El Senado atendería mañana, jueves, por descargue y sin celebración de vistas públicas, una medida de la autoría del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, que –como han denunciado activistas de la comunidad LGBTQ+– permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basado en sus creencias religiosas.

Este miércoles, el vicepresidente del Senado, Carmelo Ríos, anticipó, además, la posible consideración del proyecto que crea la figura del zar de Energía, para acelerar la estabilidad y reconstrucción de la red eléctrica y fiscalizar su funcionamiento. Esta responsabilidad ya le fue designada por la gobernadora Jenniffer González al ingeniero Josué Colón.

La medida energética, al momento de esta publicación, no había sido radicada. “En los primeros 30 días, este Senado va a aprobar muchas, muchas medidas que estuvieron en la campaña, que ya son parte del plan del gobierno, porque ya no son promesas”, dijo Ríos a El Nuevo Día.

Por otro lado, el Proyecto del Senado 1, del que es coatura la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental que cobija a todo ciudadano, incluyendo a empleados y funcionarios de las tres ramas de gobierno y a los profesionales regulados y licenciados por el Estado, como abogados, trabajadores sociales y médicos, entre otros.

“Yo llevo aquí un tiempito ya, y no importa cuántas veces se radique (el proyecto de libertad religiosa), siempre va a haber grupos a favor o en contra. Esta discusión la llevamos hace más de 10 años. Es una cuestión de si va a hacer política pública o no, y lo es. Está en el programa de gobierno de nosotros”, recalcó Ríos.

“Habrá gente que diga: ‘no, pero queremos expresarnos’. ¿Otra vez? ¿Sobre un ‘issue’ que se adjudicó en una campaña?”, agregó el senador por Bayamón, al sostener que, aunque la libertad religiosa está protegida constitucionalmente, “hay unos ‘issues’ interiores que hay que trabajar”. El senador no detalló ninguno de esos “issues”.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, entidad que agrupa a más de 70 entidades que trabajan en defensa de la comunidad, promovió enmiendas a la medida entre senadores –de mayoría y minoría– para garantizar que no pueda ser utilizada para discriminar. Ningún legislador, al momento, se ha comprometido a presentarlas, dijo el presidente del grupo, Pedro Julio Serrano.

“Esto lo que demuestra es que lo que anticipamos que iba a pasar, pasó. Esta medida es totalmente diferente a lo que se ha presentado en el pasado, es mucho más amplia, mucho más vaga y muchos más peligrosa. Da una licencia para discriminar absoluta”, denunció Serrano, al catalogar como una “irresponsabilidad” que la propuesta no se discutida en vistas públicas.

Ríos ripostó que “no está cerrado” a la discusión de posibles enmiendas. “En la Cámara (de Representantes), no sé si ellos van a hacer otra cosa, si van a darle vista pública. Pero, en el caso del Senado, por lo menos, la mayoría hemos llegado a un consenso que sea una de las primeras medidas que se van a aprobar”, expuso.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño, María de Lourdes Santiago, también rechazó el proceder de la delegación del PNP, y sostuvo que se trata de una visión “muy torcida” de la responsabilidad que les delega el país a los funcionarios electos. Recordó, de paso, “que una tercera parte del país votó por una propuesta distinta a la del PNP”.

“Estamos hablando de algo que va a violentar no solo derechos ciudadanos, sino la dignidad de personas que buscan servicios del Estado. Hay que documentar mejor ese ejercicio, pero sabemos que no lo van a hacer porque reconocen la antijuridicidad del proyecto y las profundas injusticias que va a causar”, señaló Santiago.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, indicó que la agenda legislativa debería estar enfocada en las propuestas en común, como la eliminación del contrato de LUMA Energy. “Ese debería ser el punto más importante de la agenda legislativa”, expuso.

Añadió que confía en que el Proyecto del Senado 1 se abra a discusión pública, al tiempo que opinó que “gran parte” de las áreas abordadas “ya están reguladas”, y señaló que “parece que el PNP anda en campaña, en búsqueda del voto conservador y de Proyecto Dignidad”.