A dos meses de su designación como secretaria de Justicia, Janet Parra indicó este sábado, durante su vista de confirmación en el Senado, que considera nominar como subsecretario a Héctor Luis Siaca, quien ya fue entrevistado por la gobernadora Jenniffer González y es uno de los fiscales que ella protegió de investigaciones administrativas tras su salida de la agencia en 2022.

De inmediato, el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, adelantó que entrevistará tanto a Siaca como a otros funcionarios identificados por Parra, entre ellos, los fiscales Jorge Carrión y Alberto Miranda, así como el agente Francisco Rolón y la sargento Karina Ojeda, de la Policía, quienes fueron nombrados por la titular designada como parte de una supuesta pesquisa tras su descalificación como abogada privada en un caso criminal.

“No iba a permitir que mis compañeros fuesen investigados administrativamente por un caso que, al fin y al cabo, lo que significaba era que (yo) no podía ser la abogada. Cuando el Tribunal Apelativo determinó darle la razón (al Tribunal de Primera) Instancia, yo no fui al Supremo porque no iba a permitir que mis compañeros pasaran por un proceso investigativo”, dijo Parra.

En junio de 2022, a un mes de haber renunciado como fiscal, el Departamento de Justicia ordenó la descalificación de Parra como abogada de defensa en un caso de asesinato contra dos integrantes de la organización criminal liderada por Delwin Berríos Navarro, alias “Tuntún”, a quien la agencia investigaba. El Ministerio Público alegó, entonces, que había “un enorme potencial de que hubiese tenido acceso a información confidencial y privilegiada” de pesquisas criminales, contó Parra, a preguntas del senador Ángel Toledo, quien también cuestionó su “temple” por sus pasadas publicaciones en redes sociales.

Minutos antes, el senador Juan Oscar Morales confrontó a Parra por “incongruencias” en sus respuestas al Senado respecto a la información que ha ofrecido a la prensa. De hecho, Morales solicitó a Rivera Schatz que la transcripción de las entrevistas que Parra dio a la emisora Magic 97.3 y El Nuevo Día forme parte del expediente.

“Fui una de las creadoras del Plan 100x35 (contra el narcotráfico)”, dijo la nominada a Morales. “Pero, en entrevista el 13 de enero, indicó a los periodistas de que usted no había participado en el 100x35″, repostó el legislador pepené. “Yo no puse en marcha el Plan 100x35, porque eso le correspondía a la Policía. Cuando dije que no participé, es que yo no participé en la puesta en vigor, pero sí en la creación del plan”, aclaró Parra.

Fue en el turno de Morales que Parra confirmó su intención de nominar a Siaca como subsecretario de Justicia. “En la vista de mi descalificación, nuestra argumentación al juez iba dirigida a que, si yo me tenía que inhibir, él también debía hacerlo, porque él había sido fiscal de crimen organizado”, indicó sobre su caso de 2022.

Reiteró, en tanto, que, durante el año que dirigió la División de Crimen Organizado y Drogas de Justicia, “nunca” se investigó a la organización criminal de “Tuntún”. Estas alegaciones ya habían sido rechazadas por Parra, en una reunión previa en el Capitolio.

“¿Qué les diría a las personas que nos están escuchando o nos están viendo sobre que usted fue incapaz de defenderse usted misma? ¿Cómo va a defender al pueblo de Puerto Rico, en el Departamento de Justicia, si fue incapaz de defenderme a sí misma?”, preguntó Morales.

“Lo que no hice fue afectar a mis compañeros. En una balanza de intereses, en ese momento, esa descalificación lo que significaba (para mí) era no ver un caso. Pero, para mis compañeros, significaba posibles represalias”, contestó Parra.

En un aparte con la prensa, la designada opinó que las entrevistas que Rivera Schatz hará a funcionarios de Justicia y la Policía serán positivas en su caso, ya que, “si no me ayudaran, no los mencionaría”.

A preguntas de la senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, Parra afirmó que la determinación del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que revocó el reconocimiento al derecho constitucional al aborto en 2022, también dejaría sin efecto el caso de Pueblo vs. Duarte Mendoza, que lo reconoce en Puerto Rico desde 1980.

“El caso de Dobbs v. Jackson cambió la normativa de que el aborto se veía como un derecho constitucional basado en la libertad o en el derecho a la intimidad. De esa manera, tenemos que decir que Pueblo v. Duarte queda derogado, en ese sentido. Sin embargo, legalmente en Puerto Rico, Duarte todavía no ha sido retado, pero el caso de Dobbs v. Jackson le da a la Asamblea Legislativa el poder de establecer la legislación que entiendan necesaria para la protección de la vida”, dijo Parra.

Su posición es contraria a lo interpretado por juristas especialistas en derechos reproductivos y aspectos constitucionales. Igualmente, es opuesta a la interpretación de su predecesor, Domingo Emanuelli, quien, incluso, defendió los derechos reproductivos de las mujeres en vistas públicas el pasado cuatrienio.

Cuando Rodríguez Veve le preguntó si, ante su perspectiva sobre la jurisprudencia de Pueblo v. Durarte Mendoza, procesaría a las personas que violenten el Código Penal, Parra respondió: “Eso es así. Ese es mi deber”.

“Mi opinión personal no puede ir contraria a la ley establecida y a la política pública”, respondió Parra a El Nuevo Día al preguntarle sobre su postura frente a los múltiples proyectos en contra del aborto ya presentados en la Asamblea Legislativa.

En su ponencia al inicio de la vista, la secretaria designada defendió que es “una mujer de fe” y que tiene las calificaciones necesarias y éticas para ser avalada. De hecho, líderes religiosos, como el sacerdote Carlos Pérez, se dieron cita a la audiencia para escuchar sus respuestas.

El Senado también examinó este sábado a los jefes designados de los departamentos de Corrección y Rehabilitación, Francisco Quiñones Rivera; y de Seguridad Pública, Arthur Garffer; y el procurador general, Omar Andino Figueroa. A partir de las 2:00 p.m., en otro panel, se atendería la nominación del secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales, Waldemar Quiles Pérez, y otros funcionarios.

La semana pasada, el presidente del Senado recalcó que no tenía “ninguna agenda” contra ninguno de los nominados que aún aguardan confirmación legislativa.