearía la Junta Apelativa de Relaciones Laborales, que sería el único ente cuasijudicial encargado de la adjudicación de controversias laborales, tanto en el sistema público como privado.

“El objetivo de la medida es fortalecer los derechos de los trabajadores y patronos mediante procesos uniformes, expeditos y accesibles. Además de optimizar los recursos públicos, mejorar la calidad del servicio, e impulsar la confianza pública mediante mayor transparencia y rendición de cuentas”, explicó la mandataria.

El A-036 consolidaría las funciones de la Comisión Apelativa del Servicio Público, la Junta de Relaciones del Trabajo y la Comisión de Investigación, Procesamiento y Apelación. Asimismo, transfiere los fondos, propiedad y recursos humanos al nuevo ente.

“La existencia de múltiples foros conllevaba decisiones contradictorias sobre temas similares. La Junta permitirá unificar criterios y promover seguridad jurídica y estabilidad laboral, tanto en el sector público como privado”, agregó.

El proyecto también establece términos concretos para la atención y resolución de casos; promueve la digitalización de trámites, incluyendo radicación electrónica; y el uso de tecnologías emergentes. Igualmente, señaló González, se eliminarían gastos operacionales duplicados, como renta, sistemas y equipos.