Una medida presentada por el presidente de la Cámara de Representantes, Carlos “Johnny” Méndez, para redefinir la “zona marítimo terrestre” (ZMT) fue cuestionada este jueves por el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) de dicho cuerpo legislativo, Héctor Ferrer Santiago, quien advirtió que la propuesta busca “allanar” el camino para “legalizar” situaciones que están siendo cuestionadas en La Parguera, Lajas.

La propuesta, según reza la exposición de motivos, tiene la intención de atemperar la definición de la ZMT contemplada en la “Ley de Muelles y Puertos de 1968”, (Ley 151-1968), así como en el Reglamento para el Aprovechamiento, Vigilancia, Conservación y Administración de las Aguas Territoriales, los Terrenos Sumergidos bajo éstas y la Zona Marítimo-Terrestre (Reglamento 4860) del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA).

“Estamos muy vigilantes al proyecto de la Cámara 25 y su trámite legislativo, que busca allanar el camino para legalizar situaciones que hoy son cuestionadas en La Parguera”, indicó Ferrer Ríos.

De acuerdo a la medida legislativa, es necesario “atemperar y esclarecer una definición de la zona marítimo terrestre que no menoscabe los derechos de titularidad que son constitucionalmente protegidos y permitir el disfrute tradicional de recreo por el público de la playa seca, entiende meritorio la aprobación de este proyecto de Ley”.

La “zona marítimo terrestre”, según contemplado tanto en la Ley 151-1968 y en el Reglamento 4860, es “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las mayores olas en los temporales en donde las mareas no son sensibles, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensibles las mareas”.

A pesar de que la definición es parte del Reglamento 4860, el mismo documento establece que la definición de la ZMT, según configurada en la Ley de Muelles y Puertos de 1968, “no responde a las necesidades contemporáneas de conservación y preservación”, argumentó el proponente de la medida en la exposición de motivos.

“El citado Reglamento 4860 establece claramente en el Artículo 17 que el mismo: …no podrá ser interpretado en forma y manera que perjudique o menoscabe derechos propietarios. Por lo tanto, ese Reglamento define la ZMT para poder regular el uso de esta zona en términos ambientales y de conservación, pero no establece el deslinde de titularidad", se argumenta en el proyecto de ley.

La medida presentada por el líder cameral redefiniría la ZMT como “el espacio de las costas de Puerto Rico que baña el mar en su flujo y reflujo hasta donde llega el mayor desplazamiento horizontal de la marea astronómica durante los equinoccios, en donde son sensible las mareas, y las mayores olas en los temporales ordinarios no ciclónicos en donde las mareas no son sensible, e incluye los terrenos ganados al mar y las márgenes de los ríos hasta el sitio en que sean navegables o se hagan sensible las mareas”.

“Lo anterior es sin perjuicio al disfrute tradicional por el público de las arenas de la playa hasta la línea de vegetación para fines no comerciales de recreo y esparcimiento”, dispone la medida. Asimismo, dispone una franja o vía general de 20 metros hacia el interior de la tierra para atender emergencias y otra, de seis metros, para la vigilancia del litoral.

El senador Eliezer Molina, advirtió que estará vigilante a la medida cuando -de ser aprobada- pase a la consideración de la Cámara Alta.

“Al presidente de la Cámara de Representantes, quien de pronto se ha atribuido las facultades científicas de entender lo que es la definición de la zona marítimo terrestre, sabemos por dónde viene y estamos aquí listos para debatir a cada una de las personas que en esa intentona permita que le roben a nuestro país”, dijo Molina al asumir un turno inicial durante la sesión del Senado.

La zona de La Parguera, en Lajas, ha estado en la mirilla pública luego que el designado secretario del DRNA, Waldemar Quiles Pérez, firmara una orden administrativa, a unas cuantas horas de su nominación, que dispuso archivar los casos relacionados con construcciones ilegales, entre ellos, el de una propiedad de los suegros de la gobernadora Jenniffer González.

“Ahora todo el mundo está comentando el tema y lo ve como de mayor preocupación, pero llevamos más de dos años en una lucha incesante en este campo y ninguno hizo mera mención. No quiero pensar que ven capital político y no han entendido que lo que estamos haciendo simplemente es luchando por el bien común y en contra de la agresión al medioambiente”, señaló Molina durante la sesión senatorial.

“El país los está mirando”, aseveró.