La senadora Joanne Rodríguez Veve, de Proyecto Dignidad, presentó nuevamente un proyecto de ley para establecer un protocolo en el que se requiera la autorización del padre, madre o custodio legal de una menor de 15 años o menos para poder terminar un embarazo.

El protocolo propuesto requiere, entre otras cosas, que los proveedores de salud realicen “un referido inmediato” al Departamento de la Familia (DF), aun cuando el tutor legal o progenitor haya prestado su consentimiento informado para el aborto. Además, requiere que se documenten los datos de identificación de la persona que autorice la terminación de embarazo de la menor.

La exposición de motivos establece, como el propósito de la legislación, que el Estado se asegure “que la menor sea guiada, ayudada y acompañada por quienes tienen el deber de procurar su bienestar” y para “prevenir y combatir el abuso sexual de menores”.

“Mientras una menor pueda realizarse un aborto sin el conocimiento de, al menos, uno de los progenitores, las niñas y jóvenes continuarán siendo presas fáciles de quienes saben que pueden abusar sexualmente de ellas y forzarlas a abortar sin que nadie se dé cuenta”, argumenta la medida.

Como excepciones a la aplicación del protocolo, el proyecto considera cuando el aborto sea necesario para salvar la vida de la menor o cuando esta verbalice “que el embarazo fue causado por su progenitor o tutor legal”. En estos casos, el centro de salud debe asumir custodia de emergencia de la menor y hacer el referido al DF.

El lenguaje de la medida es prácticamente idéntico al que Rodríguez Veve ha empleado en legislación previa, particularmente en el Proyecto del Senado (PS) 495, que fue aprobado, en junio de 2024, por la Cámara alta.

De hecho, esta nueva pieza incluye datos de una investigación del Departamento de Justicia, durante la evaluación del PS 495, que señala que dos de las 67 menores –de 15 años o menos– que abortaron entre 2018 y 2022, en las clínicas autorizadas, fueron víctimas de agresión sexual.

Pese a que se había eliminado del original, el proyecto recién radicado incluye una cláusula de emergencia médica. En cambio, dejó fuera un artículo relacionado con el proceso judicial alterno, en el que una menor podía solicitar que un juez le permitiera abortar sin el consentimiento de sus padres.

Aunque el PS 495 no se convirtió en ley, el Departamento de Salud, por petición de Rodríguez Veve, enmendó el reglamento que rige las clínicas de terminación de embarazo para requerir la autorización del padre, madre o persona encargada para realizar un aborto en personas de 15 años o menos.

No obstante, con esta nueva legislación, se estipularía por ley lo que establece el reglamento y se extendería a otros centros de salud. Según el texto de la medida, el protocolo debe implantarse en “clínicas, centros, hospitales que cuenten con centro de terminación de embarazos y médicos que realicen este tipo de procedimientos”.

En la discusión, el PS 495 fue ampliamente criticado por grupos defensores de los derechos reproductivos y por la comunidad médica, debido a que no atiende los embarazos de adolescentes ni las agresiones sexuales, que suelen perpetrarse por personas del círculo familiar o cercano de los menores.

Para la ginecóloga obstetra Yarí Vale Moreno, quien dirige una clínica de aborto en San Juan, el nuevo proyecto –como el anterior– es “discriminatorio”, ya que el protocolo solo aplica cuando se va a terminar un embarazo y no para el cuidado ginecológico de un embarazo que se va a llevar a término.

“Si realmente y genuinamente ella quisiera ayudar a descubrir los casos de violación e incesto, definitivamente, hubiera contemplado una ley más abarcadora, donde no fuera solamente para los abortos, como lo está haciendo y es bastante discriminatorio, sino también para los casos de adolescentes embarazadas que prosigan sus embarazos”, dijo Vale Moreno.

La doctora destacó, también, que el proyecto “choca” con la realidad de las menores embarazadas en Puerto Rico, pues la mayoría de ellas llevan sus embarazos a término y no abortan.

“He tenido pacientes de 16 años, que han parido a los 12 y 14, que me han dicho que, en ningún momento dado, se les preguntó quién era el corresponsable del embarazo”, ejemplificó.

Según datos de Salud, en 2023, ninguna paciente de menos de 15 años abortó. No obstante, hubo cuatro nacimientos en ese mismo rango de edad. En el caso de las adolescentes de 15 a 19 años, 1,134 llevaron a término su embarazo, frente a 315 que abortaron.

Tres de las cuatro clínicas que proveen terminaciones de embarazos en Puerto Rico ya no atienden a pacientes de 15 años o menos.

A Vale Moreno, le preocupa que haya un aumento en los abortos clandestinos o que se hagan sin indicación médica, lo que pueda desembocar en una situación similar a la que experimenta Texas, donde la mortalidad materna aumentó tras la prohibición casi total del aborto. A nivel de Estados Unidos, el número se sitúa en 11%, según un análisis del Gender Equity Policy Institute.

“Para mí, (la legislación) pone en un estado de más vulnerabilidad a esta población y con más problemas de salud”, aseguró.