El 73% de la población confinada en el país tiene un historial de abuso de sustancias, tabaco y alcohol, indicó este miércoles, ante la Comisión de Seguridad del Senado, el secretario auxiliar de Asuntos Legales e Investigativos del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), Pedro Vargas Echevarría.

El funcionario reveló, además, que el 41% de los confinados presenta antecedentes relacionados con el uso problemático de drogas al momento de su encierro. Mientras, en el área de salud mental, las estadísticas de la agencia apuntan a que el 78% de la población correccional ha sido diagnosticada con trastornos como esquizofrenia, depresión mayor y bipolaridad.

Los datos surgieron durante una vista pública en la que se discutió el Proyecto del Senado 34, que busca que el DCR integre, como parte de su oferta clínica a los confinados y confinadas con problemas de abuso y adicción de sustancias controladas, el modelo de “comunidades terapéuticas”, el cual promueve ambientes residenciales libres de drogas mediante el desarrollo de responsabilidades personales y sociales.

Este modelo “utiliza la influencia entre compañeros, a través de una variedad de procesos grupales, para ayudar a cada persona a aprender y asimilar las normas sociales, y desarrollar habilidades sociales más eficaces”, lee la pieza legislativa de la autoría del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz. Como coautora, aparece la portavoz de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve.

“En cuanto a la recuperación del uso problemático de sustancias, hay muchas metodologías... Al día de hoy, la que se ha estado usando (en el DCR) es una basada en reducción de daños”, expresó Vargas Echevarría.

Durante su alocución, el funcionario dijo que el modelo de “comunidad terapéutica” ha sido reconocido como “efectivo” por el Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas (NIDA, en inglés). Una investigación liderada por esa entidad, en 2015, reflejó que los participantes del programa muestran “mejoras” en el abuso de sustancias, el comportamiento criminal y en los síntomas de salud mental, puntualizó.

El mismo análisis, agregó, señala que esta modalidad terapéutica es “efectiva” entre la comunidad carcelaria.

Vargas Echevarría mencionó que el DCR, como parte de su deber ministerial, ofrece múltiples programas que, aunque no son parte del modelo de comunidades terapéuticas tal y como está planteado en la pieza, van en una dirección similar, como es el Centro de Tratamiento de Residencial, en Arecibo, y el Hogar Intermedio para Mujeres, en Hato Rey.

“Ambos son proyectos donde el miembro de la población correccional o persona privada de la libertad... se le da tratamiento de uso de sustancias controladas, y es un tratamiento especializado, fundamentado en los principios básicos de riesgo y necesidades de responsabilidad”, expuso.

La agencia respaldó la medida, ya que, según el deponente, la integración de este tipo de terapia en los centros correccionales “va a darle más alternativas de tratamiento y rehabilitación” a la población penal. No obstante, Vargas Echevarría destacó la necesidad de identificar fondos recurrentes para lograr su sostenibilidad.

“Siempre vamos a buscar la forma de implementarlo, pero, ciertamente, hay una parte fiscal que tendríamos que buscarla”, dijo el funcionario, quien no pudo especificar a cuánto asciende la partida presupuestaria del DCR destinada a los programas de rehabilitación.

A preguntas de los miembros de la Comisión de Seguridad, Vargas Echevarría tampoco pudo precisar cuántos psicólogos y trabajadores sociales tiene la agencia para asistir a la población correccional, que fluctúa en los 7,000. Pero aseguró “que tiene psicólogos para atender todas las instituciones”, aunque, en algunas instancias, de forma “itinerante”.

La Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), a través del licenciado Hernán Vélez, también favoreció la legislación, aunque, como parte de sus recomendaciones, sostuvo que la responsabilidad de elegir el o los modelos terapéuticos a implementar debe ser del secretario del DCR.

Además, recomendó que se evalúen otras alternativas, como ampliar el Programa de Tratamiento Asistido con Medicamento (PTAM) para lograr impactar a todas las instituciones carcelarias.

Durante la discusión de la medida, la senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP) Nitza Morán expuso varias “preocupaciones” respecto a la medida, ante la ausencia de especificidad sobre a qué sector de la población correccional estaría dirigida esta terapia. “Yo veo que hay unas vaguedades dentro de lo que se está tratando de estipular aquí”, señaló.

Morán mencionó que, en otros países, este modelo se utiliza en confinados por delitos no violentos o no sexuales, próximos a salir a la libre comunidad, o con sentencias reducidas por buen comportamiento.

“Este tipo de terapia no es para toda la comunidad, y eso debemos verlo en la medida”, apuntó la legisladora por San Juan.