El presidente de LUMA Energy, Juan Saca, y otros altos ejecutivos del consorcio enfrentaron los cuestionamientos de los miembros de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, enfocados principalmente en elementos como la presunta falta de comunicación entre la empresa y los alcaldes en el marco de la respuesta a la tormenta tropical Ernesto, las causas para las interrupciones de servicio previo a que se percibiera el impacto del ciclón y la lentitud en el desarrollo de las mejoras permanentes de la red.

“Decir que no hay comunicación, con todo respeto, no es correcto”, manifestó Saca, en una vista pública que se extendió varias horas, en la que aludió a los miles de intercambios con funcionarios municipales antes, durante y después del evento atmosférico.

Saca, sin embargo, aceptó, a preguntas de Estrella Martínez, representante popular por el distrito 27, que incluye a Salinas, Santa Isabel, Coamo, Aibonito y Juana Díaz, que se pudiera establecer un mecanismo “más formal” de comunicación con los legisladores.

En cambio, Saca aseguró que no existía –como cuestionó la representante Martínez– una “instrucción” para que empleados de campo de LUMA no ofrecieran información sobre los trabajos a legisladores en los respectivos distritos.

El presidente de LUMA y el director de Asuntos Externos de la empresa, José Pérez Vélez, reiteraron que tampoco se dio una directriz para interrumpir el servicio eléctrico previo al paso de la tormenta Ernesto, pero insistieron que el fenómeno tuvo un “impacto real” sobre el sistema energético.

“Lo que sucede es que, al ser un sistema integrado, hay una serie de líneas interconectadas”, afirmó, por su parte, el vicepresidente de Programas Capitales de LUMA, Juan Rodríguez, razón por la cual “el efecto (la interrupción de servicio) puede darse en otra región (a la que recibe el impacto de la tormenta)”.

Pese a las explicaciones, el presidente de la Comisión de Energía, Jesús Hernández Arroyo, subrayó que la información no fluyó a lo largo de la respuesta a la tormenta, que llegó a dejar sin servicio a más de 750,000 clientes, poco más de la mitad del universo de abonados.

“Creo que fue la mayor preocupación de los alcaldes de los 78 municipios de este país”, comentó el legislador acerca de la comunicación entre LUMA y los ayuntamientos.

Pérez Vélez, de otra parte, señaló que LUMA cuenta con cerca de 33 empleados encargados de comunicarse directamente con los municipios. A los cuestionamientos de los representantes, puntualizó que asignar una persona para cada uno de los 78 alcaldes no sería “eficaz”.

Rodríguez, en tanto, precisó que, de los clientes que perdieron el servicio durante la tormenta, unos 13,000 no habían sido reconectados hasta la mañana del miércoles. A la 1:00 p.m., el portal de LUMA reportaba sobre 56,000 consumidores –el 3.8%– sin electricidad, diferencia que el personal del consorcio atribuyó a causas separadas al ciclón.

El representante independentista, Denis Márquez, por su parte, trajo a colación el incremento de 19% en la duración de las interrupciones de servicio que se registró el año fiscal 2023-2024, en comparación con los 12 meses previos, y que recientemente provocó que el Negociado de Energía exigiera explicaciones por escrito a LUMA.

Rodríguez replicó que el embate de fenómenos atmosféricos como el huracán Fiona, en 2022, aceleró la “degradación” de la infraestructura eléctrica, que ya se había deteriorado sustancialmente con el huracán María, cinco años antes.

“Todas las métricas están interrelacionadas”, subrayó el ingeniero Rodríguez.

Saca, en tanto, aceptó que los proyectos que contribuirán en mayor medida a la reducción de los indicadores de interrupciones –todos financiados con fondos federales– tomarán varios años. Entre ellos, aludió al programa de despeje de vegetación, estimado en tres años; el reemplazo de 100,000 postes de transmisión y distribución, de cinco años; y la instalación de contadores inteligentes, de tres años.

“Es un tema de tiempo que a nadie le gusta”, expresó Saca.