El director ejecutivo del Instituto de Cultura Puertorriqueña (ICP), Carlos Ruiz Cortés, tendrá 15 días laborables para responder a 27 requerimientos de información del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, relacionados con una medida de su autoría para transferir las funciones y bienes materiales del ente cultural al Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC).

El líder senatorial advirtió que, de no recibir la información, acudirá a los tribunales.

“Si no nos trae la información, lo vamos a llevar al tribunal y, cuando tengamos la información, lo vamos a traer aquí para que les responda a todos los senadores y nos diga qué ha hecho”, anticipó Rivera Schatz.

Este jueves, durante el inicio de los trabajos de la sesión, el presidente del Senado negó que la medida elimine el ICP y que represente un ataque a la custodia y preservación del patrimonio puertorriqueño. Sostuvo, además, que la entidad, bajo la administración de Ruiz Cortés, “ha fallado” en cumplir con sus obligaciones, y señaló que de lo único que se arrepiente es de no haber presentado la medida legislativa en su primera presidencia (2009-2012).

“Se ha tratado de politizar este issue por, sencillamente, querer lograr unas eficiencias y unas capacidades que, al día de hoy y por muchos años, el ICP ha demostrado que no tiene. De los museos que administra el ICP, la mayoría están deteriorados y otros cerrados. Las obras de arte que le toca custodiar están destruidas...”, expuso Rivera Schatz.

Opinó que el diseño y la estructura de la agencia, que data de 1955, está obsoleta, e insistió en que darán trámite al Proyecto del Senado 273, que dispone los cambios propuestos.

“No queremos que se regale, que se venda, nada de eso. Pero no podemos permitir que el diseño que hay hoy, que lleva en deterioro marcado y acelerado nuestro patrimonio, continúe”, añadió.

La petición requiere, entre otros aspectos, la entrega de un informe de los viajes realizados por Ruiz Cortés en los últimos cinco años, incluido el propósito de cada uno; los gastos incurridos y el personal que acompañó al director ejecutivo; y copia de los contratos o cualquier tipo de acuerdo con instituciones para el uso, préstamo o custodia de piezas, obras y artefactos.

El desglose del presupuesto de la agencia, desde 2018, incluidos los fondos federales asignados y obligados, también debe ser referido al Senado para su evaluación, junto al número de proyectos completados con fondos bajos las subvenciones CDBG-DR y CDBG-MIT.

“El ICP administra fondos públicos y bienes culturales de alto valor histórico para Puerto Rico. Como entidad responsable de preservar el patrimonio cultural y garantizar el uso eficiente de los fondos asignados, resulta imperativo que se provea información detallada sobre su gestión administrativa, presupuestaria y operativa”, lee parte de la “Petición de Información 2025-0005″.

El período de 15 días laborables comenzó a contar este jueves, luego que el pleno del Senado aprobó la petición de información. “Cuando tengamos esa información, yo quiero que aquellos que, de alguna manera, insinuaban que nosotros estábamos atentando contra la cultura, me digan: ¿quién es el que ha sido un irresponsable?”, afirmó.

Según la pieza legislativa presentada el lunes, la estructura actual del ICP no responde a las necesidades contemporáneas del sector cultural y del desarrollo económico. También cita como problema la burocracia, que ha retrasado la ejecución de obras de construcción y reconstrucción, debido al rol que juega la agencia en la gestión de ciertos permisos.

De aprobarse la medida, las funciones del ICP serían absorbidas por el Programa de Cultura Puertorriqueña, que estaría adscrito al DDEC.

La propuesta, sin embargo, ha recibido una férrea oposición, incluyendo la de Ruiz Cortés, quien sostuvo que la transferencia de las funciones del ICP a otra entidad, “en este caso, enfocada únicamente al desarrollo económico, pone en riesgo la preservación de nuestra rica historia y herencia cultural”.

La petición del líder senatorial incluye, asimismo, un desglose de los referidos realizados por el ICP a la Oficina del Contralor y la Oficina del Inspector General relacionados con irregularidades en contrataciones desde 2018, al igual que el detalle de las ayudas económicas otorgadas a artistas a través de los programas gestionados por la agencia, así como los criterios, montos y procedimientos.

Rivera Schatz exigió también el detalle de los grants o subvenciones federales solicitadas por el ICP para infraestructura desde 2018, un listado de todas las propiedades inmuebles bajo la tutela de la agencia, el inventario de las obras y otros bienes que custodia, y la cantidad de edificios u oficinas cerradas por daños del huracán María.

Requiere conocer, igualmente, cuáles fueron las medidas tomadas por el ICP en respuesta al colapso del techo del Fortín Mirasol, en Vieques, el total de visitantes registrados en las instalaciones de la agencia los últimos cinco años, los gastos relacionados con la elaboración de discos compactos de música y los contratos destinados a la celebración anual de La Campechada.

Los desembolsos por concepto de la producción del pódcast del ICP y todo lo relacionado con la evaluación y otorgamiento de permisos son datos que también deben ser referidos al Senado. “Yo no lo he conocido a él, pero he tenido la gran decepción de ver cómo los permisos allí mueren”, argumentó Rivera Schatz, al alegar que Ruiz Cortés ha ubicado “selectivamente” ciertas obras “para beneficiar otras personas”.

El senador independiente, Eliezer Molina, calificó de “pertinente” la solicitud de información presentada por el líder senatorial, pero, a su vez, describió como una “desgracia” que el patrimonio cultural del país pueda quedar en manos de una dependencia cuyo norte es solamente el desarrollo económico.

“Es incompatible, pero estaremos evaluando (la medida) para que el pueblo entienda la magnitud a lo que se enfrenta nuestra cultura”, expresó el senador durante un turno en el inicio de los trabajos.

“Hay que buscar eficiencia, no destrucción”, añadió Molina, al sostener que el ICP no ha hecho su trabajo adecuadamente.