Pese a las alertas levantadas por la Red Nacional de Albergues de Violencia de Género, el Senado dio paso este martes a una medida de la gobernadora Jenniffer González que permitiría la construcción y operación de refugios para sobrevivientes de violencia machista a través del modelo de alianzas público-privadas (APP).

El Proyecto del Senado (PS) 430, que ahora pasa a la consideración de la Cámara de Representantes, recibió 20 votos a favor y seis en contra.

“Vamos a dejar que el proyecto siga su curso en el espacio de la Cámara y vamos a estar atentas a lo que ocurra”, reaccionó, de inmediato, Coraly León, presidenta de la Red Nacional.

En una entrevista previa, León compartió varias preocupaciones con el PS 430, como que se justifique la iniciativa alegando que los albergues no tienen la capacidad administrativa para realizar el trabajo que han venido haciendo por más de cuatro décadas de forma ininterrumpida.

El grupo, asimismo, entiende que el modelo de APP es incompatible con los servicios que se ofrecen en los albergues, que son manejados por entidades sin fines de lucro, y señalaron que la medida no aborda cuál será la estructura operacional de estos espacios y si su operación dependería de la asignación de fondos estatales.

Este último aspecto, según la Red Nacional, también podría provocar una reducción en el dinero que reciben actualmente estas instituciones a través del Estado. Algunas de las entidades que operan albergues en la isla compiten anualmente por donativos legislativos o reciben asignaciones a través de agencias receptoras de fondos federales, como la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) y el Departamento de Justicia.

Tras hacer públicos sus argumentos, el grupo se reunió en La Fortaleza con Thais Reyes, asesora de la gobernadora. El encuentro, sostuvo León, resultó muy productivo. “Ella entendió nuestros argumentos y quedó en poder revisar los mismos para poder evaluar las próximas acciones, pero fue una reunión bien positiva y productiva”, expresó este martes.

Asimismo, mencionó que recientemente se reunió con el presidente y vicepresidente de la Comisión de Gobierno de la Cámara, Víctor Parés y Eddie Charbonier, respectivamente, con quienes abordó posibles enmiendas que, a su juicio, harían viable la medida. León explicó que la propuesta de las organizaciones va dirigida a enmendar la pieza y redirigirla a la construcción de vivienda asequible para las víctimas de violencia de género. Actualmente, uno de los mayores escollos que sufren las sobrevivientes en su ruta a la independencia es, precisamente, la escasez de inventario de viviendas.

De otra parte, durante los trabajos legislativos, se informó que la gobernadora devolvió para reconsideración de la Asamblea Legislativa el PS 350, que prohíbe los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género en personas menores de 21 años.

El Nuevo Día intentó obtener una reacción de mandataria sobre las razones para la devolución, pero, al momento de esta publicación, no hubo respuesta.

Y aunque entre los legisladores consultados tampoco hubo respuestas, este medio supo que la movida respondió a la intención de insertarle enmiendas técnicas a la medida. “No es nada controversial”, aseguró un legislador.

El PS 350, además de prohibir los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género en personas menores de 21 años, impide el financiamiento de los tratamientos hormonales con fondos públicos, que tampoco podrían utilizarse para “promover, asistir o avalar” las cirugías de afirmación.

Las intervenciones prohibidas incluyen los tratamientos hormonales –que se emplean en algunas transiciones de género–, como bloqueadores, progesterona, estrógeno o testosterona. Asimismo, se suprimirían las cirugías que “modifiquen o eliminen órganos sexuales con el objetivo de alterar su función biológica natural, así como intervenciones destinadas a alinear la apariencia física de un menor con una identidad distinta a su sexo biológico”.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico ha condenado la aprobación de esta medida, así como el PS 1 para “proteger” la libertad religiosa.