La senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, presentó este jueves ante la Cámara Alta una petición de información para conocer el alcance del uso de fondos públicos destinados a promover los programas de diversidad, equidad e inclusión (DEI, en inglés) en el gobierno.

La solicitud surge en respuesta a la orden ejecutiva emitida, el pasado 20 de enero, por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, eliminando las iniciativas de DEI en agencias federales. Como resultado, todo el personal del programa fue puesto en licencia remunerada y, eventualmente, sería despedido.

Trump alega que los programas de DEI equivalen a la “discriminación” e insiste en restaurar la contratación estrictamente “basada en méritos”.

“Es esencial que garanticemos que los fondos públicos se utilicen de manera responsable, en respuesta a las necesidades de nuestra ciudadanía. Esta solicitud busca evaluar cómo se han manejado estos recursos y asegurar que las prioridades de nuestro gobierno estén alineadas con los principios de justicia, igualdad y eficiencia que la ciudadanía exige”, dijo Rodríguez Veve en declaraciones escritas.

Según la senadora, el DEI ha sido un intento del Estado para usar el andamiaje gubernamental “para promover la corriente ideológica de la ideología de género”. “Aquí, lo que se está buscando es limpiar el gobierno de esa corriente ideológica y que no se utilice el poder del gobierno para promover unas ideas particulares e ideologías sobre la sexualidad humana”, agregó, en un vídeo colgado en sus redes sociales

La solicitud va dirigida a los departamentos de Estado, Justicia, Educación, Salud, Seguridad Pública, Rehabilitación Correccional, Vivienda, Desarrollo Económico, Trabajo y Recursos Humanos y a la Oficina de la Procuradora de Mujeres.

“Es imperativo, por lo tanto, conocer cuántos programas e iniciativas de DEI existen en el gobierno de Puerto Rico y si se están utilizando fondos locales o federales para su implementación”, señaló.

Las agencias deberán proveer información detallada sobre el uso de fondos públicos relacionados con iniciativas, programas y actividades de DEI llevadas a cabo entre 2014 y 2024. Esto incluye un desglose específico de los programas financiados, las cuantías asignadas, las organizaciones involucradas y cualquier medida adoptada para seguir los lineamentos de la orden ejecutiva emitida por la actual administración federal.

Mientras grupos conservadores han elogiado la determinación de Trump, otros sectores han advertido que la eliminación de estos programas debilita la inclusión laboral, lo que podría tener repercusiones durante años.

Los jefes de agencia, si se aprueba la petición por el pleno del Senado, tendrían 15 días laborables para remitir la información.