El secretario designado del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Waldemar Quiles Pérez, reveló este martes que la orden administrativa que firmó legalizando el estatus de decenas de estructuras enclavadas en el litoral de La Parguera, en Lajas, fue redactada por el asesor legal de la agencia Samuel Acosta, y rechazó que la directriz archive automáticamente las querellas bajo evaluación.

En una Comisión Total del Senado, Quiles Pérez aseguró que la orden fue redactada por Acosta, quien también dirige la Oficina de Oficiales Examinadores, a petición del exsubsecretario Robert Méndez. Añadió que solo le tomó dos horas evaluar el documento y que fue el único de los asuntos pendientes ante su consideración, entre otros cuatro, que firmó al asumir las riendas del DRNA, el 9 de enero.

“Para mí, dos horas no es algo corto, yo he estado en ambientes agresivos y hostiles donde he tenido que tomar decisiones en un corto tiempo”, argumentó.

Y, “con Dios de testigo”, aseguró que no recibió una directriz directa de la gobernadora Jenniffer González, ni de ninguna otra persona cerca a la mandataria, para firmar la orden, que, según el lenguaje directo en su inciso F, archiva los casos relacionados con construcciones ilegales en La Parguera. Precisamente, entre los casos que podrían detenerse, está la investigación que el DRNA realizaba contra los suegros de González por presunta construcción ilegal y daños en la reserva natural.

“Hay quienes han tratado de decir o insinuar que yo firmé esta orden administrativa con la intención de favorecer personas particulares, cuestionando los motivos detrás de firmar la orden en un ataque directo a mi integridad”, fueron parte de las primeras expresiones del nominado, quien tuvo 10 minutos para expresarse antes de someterse a las preguntas de los senadores y senadoras.

“Estas imputaciones no son correctas. Mis actuaciones responden única y exclusivamente a concretar un esfuerzo institucional de décadas, que la agencia que me fue encomendada enfrenta… una situación crítica, una verdadera emergencia ambiental”, añadió.

La Comisión Total inició puntual, a las 10:00 a.m. De inmediato, Quiles Pérez alegó que la orden va dirigida a proteger los recursos naturales de la reserva y detener actividades ilegales, como la construcción de nuevas estructuras. Casi culminado el intercambio, se comprometió a enmendar el lenguaje en el inciso F, para dejar claro que “nunca” se pretendió el archivo automático de los asuntos contemplados en la directriz.

“Rompimos la inercia. Hoy, hay un marco legal claro para los residentes y visitantes de La Parguera”, expuso. “Básicamente, aquello era el viejo oeste, ahora tenemos control”, agregó el titular designado, quien estuvo acompañado del asesor en Asuntos Legislativos de La Fortaleza, Carlos Rivera Justiniano.

Quiles Pérez, con más de dos décadas de servicio en la milicia, dijo que aceptó el cargo luego de recibir una llamada de Ángel Cintrón, director político de la pasada campaña de González y presidente del Partido Republicano de Estados Unidos en Puerto Rico, ofreciéndoselo. Reveló, además, que estuvo sobre el tintero la posibilidad de dirigir la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia, que “paga mucho más”.

A preguntas del senador independentista Adrián González y de la popular Ada Álvarez, alegó no recordar si había sometido su resumé al portal habilitado por el gobierno para reclutar funcionarios. “Mi resumé está en tantos sitios…”, respondió.

A pesar de que, en el inciso F, la orden administrativa dispone el archivo de casos, Quiles Pérez negó que el lenguaje implique engavetar automáticamente las querellas ante el DRNA.

Aseguró que los oficiales examinadores de la agencia tienen que evaluar las querellas pendientes –incluyendo la de los suegros de la gobernadora– para determinar si, en efecto, procede la aplicación de la orden en controversia y, por ende, su archivo.

“Ellos (oficiales examinadores) tienen que evaluar el caso. Lo que pasa es que, en la forma en que está escrita (la orden), es para los oficiales examinadores. Es una forma que ya ellos conocen”, señaló el nominado, a preguntas del presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

“¿Dónde está la salvedad que diga o que plantee que (la orden) les aplicará a algunos y a otros no, dependiendo de la evaluación de los oficiales examinadores?”, cuestionó el líder senatorial. “No está en la orden, porque es parte del proceso interno”, respondió Quiles Pérez.

El lenguaje incluido en la orden lee: “Se ordena a la Oficina de Oficiales Examinadores y Jueces Administrativos el archivo de los casos relacionados a los asuntos establecidos en la presente orden administrativa por convertirse académicos”.

Sobre los suegros de la gobernadora, Quiles Pérez dijo que conoce del caso por lo que ha transcendido “en la prensa”. Alegó que no analizó ninguna de las querellas pendientes a adjudicación previo a firmar la directriz y desconocía que sus acciones podrían beneficiar a los familiares de la mandataria.

Cuestionado por el portavoz del Partido Popular Democrático, Luis Javier Hernández, expresó que no consultó el contenido y alcance de la orden con la Oficina de Ética Gubernamental, el Departamento de Justicia ni el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos. Tampoco preguntó si, en el DRNA, había opiniones legales sobre el tema.

“Es una prerrogativa y es parte de las facultades del secretario firmar órdenes administrativas”, señaló, durante el intercambio con Hernández.

En un último intercambio con Rivera Schatz, Quiles Pérez se comprometió a “corregir” el lenguaje en el inciso F de la orden, y aseguró que no “archivará livianamente” el caso de los suegros de la gobernadora.

“El pueblo de Puerto Rico, por lo que usted ha dicho, puede esperar lo siguiente: que usted no va a archivar el caso de los suegros de la gobernadora livianamente, que se va a atender como cualquier otro caso de los que están pendientes allí y que, si tuviera alguna violación de ley y correspondiera hacerle alguna disposición de multa conforme a la ley, usted lo haría”, afirmó Rivera Schatz. “Eso es correcto”, respondió Quiles Pérez.

Rivera Schatz no entró en los méritos de si el nominado cuenta o no con los votos necesarios para su confirmación, aunque afirmó que “podría haber consecuencias si no cumple con lo que dijo”.

Para el senador independiente Eliezer Molina, sin embargo, lo que procede es la derogación de la orden, ya que, a su juicio, lo que dispone “es que los suegros de la gobernadora pueden tener una propiedad privada en un espacio público” y generar ingresos por concepto de renta.

“Esto es una estrategia del PNP (Partido Nuevo Progresista) para decir que ellos hicieron que se enmendara. Aquí, lo que es grave es que se le está dando legitimidad a que un privado pueda tener uso exclusivo y único de un espacio público. Eso es incestuoso”, puntualizó Molina.

Señaló, además, que el borrador de la orden administrativa que se trabajó en diciembre no incluía el inciso en controversia. El legislador le solicitó al presidente del Senado que convoque al licenciado Acosta, un reclamo sobre el que Rivera Schatz dijo: “lo consideraremos”.