En lo que va de año académico, el Departamento de Educación ha reportado 172 instancias en las que se ha violentado el Reglamento General de Estudiantes, la mayoría de ellas relacionadas con “problemas interpersonales” entre alumnos, indicó este martes el comisionado de Seguridad de la agencia, César González Cordero.

“Son en unas escuelas en particular (donde ocurren estos incidentes). Por eso, no generalizamos de que hay un problema a nivel de todo el sistema público. Son unas comunidades en particular que, quizás, por la falta de supervisión de los papás o por la falta de integración de la comunidad en la escuela, pues, se ven más marcados estos incidentes”, señaló, en una vista pública de la Comisión de Educación, Arte y Cultura del Senado.

“Lamentablemente, los incidentes siempre han ocurrido, la diferencia es que ahora todo se graba, todo el mundo tiene un teléfono celular... la tecnología nos ayuda en muchas cosas, pero nos ha afectado en otras por la mala utilización”, puntualizó.

Las estadísticas oficiales recogen, asimismo, incidentes por sustancias controladas, “bullying” y el uso de cigarrillos electrónicos en los planteles, entre otros.

Según el jefe de Seguridad, en los últimos cinco años, se ha registrado una reducción, “prácticamente de un 70%”, en este tipo de sucesos que trastocan la convivencia en los planteles. Por ejemplo, dijo que, durante el año escolar 2019-2020, la agencia reportó 993 violaciones al reglamento escolar, cifra que se redujo a 367 en 2021-2022, y a 601 en 2022-2023. En el año académico 2023-2024, los incidentes totalizaron 186.

González Cordero reconoció, sin embargo, que algunos directores escolares no reportan este tipo de incidentes, un asunto que, además de impactar las estadísticas, afecta el acceso a fondos federales. “No vamos a esconder lo que es una realidad... Tenemos unos directores que, quizás, hay que darles un poco más de adiestramientos, un poco más de confianza, para poder hacer el reporte, y que vean que ese reporte no es un señalamiento a su director como administrador”, expuso el funcionario, a preguntas de la senadora Jamie Barlucea.

González Cordero atribuyó la baja en incidentes que recogen las estadísticas a una serie de factores, como la instalación de sistemas de vigilancia electrónica, la integración de comités de disciplina y la contratación de trabajadores sociales y psicólogos posterior a la pandemia de COVID-19.

“¿Qué nos falta mucho? Pues, claro. A mí, me gustaría verlo en cero, pero de 900 a 172 es un 70% de reducción”, subrayó durante la vista, en la que la comisión legislativa discute la Resolución del Senado 40, que ordena investigar las agresiones suscitadas en espacios escolares.

Como parte del debate, González Cordero sostuvo que, además de posibles enmiendas al reglamento estudiantil, hay que promover la integración de los padres, madres y tutores a la comunidad escolar para reducir el número de incidentes.

La senadora Migdalia Padilla señaló también, por su parte, la necesidad de actualizar los currículos académicos y promover actividades extracurriculares que fomenten la sana convivencia.

“No podemos seguir aplicando protocolos y protocolos, y cuando lo tiran a la calle, ya va a una institución juvenil”, expresó la legisladora.

En cuanto al uso del celular en el ambiente escolar, el comisionado de Seguridad de Educación apostó a establecer controles adicionales. Actualmente, el Reglamento General de Estudiantes, en su Artículo 6, permite el uso del celular “antes del primer timbre de entrada, durante el período de almuerzo y posterior al timbre de salida”.

Aunque no pudo especificar, al momento, cuantas de las faltas al reglamento escolar responden al uso de cigarrillos electrónicos, González Cordero confirmó que han visto un alza en esa práctica.

“Estamos trabajando una campaña con eso, y el secretario (Eliezer Ramos Parés) viene con unas iniciativas nuevas para poder detectar estos sistemas dentro de los planteles”, señaló. “Hay que controlar los puntos de ventas. Yo no vendo cigarrillos en las escuelas, así que cómo yo controlo esos puntos de venta (es importante). Un cigarrillo electrónico vale $20, $25...”, expuso.

Anticipó que, próximamente, instalarán unos sistemas de detección de cigarrillos electrónicos en las escuelas.

Entre agosto de 2022 y noviembre de 2023, 604 estudiantes del sistema público fueron atendidos por el uso de vaporizadores o la sospecha de su consumo en los planteles, según reportes de El Nuevo Día.

Los cigarrillos electrónicos son dispositivos que funcionan con baterías o cargadores. Cuando el usuario inhala desde la boquilla, el vaporizador calienta el líquido, que podría contener nicotina, aromas y otros químicos.

Por otro lado, la Consulta Juvenil 2020-2022, estudio que la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción realiza cada dos años, reveló que, entre séptimo y duodécimo grado en escuelas públicas y privadas, al menos, uno de cada seis alumnos (17.5%) en Puerto Rico ha utilizado alguna vez un dispositivo para “vapear”. En la pasada encuesta (2018-2020), era uno de cada cinco estudiantes (22.7%) los que habían utilizado vaporizadores alguna vez.

“Hoy día, tú entras a una gasolinera y lo primero que tú te consigues son un montón de vitrinas con un montón de cigarrillos electrónicos accesibles ahí, prácticamente a la mano de los menores”, expuso el funcionario de Educación.

Ante la consideración del Senado, está también una resolución del senador Héctor Joaquín Sánchez para fiscalizar las leyes que prohíben la venta o donación de cigarrillos electrónicos a menores de 21 años.