El presidente del consorcio Luma Energy, Juan Saca, tendrá que comparecer este miércoles ante la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes para rendir cuentas sobre la recuperación del sistema eléctrico que, a cinco días del paso cercano de la tormenta Ernesto por la isla, sigue enfrentando múltiples retos que mantienen a cerca de 60,000 familias sin servicio.

“Esto es inconsebible, pero lo peor del mundo es que no tenemos un gobierno que dé la cara por nosotros”, afirmó el alcalde de Comerío, Josian Santiago, quien en estas elecciones aspirará por un escaño al Senado bajo la insignia del Partido Popular Democrático (PPD).

“En este momento (el gobierno de Puerto Rico) se ha lavado las manos, nadie da cara, nadie da frente”, subrayó. “A uno le duele en el alma ver la gente con el desespero... una nevera (en una casa) donde no hay planta eléctrica ni panel solar, ya se dañó todo. No hay agua fría para refrescarse del calor que está haciendo”, señaló Santiago.

El presidente de la Comisión de Energía, el representante Jesús Hernández, recordó que tan reciente como el pasado 14 de junio, durante una vista pública, el presidente de LUMA alegó que la empresa estaba lista para enfrentar cualquier emergencia y que contaban con un inventario de $227 millones en piezas, distribuidas a través de 11 centros.

“Ciertamente, el sistema eléctrico del país está más deteriorado y es una muestra de que estamos peor que cuando pasó el huracán María. En esta información LUMA dice que tenía recursos internos de 4,500 empleados listos para atender la respuesta y 2,800 vehículos de flota. ¿Dónde está ese inventario?”, cuestionó el legislador durante una conferencia de prensa para anunciar la convocatoria.

La semana pasada, tras el paso del fenómeno atmosférico, surgió la información de que el consorcio podría contratar personal de Estados Unidos para ayudar en la recuperación del sistema eléctrico. Posteriormente, Saca confirmó el esfuerzo, pero insistió en que no creía que sería necesaria la movilización. “Aquí no ha habido consecuencias. Aquí no ha habido un gobierno central que haya atacado de frente la ineficiencia de LUMA...”, afirmó Hernández.

“Los trabajos de LUMA Energy como parte de la respuesta a esa emergencia demuestra una vez más lo que hemos estado diciendo por mucho tiempo y lo que se ha ido demostrando al cabo de estos pasados tres años, una gran improvisación, una falta de comunicación severa con nuestros alcaldes y alcaldesas y una incapacidad de tener un sentido de urgencia sobre su responsabilidad”, expuso, por su parte, el representante y candidato a la gobernación por el PPD, Jesús Manuel Ortiz.

Este contrato, dijo Ortiz, es evidencia de una “privatización fracasada, atropellada y que no tiene como norte un servicio efectivo para la gente”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Alcaldes, Luis Javier Hernández, sostuvo que, una vez más, la comunicación entre el consorcio y los alcaldes “fracasó”. Confirmó que se ha comunicado directamente con Saca durante la emergencia, pero al final no ha habido un sentido de urgencia.

“Juan Saca puede dar la cara, puede participar en muchas conferencias de prensa, pero Juan Saca no sabe nada del sistema energético. El es un hombre de negocios que preside una junta, que recibe un buen salario y que posiblemente tenga las mejores intenciones, pero este país no quiere escuchar de buenas intenciones”, señaló el también alcalde de Villalba.

Para Hernández uno de los asuntos medulares a cuestionar durante la audiencia pública es si LUMA apagó el sistema energético -como mecanismo para protegerlo- previo al paso más cercano de Ernesto y si alguna línea de transmisión sufrió daños críticos, datos que se no conocen con precisión al día de hoy, dijo. Toda esta situación reportada durante esta emergencia, agregó, reafirma la necesidad de fortalecer la estructuras municipales.

En Caguas, dijo su alcalde William Miranda Torres, aun hay 69 sectores sin energía, situación que describió como angustiante y frustrante. “En un escenario ideal tendríamos a un gobierno fiscalizando un contrato que sobrepasa ya posiblemente los $13,000 millones... esto raya en insensibilidad. Lo que estamos requiriendo, a todos los que se supone que estén fiscalizando este contrato, es que hagan lo suyo”, subrayó.

El alcalde popular señaló que, por su parte, la confianza con el consorcio se “perdió”, pues las brigadas, en ocasiones, nunca llegan, esto a pesar de falsas promesas. “Yo lo considero hasta una pérdida de tiempo, estar reuniéndome con ellos para decirme una cosa que nunca se ejecuta”, dijo Miranda Torres.