Frente al reclamo multisectorial para que cancele el contrato de LUMA Energy ante la inestabilidad que exhibe el sistema eléctrico, el director ejecutivo de la Autoridad para las Alianzas Público Privadas (AAPP), Fermín Fontanés, sostuvo este jueves, durante una vista pública en la Cámara de Representantes, que esa posibilidad no está sobre la mesa.

De igual forma, Fontanés alegó desconocer el impacto fiscal de la cancelación del contrato, pese a que la AAPP es parte del acuerdo, y como en comparecencias previas, insistió en que el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) es la entidad a cargo de fiscalizar a LUMA y velar por su cumplimento con la política pública energética.

“(Cancelar el contrato) no es algo que estamos contemplando, en estos momentos, porque eso conlleva un montón de consecuencias más allá del impacto fiscal. Una de las razones por las que LUMA está aquí es, precisamente, porque cada vez que pasaban eventos como los de la semana pasada, la solución política era despedir al director ejecutivo (de la Autoridad de Energía Eléctrica) y poner a otro. No es cancelar (el contrato), es exigir que mejore, es exigir cambios, es exigir que las cosas que están ocurriendo no vuelvan a pasar”, afirmó.

El 12 de junio, se registró un apagón que dejó a 350,000 abonados sin servicio eléctrico, un evento que está siendo investigado por el NEPR.

Tras la insistencia de la representante de Proyecto Dignidad, Lisie Burgos, el jefe de la AAPP alegó que el costo de cancelar el contrato de LUMA sería “millonario”, pero el monto dependería de si hubo o no incumplimiento y de cuánto cueste traer a la ecuación un nuevo operador, en caso de que se mantenga el modelo actual. “¿Qué pasaría con la reconstrucción? ¿Qué pasaría con los fondos federales? El costo sería un caos, en realidad. O sea, que la ejecución, la exigencia y esta fiscalización es lo que se necesita”, argumentó Fontanés.

“Si LUMA cobra un promedio de $120 millones anuales por la vida del contrato, estamos asumiendo que cualquier persona que venga va a pedir más que eso. El costo de la licitación podría ser alrededor de $10 millones”, agregó.

Burgos se mostró insatisfecha con la respuesta. “¿Qué le digo a la gente que me está llamando a la oficina que no tiene cómo atender sus situaciones de salud por falta de luz? ¿Dónde está el beneficio al pueblo de Puerto Rico con este contrato? No lo estamos viendo”, expuso la representante.

Durante la audiencia de la Comisión cameral de Desarrollo Económico, presidida por el representante Jesús Hernández, el funcionario insistió en que, “al día de hoy, LUMA ha cumplido con las cláusulas contractuales”. “La AAPP, como administrador, tiene un rol enfocado en la supervisión del cumplimiento del contrato. Mientras que el Negociado, como ente regulador y por disposición de ley, es la entidad con pericia a cargo de regular el mercado energético en Puerto Rico y asegurar el cumplimiento operacional de los entes energéticos”, dijo.

Explicó que la AAPP, por ejemplo, se encarga de evaluar las licitaciones y contratos y es la que que se asegura de que que estos acuerdos cumplan con los requisitos estatales y federales. “Una vez ese contrato se apruebe, cómo LUMA se desempeña... es el Negociado quien determina”, recalcó.

“¿Está complacido con el trabajo realizado por LUMA Energy?”, le cuestionó Hernández.

“No nos sentimos complacidos con todo el trabajo que ha hecho LUMA Energy porque, definitivamente, estamos exigiendo más urgencia, mejor comunicación de las cosas cuando ocurren, y las cosas que han pasado recientemente son inaceptables”, respondió Fontanés.

O sea, ¿qué usted estaría de acuerdo con una premisa de incumplimiento de contrato?, inquirió el presidente de la Comisión.

“Sería irresponsable de mí parte decirle que hubo un incumplimiento, pero, definitivamente, lo que ocurrió es inaceptable”, declaró Fontanés, en referencia al apagón de la semana pasada.

En la vista, Fontanés pareció defender la ejecución de LUMA en términos presupuestarios. Señaló, además, que actualmente no hay una petición de aumento de tarifa por parte del consorcio, y sostuvo que los incrementos que la población ha sufrido en el costo de la luz “han sido atados al costo del combustible”.

“La tarifa sigue siendo la misma. LUMA se ha mantenido dentro del presupuesto los tres años que ha operado y eso es un contraste importante a lo que ocurría antes con la AEE”, alegó.

“La AEE se iba por encima de presupuesto y emitía bonos para emitir esas deficiencias y por eso es que tenemos la quiebra más grande de una autoridad pública en los Estados Unidos… o sea, que, en términos de manejo de presupuesto, LUMA ha podido manejar su presupuesto, pero, obviamente, como toda entidad, siempre pide más para poder lograr sus metas”, expuso.

LUMA sometió al NEPR un presupuesto para la operación del sistema de transmisión y distribución durante este próximo año fiscal, que inicia el 1 de julio, de $692 millones. De estos, $568 millones serían para gastos operacionales y $124 millones, para trabajos de mejoras capitales no financiados con fondos federales.

A preguntas del representante del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Denis Márquez, el director ejecutivo mencionó que recién culminaron la auditoría sobre el manejo de fondos por parte de LUMA, correspondiente al 2022, pero está pendiente de que sea aprobada por la Junta de Directores de la AAPP. Una vez eso ocurra, estaría disponible al público.

No obstante, sin entrar en los detalles del documento, señaló que el consorcio, en términos presupuestarios, se ha mantenido dentro de los márgenes y ha utilizado los fondos “en los renglones que se supone”.

“Lo que me acaba de decir, si yo entendí dentro de mis limitaciones, es que le dieron $100 para presupuesto y cumplieron con usar los $100. Pero no saben si los $100 fueron usados adecuadamente porque la auditoría no se ha completado”, ripostó Márquez.