El presupuesto para el próximo año fiscal aprobado por la Asamblea Legislativa no cumple con los parámetros de la ley Promesa, ni con el plan fiscal certificado por la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) el 5 de junio.

Así se lo dejó saber la JSF, en una extensa carta de 28 páginas, a los presidentes de la Cámara de Representantes y el Senado, Rafael “Tatito” Hernández Montañez y José Luis Dalmau, respectivamente. La Legislatura tiene hasta este miércoles, a las 5:00 p.m., para hacer las correcciones necesarias y presentar una versión revisada. De no hacerlo, advierte la Junta, certificará su propuesta de gastos para el año 2024-2025.

“El presupuesto propuesto por la Legislatura para el año fiscal 2025 no cumple porque, entre otras cosas, reasigna fondos de una manera que es inconsistente con el plan fiscal 2024, y modifica el lenguaje de control de gastos de una manera que se aparta del presupuesto presentado a la Legislatura”, lee la misiva firmada por el director ejecutivo de la JSF, Robert Mujica.

Entre las áreas en incumplimiento con el plan fiscal, está la solicitud de $102 millones para la Universidad de Puerto Rico (UPR). A pesar de que la Junta no rechaza la asignación de fondos adicionales, condiciona su aprobación a que la administración presente evidencia sobre los avances que han logrado -si alguno- en el desarrollo de un plan para transformar sus operaciones.

“La Junta de Supervisión está comprometida a apoyar a la UPR en el cumplimiento de su misión hacia los estudiantes, el personal y la comunidad. Como tal, esta solicitud debe incluir objetivos y metas claras destinadas a apoyar el desarrollo económico y lograr la responsabilidad fiscal, al mismo tiempo que aborda las necesidades críticas de estudiantes, profesores e infraestructura. Estos objetivos deben cumplirse para obtener acceso a los fondos”, plantea la JSF en la misiva.

En la comunicación, asimismo, rechaza la asignación de $25 millones dirigidos a los municipios para la reparación de carreteras. En su lugar, la Junta ordenó a la Legislatura considerar fondos en reserva no utilizados este año fiscal. Para acceder a ese dinero, sin embargo, se tiene que presentar una solicitud de reprogramación ante el organismo que controla las finanzas del gobierno.

Otra partida que iba destinada directamente a los municipios y que tampoco fue vista con buenos ojos es la asignación de $6.4 millones para el fortalecimiento del programa de Ama de Llaves. En este caso, alegó la JSF, “no se proporcionaron los datos necesarios para respaldar el aumento”. Actualmente, los municipios subsidian este servicio con fondos que recibe el Departamento de la Familia.

Una respuesta similar se ofreció al reclamo para asignar $3.5 millones a ser distribuidos entre los municipios para el mantenimiento de escuelas públicas, una labor que ya realizan a través de la firma de convenios colaborativos con diversas agencias, como el Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP). “No se proporcionaron datos adecuados para respaldar el aumento en gastos de mantenimiento y reparación. Además, el presupuesto del gobierno para el año fiscal 2025 -que cumple con las normas- ya incluye un aumento único de $13.6 millones para reparaciones escolares para una asignación total de $26.8 millones”, lee la carta.

Mientras, la JSF le ordenó a la Legislatura a que mantenga en una cuenta individual la partida de $11.2 millones dispuesta para cumplir con el alza salarial de los jueces y juezas del país.

En su propuesta, la Asamblea Legislativa incluyó $11.2 millones -junto a otros fondos- en una cuenta de reserva para el pago de nómina bajo la custodia de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP). La Junta no quedó conforme con el cambio y solicitó que se revierta, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, Jesús Santa.

Este dinero, a pesar de que también estuvo disponible en el presupuesto vigente, no se ha desembolsado, ya que se mantiene viva una disputa con la Cámara en vías a que se apruebe legislación sobre cómo se deben distribuir. El tranque está en que el presidente Hernández Montañez insiste en que se uniformen las compensaciones en las demás ramas de gobierno para darle paso al reclamo de los togados.

De otra parte, la JSF favoreció la asignación de $18.8 millones para la reconstrucción de la Torre Norte, uno de los dos principales centros de vivienda para estudiantes del recinto de Río Piedras de la UPR que permanece cerrado desde 2018. No obstante, una vez más, dispuso de ciertos requisitos -como el desarrollo de un análisis financiero y un estudio de factibilidad- para acceder a este dinero que permanecería bajo la custodia de la OGP.

“Estos pasos garantizarán que la UPR tome una decisión de inversión responsable y bien informada que no agregue cargas adicionales a sus operaciones”, sostuvo la JSF.

A pesar de los múltiples señalamientos, Santa consideró que “no es una mala carta” y se mostró optimista en alcanzar acuerdos. “Obviamente, no aceptan todas nuestras propuestas, pero en muchas dan opciones o dan a entender que hay otras alternativas para subsanar la situación”, expuso el legislador.

Actualmente, la propuesta de presupuesto está ante un comité de conferencias de la Legislatura para atender, precisamente, las objeciones que existen entre las cámaras legislativas y la JSF.