Pese a reconocer que los policías municipales merecen beneficios adicionales, el Departamento de Seguridad Pública (DSP) y la Asociación de Alcaldes se opusieron este miércoles a una medida legislativa que propone ampliar las facultades y los deberes del Cuerpo de la Policía de los Gobiernos Municipales por el impacto fiscal que conllevaría su implantación y por no contar con un plan financiero “realista”.

“Al evaluar la medida, hay unas áreas que necesitan la pericia de las agencias (económicas) sobre el impacto fiscal que conllevaría implementar lo que propone. Por otra parte, no podemos tener oposición a que los policías municipales se les conceda mayores beneficios, porque son merecedores de ellos. Ponen en riesgo sus vidas y trabajan a la par con la Policía estatal”, dijo la licenciada Omara Arias Nieves, del DSP, tras una vista pública de la Comisión de Asuntos Municipales de la Cámara de Representantes para evaluar el Proyecto de la Cámara 139.

En tanto, la directora ejecutiva de la Asociación de Alcaldes, Verónica Rodríguez Irizarry, expuso, mediante ponencia, que aumentar las responsabilidades a los policías municipales requeriría más personal, crear unidades especializadas e implicaría gastos en logística y otros recursos. Agregó que las compensaciones y los beneficios económicos, como la extensión de pensiones y becas a familiares, recaerían en las finanzas municipales, ya debilitadas en muchos casos.

Rodríguez Irizarry exhortó a la Asamblea Legislativa a que “cualquier medida que impacte directamente las finanzas municipales venga acompañada de una asignación de fondos clara y sostenible”.

“Si los municipios deben asumir estos costos sin financiamiento adicional, habría que hacer ajustes en otras áreas críticas como el mantenimiento de infraestructura, servicios sociales y programas comunitarios”, indicó la representante de la organización que reúne a los alcaldes populares.

Por su parte, el inspector Rubén Moyeno Cintrón, de la Asociación de Comisionados Policías Municipales de Puerto Rico, exhortó a la Asociación de Alcaldes a reevaluar su postura y analizar el proyecto de ley desde “la justa perspectiva”. “El impacto económico no va a ser a diario, ya que lo que estamos pidiendo es ayuda para aquellos familiares de compañeros que fallezcan en el cumplimiento del deber”, argumentó.

El Proyecto de la Cámara 139 fue radicado por el representante Angel Morey Noble y propone enmiendas al Código Municipal de Puerto Rico para ampliar las facultades y deberes del Cuerpo de la Policía de los Gobiernos Municipales, entre estas, aumentar el radio de acción investigativa, añadir facultades para atender delitos graves y otorgar más beneficios económicos a los uniformados.

Entre las enmiendas al Código Municipal (Ley 107-2020), la medida propone que se permitan acuerdos colaborativos con el Negociado de la Policía para que se creen unidades especializadas en la Policía Municipal.

Al respecto, Arias Nieves expuso que el Negociado cuenta con unidades especializadas en las que los policías reciben un adiestramiento especial y que no son regionalizadas, sino que atienden casos a nivel isla. El Artículo 3.022 del Código Municipal dispone, entre otras cosas, que la jurisdicción de la Policía Municipal es limitada. Sin embargo, el proyecto bajo discusión no presenta ninguna enmienda en cuanto a la jurisdicción de estos cuerpos.