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14 de febrero de 2025 - 8:45 PM
El Senado aprobó este jueves, con 24 votos a favor, una medida que, de convertirse en ley, aumentaría las penas en los delitos de explotación financiera contra personas de edad avanzada o con diversidad funcional.
“La explotación financiera de nuestros viejitos, ya sea mediante la malversación de fondos, la enajenación de bienes o la negación de acceso a sus recursos, es un delito que debe ser castigado con severidad”, expresó el senador Carmelo Ríos, autor de la medida, tras su aprobación.
Actualmente, el uso indebido de fondos de un adulto mayor se clasifica como delito menos grave si la cantidad apropiada es de hasta $2,500 y como delito grave si supera esa cifra. Sin embargo, la enmienda propuesta busca reducir el umbral a $500.
“En los casos en que la cantidad de fondos, activos o propiedad mueble o inmueble envueltos en la explotación financiera de un adulto mayor o persona con impedimento, sea mayor $500, el ofensor incurrirá en delito grave”, es el lenguaje propuesto en la medida.
El Proyecto del Senado (PS) 113 dispone, asimismo, una pena fija de reclusión de tres años en los casos en los que la cantidad de fondos apropiados sea mayor de $500, pero menor de $10,000. En aquellas instancias en las que el monto sobrepase los $10,000, la reclusión será por un término fijo de ocho años.
El Código Penal no contempla pena de reclusión en este delito.
La medida, según Ríos, responde a la creciente preocupación por el aumento de casos de fraude y explotación financiera que afecta a una de las poblaciones más vulnerables de la sociedad: los adultos mayores.
Para 2023, el Departamento de la Familia registró 653 referidos por explotación financiera, y 421 referidos en 2022.
“Se espera que esta medida contribuya significativamente a la protección de los adultos mayores, asegurando que quienes intenten aprovecharse de su vulnerabilidad enfrenten las consecuencias correspondientes”, sostuvo Ríos.
El PS 113 pasa ahora a la consideración de la Cámara de Representantes y, de ser aprobada, a la firma de la gobernadora Jenniffer González. De hecho, la Cámara ya tiene ante su consideración una medida legislativa que, al igual que la aprobada en el Senado, busca enmendar el Código Penal para aumentar las penas en los delitos de explotación financiera de personas de edad avanzada.
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