El anunciado cierre de siete oficinas comerciales de LUMA Energy finalmente se concretará el 25 de abril, confirmó el consorcio, luego de que los alcaldes de Utuado y Naranjito anticiparan la fecha más temprano este martes, en una vista pública de la Comisión de Gobierno del Senado.

“Nos mantenemos enfocados en brindar un servicio accesible y confiable a todos nuestros clientes, especialmente a aquellos que prefieren opciones presenciales. Queremos ofrecerles de primera mano más alternativas, mientras escuchamos sus preocupaciones”, dijo, por escrito, Noriette Figueroa, vicepresidenta de Servicio al Cliente de LUMA, ante un pedido de reacción de El Nuevo Día tras lo expuesto en la vista.

Según Figueroa, LUMA “ofreció alternativas accesibles para atender el cierre” de las oficinas en Cayey, Manatí, Naranjito, Santa Isabel, San Sebastián, San Germán y Utuado, “que culminan operaciones el 25 de abril”. Detalló que, para sus diversas gestiones, los clientes tendrán disponibles el sitio web y la aplicación móvil de LUMA, el centro de llamadas y 900 centros de pago a través de la isla, ubicados en supermercados, gasolineras, cooperativas, panaderías y ferreterías.

Originalmente, el cierre de las oficinas estaba pautado para el 28 de marzo. Tras la intervención de La Fortaleza, había quedado pospuesto, pero LUMA afirmó luego que su decisión era “definitiva”.

En la vista senatorial, los alcaldes denunciaron que LUMA no les consultó los cierres, por lo que no pudieron presentar alternativas para evitarlos. Además, lamentaron el presunto desinterés del consorcio en lograr que las oficinas en sus pueblos permanezcan abiertas.

“Todavía no he perdido la fe”, dijo el alcalde de Utuado, Jorge Pérez Heredia, en alusión a un posible cambio en la decisión de LUMA, que previamente ha dicho que, con su determinación de cierre, busca “mejorar la eficiencia operativa y reinvertir en programas que mejoren el servicio para todos los clientes”.

Tanto Pérez Heredia como su homólogo de Naranjito, Orlando Ortiz, cuestionaron, también, que cinco de los siete cierres sean en pueblos de la montaña, que reflejan altos índices de pobreza e incremento en la población de adultos mayores.

“Este cierre tendrá un impacto desproporcionado y profundamente injusto en nuestra población de adultos mayores y sectores vulnerados”, alertó Ortiz. “Para estas personas, la presencia física de una oficina comercial representa mucho más que un edificio, representa la posibilidad de ser atendidos con dignidad”, agregó.

Según datos ofrecidos por Pérez Heredia, que le fueron provistos por LUMA, el 55% de la población de Utuado tiene 65 años o más. En Naranjito, dicha cifra alcanza el 43%. Mientras, en los cinco pueblos restantes, oscila entre el 45% y 55%.

“Utuado es un pueblo con una alta población de adultos mayores que, en su mayoría, dependen de amigos, vecinos o familiares para transportarse y realizar sus gestiones”, expuso Pérez Heredia.

En su escrito, Figueroa reconoció que “la mayoría” de los clientes que visitan las oficinas comerciales son adultos mayores y el 90% de dichas visitas son para realizar pagos.

El alcalde de Utuado indicó, en la vista, que le presentó al presidente de LUMA, Juan Saca, la alternativa de eliminar el pago de $2,000 mensuales por el alquiler de la estructura municipal desde donde operan, así como reubicar la oficina en un espacio más pequeño y reducir de ocho a tres el número de empleados, pero no tuvo éxito.

“Me dijo que no comoquiera, porque ya está determinado el cierre”, deploró.

Agregó –como luego confirmó LUMA– que los clientes tendrían la opción de emitir sus pagos en otros puntos, desde los que, sin embargo, no podrían atender otros asuntos, como las solicitudes de planes de pago y reconexión.

Según Pérez Heredia, Saca estimó en $3 millones el ahorro de los cierres de oficinas, de un presupuesto operacional de $696 millones. “Eso es una chavería para ellos”, apuntó. “Creo que la razón no es económica; tiene que haber algo más, porque ellos no dicen cuáles fueron los criterios para cerrar nuestras oficinas porque están generando dinero”.

La oficina de Utuado atiende ciudadanos de Jayuya, Adjuntas, Lares y el poblado Castañer. De concretarse el cierre, los clientes tendrían que ir a Ponce o Arecibo. Pérez Heredia detalló que esta oficina genera $400,000 mensuales y, el año pasado, la visitaron 40,000 personas.

En tanto, el alcalde de Naranjito indicó que, en su caso, LUMA no paga renta, ya que la oficina comercial ubica en un edificio propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica. A Saca, dijo, le propuso diversificar los servicios que ofrecen, por ejemplo, atendiendo solicitudes de permisos para nueva construcción.

Los clientes de Naranjito, si se cierra la oficina, tendrían que ir a Aibonito o Bayamón.

“Lo que yo sé, en estos momentos, es que el cierre está ya pautado para el 25 de este mes”, expuso Ortiz. “Yo espero que haya alguna reevaluación al final de este camino”.

En un aparte con los medios, concluida la vista, el presidente de la Comisión de Gobierno del Senado, Ángel Toledo, expresó preocupación con la decisión de LUMA, al coincidir con los alcaldes en que las alternativas presentadas no fueron consideradas.

“A raíz de estas vistas, tenemos que hacer el acercamiento con el Ejecutivo porque sabemos que hay toda la intención del Ejecutivo en trabajar con esta situación y asegurarnos que le damos el servicio a la gente”, señaló el legislador del Partido Nuevo Progresista.

Los alcaldes de Cayey y Santa Isabel, Rolando Ortiz y Meldwin Rivera, respectivamente, no participaron de la audiencia, pero sometieron memoriales explicativos oponiéndose a los cierres.