Al filo de culminar sus labores legislativas del cuatrienio, el Senado aprobó a viva voz la Resolución Conjunta de la Cámara 649, que permite la evaluación y posible adopción del Plan de Desarrollo Maestro para el uso de los terrenos de la Antigua Estación Naval de Roosevelt Roads, en Ceiba.

Al momento de esta publicación, sin embargo, seguía siendo incierto el futuro de los 24 nombramientos sometidos por el gobernador Pedro Pierluisi para el consejo y consentimiento del Senado, aunque todo apuntaba a que no todos los designados serían confirmados, según anticipó la gobernadora electa, Jenniffer González.

“Sobre los nombramientos, conversé con los senadores de mi colectividad, al igual que con el presidente entrante del Senado, (Thomas Rivera Schatz). Mostré mi... Hay unos nombramientos en los que no tengo preocupación. Hay otros en los que sí tengo reparos y la delegación del Senado así lo ejecutará”, afirmó más temprano el martes en conferencia de prensa, a preguntas de El Nuevo Día.

Pierluisi enmendó, la semana pasada, la convocatoria a la sesión extraordinaria para incluir 24 nombramientos: 14 renominaciones de jueces, dos ascensos de fiscales y ocho nuevos nombramientos. En el caso de las renominaciones, estas responden a cargos que ocupan jueces cuyos términos expiraron o expiran antes del 31 de diciembre.

Los ocho nuevos nombramientos incluyen a seis jueces, un registrador y un miembro de la Junta de Subastas de la Administración de Servicios Generales (ASG), designación recomendada por la Oficina del Contralor, según requerido en ley.

El portavoz alterno de la delegación del Partido Nuevo Progresista (PNP) en el Senado, Carmelo Ríos, había señalado que estaban dispuestos a considerar las renominaciones, no así designaciones nuevas. En ese caso, dijo previamente a El Nuevo Día, la prerrogativa debe ser de la gobernadora entrante.

La sesión, aunque convocada para la 1:00 p.m., inició dos horas más tarde. A las 6:00 p.m., aún no había habido acción sobre las designaciones.

Al tomar un turno en defensa de la aprobación de la medida en torno a Roosevelt Roads, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau, explicó que la resolución le ordena a la Junta de Planificación y a la Oficina de Gerencia de Permisos a que actúen de una vez y por todas sobre el plan de uso de la antigua base naval de 2011; y rechazó que allí se contemplen proyectos que pongan en riesgo áreas de alto valor ambiental.

“Este modelo o plan de desarrollo económico lleva 20 años en tratarse de encaminar”, argumentó.

El Plan de Reúso se actualizó en abril del 2010 para identificar las áreas que se dedicarían a conservación y, en cuanto a las que serían objeto de desarrollo, reorientar el enfoque, reflejar los cambios del mercado y redirigir las estrategias para promover actividad económica para la zona. Establece, además, medidas de transición entre las áreas de conservación y desarrollo, llamadas zonas de amortiguamiento y conectividad.

“Allí no se va a llevar a cabo ninguna construcción en ningún área protegida ni en ningún lugar que esté cerca a la costa. Todos los proyectos, toda la zonificación contemplada allí está muy distante de lo que es el área de la costa”, expuso Aponte Dalmau.

“¿Qué allí va a haber proyectos de residencias lujosas? Sí. Pero va a haber un balance”, alegó.

La medida contó con la oposición de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago; de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el Senado, integrada por Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassen, y del legislador independiente José Vargas Vidot.

Santiago, por su parte, señaló que la medida merecía un análisis más cuidadoso y amplio ante los riesgos que puede presentar su aprobación para la conservación de zonas naturales.

“Este no es el tipo de proyecto para considerarse en el último día de sesión del cuatrienio y que lo mínimo que se le debe a las comunidades... Es un ejercicio legislativo más completo y más responsable”, expuso la legisladora del PIP.

Al ser aprobada sin enmiendas, la medida -que ya contaba con el aval de la Cámara- pasa ahora a la firma del gobernador saliente Pedro Pierluisi.

La semana pasada, el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Ángel Matos, había calificado de “riesgoso” posponer la aprobación de la medida, ya que –entre otras cosas– podría retrasar el inicio del proyecto y provocar la salida del grupo interesado en desarrollar los terrenos de la antigua base naval.

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*La reportera Gloria Ruiz Kuilan colaboró en esta historia.