¿Ha escuchado el término “desvocalización canina”? ¿Sabe qué es y para qué se utiliza? ¿Está bien someter a un animal a este proceso? ¿Cuáles son las consecuencias?

La desvocalización canina es un procedimiento quirúrgico utilizado por algunas personas para extirpar las cuerdas vocales de su perro, pero con serios cuestionamientos de quienes velan por el bienestar animal, señaló la senadora Ada Álvarez Conde, quien busca prohibir este y otros procedimientos quirúrgicos en animales por mandato de ley.

Aunque en Puerto Rico no hay estadísticas sobre este tipo de procedimiento, la legisladora por el Partido Popular Democrático (PPD) aseguró que esta operación se realiza en la isla.

“Sí, ocurre. Tengo entendido que hay muchos veterinarios que se niegan a hacerlo, pero hay otros que lo hacen, aunque se desconoce quiénes son. Los ‘animal lovers’ (amantes de los animales) han decidido que no se debe hacer, pero, para evitar que sea un asunto de conciencia, hay que aprobar legislación”, expuso la senadora en entrevista telefónica.

El procedimiento, explicó Álvarez Conde, tiene como consecuencia que el animal no pueda ladrar. La desvocalización canina está prohibida, por ejemplo, en el Reino Unido, pero, en Estados Unidos, se utiliza en algunas jurisdicciones donde los contratos de arrendamientos prohíben las “mascotas ruidosas”, según reportes de prensa.

“La desvocalización es utilizada de manera insensible. Es un proceso que requiere una operación quirúrgica invasiva bajo anestesia general”, lee el Proyecto del Senado (PS) 392.

“Cuando un perro ladra de manera excesiva, usualmente se puede atribuir a situaciones de bienestar como la soledad, aburrimiento, territorialidad, estímulos en su ambiente... Se puede investigar y aislar la causa y, luego de identificarla, se puede resolver”, agrega la medida.

La legislación de Álvarez Conde, asimismo, busca prohibir la caudectomía, utilizada para cortar la cola de un perro, y la otectomía, que consiste en reducir el tamaño de las orejas. Ninguno de estos procedimientos, cuando se hace por razones estéticas, ofrece beneficio para la salud del animal, sostuvo la senadora.

“Sin sus ladridos, colas y la forma natural de sus orejas, los perros mutilados sufren no solo dolores, sino de numerosos efectos psicológicos y problemas de comunicación con personas y otros animales”, lee el proyecto senatorial.

Otra intervención que prohibiría la medida, de convertirse en ley, es la desungulación, utilizada para extraerle las uñas a los gatos. Muchas personas solicitan esta operación para evitar que los animales dañen sus muebles al querer afilar sus uñas, un instinto natural de los felinos.

“Los gatos utilizan sus uñas para trepar, defenderse y marcar territorio, y al privarlos de ellas, se les deja en un estado de indefensión y ansiedad”, expone Álvarez Conde en el proyecto de ley.

De aprobarse la legislación, estas operaciones solo podrán realizarse “cuando la integridad física y salud en general del animal estén en riesgo real”, según el criterio de un médico veterinario. Las personas que decidan continuar esta práctica incurrirían en delito grave y podrían ser sancionadas con una multa de hasta $5,000.

Además del PS 392, Álvarez Conde es la autora del PS 391, para prohibir la rifa y venta de animales mediante anuncios en internet, periódicos impresos, plataformas digitales y redes sociales. Asimismo, busca que los reproductores, criadores y vendedores comerciales licenciados por el Departamento de Salud tengan que publicar, junto al anuncio, el número de licencia vigente.

La medida, asimismo, establece un “fondo de compensación”, que se nutriría del dinero proveniente de las multas impuestas a criadores de animales que operen ilegalmente. El dinero, explicó, iría dirigido al establecimiento de ocho refugios regionales, según dispuesto en la Ley 36-1984, que crea la Oficina Estatal de Control Animal (OECA).

Recientemente, durante una audiencia pública, la directora ejecutiva de la OECA, Wilma Rivera Díaz, indicó que, desde su creación en 2007, esa entidad ha carecido de un presupuesto que le permita sostener sus operaciones y cumplir con su responsabilidad en ley de controlar la población de animales realengos.