Tras asegurar nuevamente su escaño legislativo, la senadora popular Marially González presentó nuevamente un proyecto de ley que otorgaría descuentos de hasta un 50% a los conductores que paguen, en un término de entre 30 y 60 días, sus boletos por faltas administrativas a la Ley de Tránsito (Ley 22 de 2000).

“Esto en un justo balance y en reconocimiento a que la mayoría de los puertorriqueños viven con un ingreso mensual que cubre necesidades básicas, pero que se hace difícil cubrir gastos imprevistos”, lee parte del Proyecto de Senado 138, que es básicamente una copia al Proyecto del Senado 1361, presentado por González durante la pasada sesión legislativa y que busca incentivar un “pago rápido”.

De acuerdo con la ley vigente, los infractores reciben un descuento de 30% al pagar la multa en o antes del día 15 a partir de la fecha de la infracción. El descuento, sin embargo, se reduce a 15% cuando el monto adeudado se paga transcurridos los 15 días, pero antes de los 30 días. Si pasa de los 30 días, se aplica un recargo de $10 y, a partir de ahí, un recargo de cinco $5 adicionales por cada mes de retraso.

La medida de González, sin embargo, propone descuentos de 50%, 25% y 15% a las personas que paguen la infracción en los primeros 30 días, 45 días y 60 días, respectivamente.

El período de recargo comenzaría a cobrarse transcurridos los 60 días de otorgada la multa, reza la legislación. En aquellas instancias en las que el conductor solicite una revisión judicial, los términos comenzarán a partir del momento en que la determinación del tribunal “advenga final, firme e inapelable”.

Una “falta administrativa”, según el Artículo 1.45A de la Ley 22, es “cualquier violación, infracción o incumplimiento a las disposiciones de esta ley”, ya sea directamente cometida por el conductor o por el dueño registral del vehículo.

“La mayoría de los ciudadanos viven mensualmente con ingresos que se les hace difícil sufragar las necesidades básicas de su familia. A estos gastos mensuales ordinarios, en muchas ocasiones, se le suman unos gastos imprevistos que requieren ser atendidos con prontitud”, lee la pieza legislativa.

Durante la pasada sesión ordinaria, el Proyecto del Senado 1361 fue aprobado en el Senado, pero fue derrotado en la Cámara de Representantes durante el cierre de los trabajos en junio. Asimismo, la medida fue objetada por la jefatura del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP) debido a que impactaría los recaudos de la agencia por concepto del pago de multas, que están destinados al mantenimiento de las vías de rodaje.

González, asimismo, presentó, de cara a la próxima sesión, una medida legislativa –el Proyecto del Senado 137– para que las personas con diversidad funcional con permiso especial de estacionamiento vengan obligadas a acreditar su condición permanente solo la primera vez que soliciten el permiso. Actualmente, como parte de los requisitos para expedir o renovar el permiso especial, el peticionario tiene que presentar una certificación médica para que se le otorgue el rótulo removible.

Para sustentar la medida, González aborda la falta de profesionales de la salud que enfrenta la isla, así como el costo, ya que la certificación médica no es cubierta por el plan médico. “Esta medida pretende hacer un poco de justicia a las personas con impedimentos de condiciones permanentes, ya que su cuadro médico no contempla cambios de mejoría significativo, por el contrario, la gran mayoría son progresivas”, lee el proyecto.

La nueva Asamblea Legislativa sesiona el lunes, 13 de enero.