Ante la posibilidad de un cambio de liderato en la Asamblea Legislativa, la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) aprobó la transferencia de $3.3 millones para el pago de la liquidación de las licencias por vacaciones de los empleados de la Cámara de Representantes y la Superintendencia del Capitolio que podrían dejar sus puestos en enero próximo.

El dinero, aunque fue incluido en el presupuesto vigente, estaba consignado en una cuenta de reserva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, explicó el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, el representante Jesús Santa, del Partido Popular Democrático.

“Cuando llegamos, a inicios de este cuatrienio, no estaba el dinero asignado para el pago de esta partida y para cubrir otras deficiencias”, señaló el legislador.

Se trata, explicó, de una movida usual en año de elecciones ante la posibilidad de un cambio de gobierno y, por ende, en la plantilla laboral. Santa no pudo anticipar cuántos empleados podrían reclamar el pago de sus licencias por vacaciones en enero próximo, pero indicó que se dejaron llevar por escenarios previos para calcular la cuantía necesaria para cumplir con la obligación.

“Lo que hicimos fue que utilizamos los datos de cuatrienios anteriores porque, si nadie pierde, esas liquidaciones serán las menos posible, pero, si pierde todo el mundo, las liquidaciones podrían ser mayores”, indicó.

El Nuevo Día intentó conseguir una reacción del presidente de la Cámara, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, pero no fue posible.

Santa recordó que, al inicio del cuatrienio en 2021, la Cámara no contaba con los fondos asignados para el pago de las licencias por enfermedad y vacaciones a 211 exempleados. A su vez, dicho cuerpo legislativo enfrentaba deudas de alrededor de $4.3 millones, incluido el pago de servicios esenciales, como agua potable y energía eléctrica, según reportes de prensa del momento.

“Él no había presupuestado para eso y, por eso, es que ahora estamos descuadrados. Él usó el dinero de la reserva, y fue una irresponsabilidad”, dijo, en aquel entonces, Hernández Montañez, en referencia el expresidente Carlos “Johnny” Méndez. En aquella ocasión, Méndez, del Partido Nuevo Progresista, rechazó las imputaciones y alegó que había reservado “$600,000, aproximadamente, para pago por concepto de liquidaciones y un sobrante de $412,889 para el mismo concepto”.

Esa partida de $600,000, autorizada por la JSF, se utilizó para la liquidación salarial de 22 empleados de confianza, que totalizó $576,737. Hernández Montañez estimó en $1.9 millones el monto para cumplir con todas las liquidaciones en ley que surgieron tras el cambio de administración en 2021.

Los empleados de confianza pueden terminar con un alto balance de días de vacaciones y enfermedad porque, en ocasiones, son incentivados a tomar tiempo compensatorio por las horas extra trabajadas, lo que tiene la consecuencia de que mantienen casi intactas sus licencias de vacaciones. “El empleado que sale, por lo general, solicita que se le cubra el saldo de las vacaciones”, expuso Santa.

En 2021, la administración saliente de la Superintendencia del Capitolio aseguró el pago de liquidación de licencia de vacaciones y enfermedad a su personal de confianza, trascendió durante el proceso de transición.