Tres días después que fuera presentado, el Senado aprobó este lunes -por descargue y sin discusión pública- el proyecto de ley de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, para establecer un protocolo que requiera la autorización del padre, madre o custodio legal de una menor de 15 años o menos para poder terminar un embarazo.

Para el presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, la inercia respecto a la medida no era “alternativa”. “Yo no sé cuál es la confusión que puedan tener otros compañeros. Es tan sencillo como si usted está a favor que se les notifique a los padres o no está a favor... ¿Es demasiado pedir, compañeros? ¿De verdad?”, señaló el presidente legislativo en la sesión.

“La medida no impone una determinación a la joven. La medida no le impone una carga. Sencillamente, (le requiere a) un menor de edad, que uno de sus padres pueda enterarse y consentir por un menor que no tiene la capacidad para consentir”, agregó.

El protocolo propuesto requiere, además, que los proveedores de salud realicen “un referido inmediato” al Departamento de la Familia (DF), aun cuando el tutor legal o progenitor haya prestado su consentimiento informado para el aborto, así como que se documenten los datos de identificación de la persona que autoriza la terminación del embarazo de la menor.

“Este proyecto refuerza la obligación que tienen las clínicas de aborto de referir todo caso de menor de 15 años o menos al Departamento de la Familia, pero, además, amplía la norma establecida”, expuso Rodríguez Veve durante el debate, al cuestionar las “excusas” de compañeros legisladores para no avalar la propuesta.

El Proyecto del Senado 297 recibió el voto en contra del senador independiente, Eliezer Molina, así como de los legisladores del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago y Adrián González. El portavoz del Partido Popular Democrático (PPD), Luis Javier Hernández Ortiz, y la senadora penepé Nitza Morán se abstuvieron.

Durante la discusión legislativa, la medida recibió varias enmiendas. La primera de ellas, presentada en sala, dispuso una multa de $25,000 y reclusión fija de tres años a cualquier persona que, mediante el uso de fuerza, coacción, amenaza o violencia física, obligue a una menor embarazada someterse a un aborto.

Asimismo, se aprobaron otras dos enmiendas para que todo caso que involucre a un menor sea referido al Departamento de Justicia y para que, previo a la entrega del formulario de consentimiento, la menor sea entrevistada por un consejero profesional certificado a los fines de confirmar o descartar que haya sido víctima de agresión sexual por parte de su progenitor, acompañante o tutor legal.

La senadora novoprogresista Roxanna Soto Aguilú, quien propuso esa última enmienda, también sugirió -y se acogió- que sea obligatorio recopilar estadísticas para documentar la asistencia de las menores a las clínicas de aborto, hasta tanto cumplan la mayoría de edad.

“Este tema se ha politizado a tal nivel que, cuando lo discutimos, empezamos a hablar de liberales versus conservadores, cuando de lo que debemos hablar es de la vida de una niña que, a sus 15 años, en virtud del derecho vigente en Puerto Rico, ha sido violada”, señaló el senador penepé Ángel Toledo.

“Creo en la vida y creo en los derechos reproductivos de la mujer, que no es lo mismo que creer en el aborto. Creo que la realidad que este proyecto presenta, más allá de traducirse a un apoyo o no por el aborto, es la defensa de una niña que ha sido violada”, argumentó Toledo.

Como excepciones a la aplicación del protocolo, el proyecto considera cuando el aborto sea necesario para salvar la vida de la menor o cuando esta verbalice “que el embarazo fue causado por su progenitor o tutor legal”. En esos casos, el centro de salud debe asumir custodia de emergencia de la menor y hacer el referido al DF.

El lenguaje de la medida es prácticamente idéntico al que Rodríguez Veve ha empleado en legislación previa, particularmente en el Proyecto del Senado (PS) 495, que fue aprobado, en junio pasado, por la Cámara alta.

Esta nueva pieza legislativa incluye datos de una investigación del Departamento de Justicia, realizada durante la evaluación del PS 495, que señala que dos de las 67 menores –de 15 años o menos– que abortaron, entre 2018 y 2022, en las clínicas autorizadas, fueron víctimas de agresión sexual.

Pese a que se había eliminado del original, el proyecto recién radicado incluye también una cláusula de emergencia médica. En cambio, dejó fuera un artículo relacionado con el proceso judicial alterno, en el que una menor podía solicitar que un juez le permitiera abortar sin el consentimiento de sus padres.

Aunque el PS 495 no se convirtió en ley, el Departamento de Salud, por petición de Rodríguez Veve, enmendó el reglamento que rige las clínicas de terminación de embarazo para requerir la autorización del padre, madre o persona encargada para realizar un aborto en personas de 15 años o menos.

Grupos defensores de los derechos reproductivos y la comunidad médica han cuestionado la intención legislativa debido a que no atiende los embarazos de adolescentes ni las agresiones sexuales, que suelen perpetrarse por personas del círculo familiar o cercano de los menores.

“Si el gobierno considera que una menor tiene la capacidad de hacerse cargo de una vida, asumiendo una maternidad que no desea, también debe reconocerle la capacidad suficiente para tomar una decisión distinta, no solo sobre su cuerpo, sino sobre su propia vida”, señaló Santiago.

Hernández Ortiz insistió en que la medida –radicada el 31 de enero– debió ser atendida en vistas públicas y consignó su abstención por no tener todos los elementos necesarios para pasar juicio.

Al respecto, Rivera Schatz calificó el tema como “trillado” y dijo que se ha “discutido a la saciedad”. Aseguró, además, que, a la vista pública, hubieran asistido “los que siempre se oponen con los mismos argumentos y los que siempre la favorecen con los mismos argumentos”. “Una vista pública no va a cambiarle la mente a nadie, eso es un acto de hipocresía”, afirmó el presidente del Senado.

Según datos de Salud, en 2023, ninguna paciente de menos de 15 años abortó. No obstante, hubo cuatro nacimientos en ese mismo rango de edad. En el caso de las adolescentes de 15 a 19 años, 1,134 llevaron a término su embarazo, frente a 315 que abortaron.

Tres de las cuatro clínicas que proveen terminaciones de embarazos en Puerto Rico ya no atienden a pacientes de 15 años o menos.

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Valeria María Torres Nieves colaboró en esta historia.