Una sede obsoleta y carente de mantenimiento, reducción en la empleomanía y la ausencia de tecnología que le permita estar a la vanguardia que exigen los tiempos son algunos de los desafíos que enfrenta el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos (DTRH), confirmó este miércoles la secretaria designada Nydza Irizarry Algarín.

A nivel de tecnología, mencionó que una de las “deficiencias más apremiantes” es la carencia de un módulo en el sistema de manejo de reclamaciones del Programa de Asistencia de Desempleo Pandémico (“Fast PUA”) que permita optimizar el recobro de los sobrepagos emitidos durante la emergencia.

“Actualmente, el sistema no genera automáticamente las notificaciones de recobro ni emite recordatorios de seguimiento, lo que dificulta la recuperación de estos fondos”, subrayó, al indicar que, para atender el asunto, trabajan en la implantación de una nueva plataforma, denominada “Delta”.

Durante una vista pública de la Comisión cameral de Hacienda –presidida por el representante Eddie Charbonier–, que evalúa el presupuesto del gobierno para el próximo año fiscal, Irizarry Algarín no pudo precisar a cuánto asciende el recobro de dinero pendiente por sobrepago o posible fraude al PUA.

Tras la vista, a petición de El Nuevo Día, detalló que ya se han recobrado $1,930,136.31 por ambos conceptos, mientras que la cantidad por recobrar totaliza $465,296,657.48.

La Oficina de Cómputos y Sistemas de Información (OCSI) –unidad administrativa responsable de la planificación, implantación y mantenimiento de los sistemas tecnológicos– no cuenta con presupuesto, sino que depende de fondos federales y estatales para mejoras y proyectos asignados a cada secretaría auxiliar.

“Uno de los mayores retos del DTRH es la falta de tecnología. En los últimos 30 años, el DTRH ha carecido de una infraestructura tecnológica a la vanguardia. Nuestros empleados han quedado rezagados en un sinnúmero de áreas debido a la falta de adiestramiento”, dijo Irizarry Algarín. “Es básicamente una oficina de ejecución y de apoyo”, expuso sobre la OCSI.

Al 25 de febrero, el DTRH contaba con 996 empleados. De estos, 962 están activos y 34, prerretirados, al amparo de una ley que permite al funcionario separarse de forma incentivada de su empleo antes que cumpla con la edad para jubilarse y cuya remuneración proviene de la partida de nómina de la agencia hasta que cumpla los 61 años.

Mientras, el número de vacantes asciende a 1,457. La titular designada tampoco pudo especificar a qué áreas corresponden dichos puestos ni cuántos son necesarios para garantizar el funcionamiento óptimo del DTRH. Sin embargo, identificó necesidades en las áreas de estadísticas y contribuciones.

“Hay una necesidad de empleados a través de todo el Departamento, y no es nada más a nivel central, también es a nivel de las regiones, donde hay necesidad de investigadores del área de beneficio al trabajo”, sostuvo.

Con la intención, precisamente, de crear una estructura organizativa más efectiva, Irizarry Algarín anticipó que promoverá la aprobación de una nueva ley orgánica para la agencia. La actual, aunque ha sido enmendada, es de 1931.

Respecto a la sede de la agencia, en Hato Rey, describió como “apremiante” la remodelación de los baños, la modernización de la sala de conferencias principal, la ejecución de un plan para el manejo de asbesto, el reemplazo de las unidades de aire acondicionado, el arreglo de los techos del estacionamiento y la compra e instalación de un generador eléctrico.

“El Departamento se encuentra en una etapa de un renacer. Los empleados están 100% comprometidos en lograr llegar a la meta. ¿Cuál es la meta? Queremos recuperar nuestro nombre. En los pasados años, sufrimos... y el sufrimiento fue, realmente, por falta de tecnología, adiestramiento y capacitación”, aseveró.

Para este próximo año fiscal 2025-2026, que inicia el 1 de julio, el presupuesto propuesto para el DTRH ascendería a $347.2 millones. A pesar de que representa una reducción de $36 millones respecto al vigente, Irizarry Algarín aseguró que “los recursos solicitados le permitirán gestionar de manera eficiente la política pública de la agencia”.

La partida presupuestaria no incluye un fondo para realizar mejoras permanentes a la oficina central de la agencia, confirmó el secretario auxiliar Luis Ruiz.

Durante la audiencia, la funcionaria indicó que 17 corporaciones públicas adeudan al DTRH poco más de $25 millones por concepto del Programa del Negociado de Conciliación y Arbitraje, que atiende diversas instancias, como alegadas violaciones de convenio colectivo.

Entre las corporaciones, algunas de las cuales mantienen deudas desde 2010, está la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), que no ha cumplido con el pago de $12.5 millones. La AEE, no obstante, está en medio de un proceso de quiebra.

De otra parte, el DTRH arrastra deudas ascendentes a $15 millones, principalmente, por concepto de las propuestas otorgadas bajo la Ley 52-1991, que apoya a los patronos privados y públicos en sus gestiones de reclutamiento y retención de talento.

En la vista pública, también participó el director de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Facundo Di Mauro, quien anticipó un presupuesto consolidado de poco más de $12.03 millones, de los cuales $6.05 millones estarían dirigidos al pago de nómina. De los $12.03 millones, $10.3 serían con cargos al Fondo General.

Di Mauro indicó que, en comparación con el presupuesto vigente, proyectan una reducción de $48,000, que impactan mayormente la partida de gastos operacionales.