Como un “esquema fríamente deliberado” describió este martes la senadora del Partido Independendentista Puertoriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, la cadena de eventos que culminaron en la excarcelación indebida de Hermes Ávila Vázquez, convicto por el asesinato de Ivette Joan Meléndez Vega, a quien le arrebató la vida el pasado 21 de abril.

Alexis Rodríguez Rivera, gerente de Investigaciones del Departamento de Corrección y Rehabilitación (DCR), presentó este martes, ante la Comisión de Iniciativas Comunitarias del Senado, los hallazgos de una pesquisa interna sobre los hechos que rodearon la liberación de Ávila Vázquez al amparo de la Ley 25-1992, que permite el egreso de pacientes de sida y de otras enfermedades terminales. Ávila Vázquez, de 53 años, alegó paraplejia.

“La información que se presenta hoy (martes) no es sobre negligencia, no es sobre irresponsabilidad. Si las alegaciones recogidas en su informe, tras la entrevista que le hace a Hermes Ávila, son correctas, estamos hablando de un esquema fríamente deliberado para gestionar la liberación de una persona, proceso que culminó en un terrible asesinato”, sostuvo la legisladora.

Los hallazgos, dijo Rodríguez Rivera, fueron referidos al Departamento de Justicia, al igual que el contenido “íntegro” de la entrevista que se le realizó a Ávila Vázquez. “Decidimos someterla íntegramente al Departamento de Justicia porque las alegaciones que él estaba realizando en su entrevista, muchas de ellas, eran alegaciones que pueden ser asuntos de investigación criminal”, senaló el funcionario.

Entre las alegaciones de Ávila Vázquez, estaba una supuesta promesa de excarcelación si retiraba unas demandas que mantenía contra la empresa Physician Correctional, que administra el sistema de salud carcelario. Asimismo, denunció que un médico le inyectaba una sustancia que le provocaba la pérdida de movilidad de la cintura hacia abajo por entre seis a siete horas para que pudiera pasar los exámenes médicos a los que era sometido en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado y en Centro Médico.

Esta información, según lo declarado por Ávila Vázquez, era conocida por médicos del panel, así como por la supervisora de Enfermería del DCR y por el sargento que lo transportaba a las citas, dijo Rodríguez Rivera.

En el documento, también se hace constar –en la página 109– que el contenido de algunas de las entrevistas realizadas a médicos y empleados de Corrección eran inconsistentes con el testimonio que vertieron para récord ante la Legislatura.

Específicamente sobre el DCR, la pesquisa evidenció fallas en el área de supervisión, así como en la investigación comunitaria que se realiza previo a conceder una libertad condicional. Igualmente, personal de la agencia erró al no evaluar adecuadamente quién era el recurso familiar de Ávila Vázquez y sus intenciones. “Lo que el pueblo de Puerto Rico puede concluir de este informe es que aquí ha habido un mal funcionamiento de arriba a abajo en el sistama de corrección...”, expuso el senador por el Movimiento Victoria Ciudadana, Rafael Bernabe.

Durante la vista pública, Francisco Méndez, abogado principal del DCR, reclamó que el documento no se distribuyera, más allá de los miembros de la comisión legislativa, al advertir que contiene información que podría afectar el proceso administrativo que se lleva a cabo contra ocho empleados de la agencia que podrían ser destituidos si se confirma que violentaron leyes y reglamentos durante este proceso.

El senador del Partido Nuevo Progresista (PNP) Thomas Rivera Schatz se opuso a esa petición, pero su posición no fue apoyada por la mayoría del organismo legislativo, razón por la cual el portavoz novoprogresista prefirió no aceptar que se le entregara copia. “Las medidas cautelares que se quieran tomar, pues es una decisión de la mayoría de la Comisión. Yo daría el informe tal cual fue sometido”, argumentó.

El informe incluye, además, una serie de recomendaciones, entre ellas, evaluar la continuidad del contrato que mantiene Physician Correctional para la prestación de servicios médicos a la población penal por haber sido “negligente” y “prescindir” de los doctores que integraron el panel médico que evaluó a Ávila Vázquez.

Rodríguez Rivera, sin embargo, no pudo certificar si los doctores se mantienen en sus cargos ni si el informe fue referido por el Departamento de Justicia al Colegio de Médicos Cirujanos para su análisis, como propone el documento.

“En las entrevistas que les tomamos a los doctores, hubo unas incongruencias… que demostraron que ellos no examinaron el paciente personalmente”, aseveró Rodríguez Rivera, quien reconoció que, de haberse utilizado los criterios de la Ley 25-1992, Ávila Vázquez no hubiera quedado en libertad.

Una auditoría a cargo de la empresa UTI Corp, y cuyos hallazgos fueron incluidos en el informe, constató inconsistencias en la documentación de los expedientes médicos de Physician Correctional, discrepancias en las evaluciones y la ausencia de evidencia que confirmara los diagnósticos hechos a Ávila Vázquez y que dieron paso a su excarcelación.

La reevaluación de las cláusulas del contrato, según la página 104 del informe, permitirá que el DCR tenga la certeza de que la empresa cumple con las leyes y reglamentos aplicables, con las dispociones del acuerdo y con ofrecer un servicio de calidad a la poblacional penal.

“La evidencia, en este caso, demuestra que los médicos contratados por Physician Correctional que compusieron el comité para la salida de este confiando no realizaron esfuerzo alguno por conocer la totalidad de la información médica que debieron examinar para formalizar recomendaciones”, lee el informe, citado por el senador José Vargas Vidot, presidente de la comisión senatorial.

Rodríguez Rivera sugirió, además, desarrollar nueva reglamentación para aclarar que el pase extendido al amparo de la Ley 25-1992 no cobija a quienes presenten condiciones limitantes o incapacitantes, ya que, según los hallazgos de la pesquisa interna, ese beneficio se ha otorgado “erróneamente” debido a que el estatuto lo que exige es una prognosis de vida corta.

“Las condiciones limitantes no están contempladas en la Ley 25-1992″, aseveró el funcionario, que también propuso, en el informe, limitar los grados de consanguinidad del recurso familiar a tomarse en consideración al concederse el beneficio.