Tras el revés sufrido en un primer intento, la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, volvió a radicar una medida legislativa para eliminar el Fondo de Mejoras Municipales (FMM), conocido como el “barrilito”, y redirigir los recursos para mejorar las condiciones laborales de los policías.

A diferencia de la medida anterior –Proyecto del Senado 353–, la nueva propuesta redirige las asignaciones hacia el “Fondo para el Mejoramiento Tecnológico, Profesional y Laboral de la Policía de Puerto Rico”, creado en 2014 a través de la Ley 140.

“Si la excusa para derrotar el proyecto era que el retiro de los policías supuestamente se atendió satisfactoriamente mediante la Ley 112 del año 2024, ahora presento otra alternativa para mejorar las condiciones de trabajo de los policías”, dijo Rodríguez Veve, en referencia al estatuto que allegaba fondos al “Fideicomiso para el Retiro de la Policía”.

El fondo creado en virtud de la Ley 140-2014 está dirigido a atender las necesidades tecnológicas y de adiestramiento de la Policía. Según el estatuto, el fondo se nutre del dinero generado a través del cobro de multas y del alza en boletos por manejar sin usar el cinturón de seguridad, la cual fue aprobada ese año.

Rodríguez Veve insistió en que, de aprobarse su medida, permitiría que el dinero se utilice en otros fines compatibles con la ley, como la otorgación de alzas salariales y la promoción de programas de capacitación.

“Nuestros policías enfrentan desafíos inmensos para garantizar la seguridad de nuestras comunidades, y es nuestra responsabilidad ofrecerles condiciones laborales óptimas para desempeñar sus trabajos de manera efectiva y segura. Este proyecto no solo beneficiará a los oficiales activos, sino que también fomentará el reclutamiento y la preparación de nuevas generaciones de servidores públicos”, expuso.

La semana pasada, el Senado derrotó a viva voz y sin vista pública la medida anterior, lo que Rodríguez Veve adjudicó a la falta de voluntad política.

El llamado “barrilito” es un pote de dinero que se nutre de una aportación del Impuesto sobre Ventas y Uso y está a la disposición de los legisladores por distrito para que asignen partidas a entidades sin fines de lucro y gobiernos municipales.

A través de expresiones escritas, la senadora defendió la legislación, y aseguró que es “un paso firme hacia la eficiencia y la rendición de cuentas”. Recordó que la Oficina del Contralor ha señalado irregularidades significativas en el uso de los fondos del “barrilito”, los cuales rondan en los $40 millones anuales.

Desde 2020, el trámite para disponer del dinero fue modificado para que se manejara a puertas cerradas entre los legisladores y la Autoridad de Tierras, a pesar de que previamente el proceso era público y requería la aprobación de resoluciones legislativas. Esos cambios provocaron una serie de señalamientos relacionados con la utilización de los fondos.

A principios de 2022, la Cámara de Representantes también investigó el asunto, y concluyó que la Autoridad de Tierras fue “negligente” en la administración del dinero.

“Es momento de priorizar el fortalecimiento de nuestra fuerza policial sobre el ‘barrilito’ de los legisladores de distrito. Necesitamos manejar nuestros recursos fiscales con eficiencia y responsabilidad social. Y este proyecto representa una oportunidad para liderar un cambio significativo que asegura un futuro más prometedor para todos”, concluyó la senadora.