La propuesta de presupuesto aprobada por la Asamblea Legislativa incluye cerca de $22 millones para la celebración de las elecciones del 5 de noviembre, una cifra que está casi $10 millones por debajo de la solicitada para el evento por la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE), Jessika Padilla Rivera.

Sin embargo, Padilla Rivera confirmó a El Nuevo Día que ya le pidió a la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) la transferencia de un sobrante de $7 millones –de los $29 millones que la CEE tenía asignados para el uso de tecnología en las primarias del 2 de junio– al presupuesto del próximo año fiscal, que se inicia el 1 de julio. De aprobarse la reasignación, dijo, el golpe en la reducción de fondos para los comicios generales sería menor.

Según la versión de presupuesto de la Asamblea Legislativa –que requiere la certificación de la JSF, una vez refrendada por ambas cámaras y por el gobernador Pedro Pierluisi–, la CEE contaría con $21.8 para para administrar las elecciones. De ese total, $1.6 millones serían para la contratación de empleados transitorios, $418,000 para “gastos operacionales”, $8.4 millones para “servicios comprados”, $2.2 millones para “gastos de transportación”, $662,000 para “servicios profesionales”, $1.1 millones para “gastos de financiamiento”, $3.3 millones para “materiales y suministros”, $3.1 millones para “anuncios y pautas” y $1 millón para consultoría. También, se incluyen $662,000 bajo “asignaciones englobadas”.

El presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Representantes, Jesús Santa, explicó que, en el caso de la CEE, se circunscribieron a los lineamientos de la JSF que, en una carta enviada al Ejecutivo, el pasado 16 de mayo, advirtió que las partidas solicitadas en el presupuesto fiscal 2024-2025, preparado por el gobierno, no estaban justificadas. Tras la misiva, la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) hizo unos ajustes, que fueron acogidos por la Legislatura.

“Si bien es cierto que no le dieron el dinero que ellos (CEE) pidieron, la picota mayor fue a nivel de nómina. En este caso, lo que hice fue que acepté los cambios que había sugerido la OGP porque, a su vez, eran cónsonos con nuestra línea”, señaló Santa.

El presupuesto global para la CEE, incluido en la versión de presupuesto de la Cámara, es de $59.7 millones. Durante su comparecencia a la Asamblea Legislativa, Padilla Rivera solicitó $73.9 millones. Entonces, estimó en $29 millones el costo de las elecciones generales.

“No veo un presupuesto conflictivo, en términos generales. Los cambios que hemos hecho en el pasado, ellos (JSF) básicamente los han mantenido y eso reduce la cantidad de ‘issues’ a discutir”, sostuvo el representante.

Opinó, además, que las “fallas” surgidas durante las primarias –como los tranques de las máquinas de escrutinio electrónico y la caída del portal desde donde se transmitían los resultados– no fueron resultado de una aparente falta de fondos. “El dinero que se les dio atendió las necesidades”, apuntó.

El lunes, la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista (PNP), Vanessa Santo Domingo, reclamó desembolsos adicionales para comprar cuatro máquinas –cada una a un costo aproximado de $120,000– que aceleren el conteo de votos para las elecciones.

Como un primer paso a la aprobación de un presupuesto balanceado y certificado por la JSF, la Cámara avaló el martes su versión de gastos con cargos al fondo general para el próximo año fiscal 2024-2025 ascendente a $13,062 millones, el “más alto” en la historia de Puerto Rico, de acuerdo con Santa.

La cifra es la misma dispuesta por la JSF, aunque la versión legislativa tiene ajustes en algunas partidas. Asimismo, como parte del intercambio de ideas que se anticipa en los próximos días con el Senado, Santa mencionó que esperan integrar otros cambios, entre estos, elevar de $200 mil a $3 millones la asignación de fondos para la operación de los Centros de Servicios Integrados a Menores Víctimas de Abuso Sexual (Cimvas).

Igualmente, espera que se permita –como está contemplado– el uso de unas cuentas de reserva de la OGP, de donde podrían salir los $9 millones para reforzar el programa de amas de llave en los municipios, el cual va dirigido, principalmente, a asistir a aquellas familias que proveen cuidado a una persona de edad avanzada.

Originalmente, la idea era obtener estos fondos reduciendo en un 10% la partida de nómina para empleados de confianza, pero la delegación del PNP de la Cámara se opuso y exigió su eliminación para votar a favor de la resolución presupuestaria.

En cuanto a la Universidad de Puerto Rico, Santa explicó que, además de la asignación de $500 millones dispuesta en la Ley 53 de 2021, la institución educativa recibirá una partida de $102 millones, tal como ocurrió en el presupuesto vigente. En esta ocasión, sin embargo, dichos fondos estarán ubicados en una cuenta de reserva.

La fecha límite para que el Senado avale el presupuesto es el próximo 14 de junio. De recibir enmiendas, regresaría a la Cámara para la aprobación de estos cambios. Para el 28 de junio, sin embargo, el documento debe estar refrendado por ambos cuerpos.