Tras dos horas de discusión y ante unas gradas repletas de detractores y defensores, el Senado aprobó este jueves –como se anticipaba– el proyecto de ley que, según algunos sectores, permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basado en sus creencias religiosas.

Mientras, en una movida inesperada, poco después, la Cámara alta también aprobó –por descargue y sin vistas públicas– la medida que prohíbe los tratamientos hormonales y cirugías de afirmación de género en personas menores de 21 años. El Proyecto del Senado (PS) 350, que no fue discutido en el pleno, recibió 22 votos a favor y dos en contra.

Sobre el PS 1, también llamado de “libertad religiosa”, su autor y presidente senatorial, Thomas Rivera Schatz, afirmó: “Este proyecto se va a convertir en una ley, y habremos, de este modo, cumplido la palabra empeñada con el pueblo de Puerto Rico que nos eligió, porque de eso se trata; sin quitarle nada a nadie, sin atropellar a nadie, pero, obviamente, sin ceder y sin claudicar a las cosas en las que creemos”.

“Puerto Rico comienza a retomar la ruta correcta de los principios, de los valores, de la sensatez, de la prudencia, de la justicia con todos los sectores, y este es uno de los proyectos que mueve esa agenda que tenemos”, agregó, en defensa de la pieza.

El PS 1 fue aprobado con 18 votos a favor, incluyendo el del senador José Luis Dalmau, del Partido Popular Democrático (PPD).

Se expresaron en contra la delegación del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), integrada por María de Lourdes Santiago y Adrián González; el senador independiente, Eliezer Molina, y la senadora Ada Álvarez Conde, del PPD. El portavoz popular, Luis Javier Hernández, se abstuvo.

Según Rivera Schatz, el PS 1 tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental que cobija a todo ciudadano en diversos contextos, incluyendo a empleados de las tres ramas de gobierno, y establece remedios legales para aquellas personas que entiendan se les ha coartado esa garantía.

Asimismo, se reconoce el derecho de los padres, en el caso de una epidemia, “a negarse que sus hijos sean vacunados y de reconocer que el Estado no puede imponer multas o penas de cárcel a los padres que, por sus creencias religiosas, no quieran inmunizar a sus hijos.

“El proyecto deja (establecido) claramente que, en una circunstancia donde no haya ningún otro remedio, va a prevalecer siempre el deseo de servir y de atender la necesidad de un ciudadano. ¿Qué más cristiano que eso?”, argumentó Rivera Schatz.

La senadora de Proyecto Dignidad y coautora del PS 1, Joanne Rodríguez Veve, señaló, por su parte, que la medida no solo busca “delinear el alcance del derecho a la libertad religiosa, sino los límites del Estado ante el mismo”. Negó que el espíritu del proyecto sea promover el discrimen.

“Nadie se va a quedar sin recibir los servicios por parte del gobierno, más claro, imposible. Pero, en la medida en que se pueda garantizar el ofrecimiento de estos servicios y, a la misma vez, garantizar un acomodo razonable para aquella persona que lo pide, al amparo de la libertad religiosa, se deben hacer ambas cosas”, expuso.

Aunque se abstuvo de la votación, Hernández, del PPD, sostuvo –durante el debate– que el PS 1 “abre puertas para la discriminación”, pese a que sus propulsores afirman lo contrario.

“Nuestra Constitución establece que la dignidad del ser humano es inviolable y que todos somos iguales ante la ley. Sin embargo, esta medida, so pretexto de nuestras creencias religiosas, utiliza el lenguaje y lo abre para la discriminación”, señaló.

“El que les diga a ustedes que este proyecto es para trabajar o atender el asunto de la vacunación es un hipócrita, como decía Jesús. Esto tiene ramificaciones más serias”, añadió.

Hernández indicó que, si bien la pieza dispone, en la Sección 16, que nada de lo dispuesto podrá ser utilizado para discriminar y negar servicios a las personas “por motivo de edad, raza, sexo, ideas políticas o religiosas, origen étnico, orientación o cualquier otra clasificación”, el lenguaje “choca con otras disposiciones”, como las incluidas en la Sección 5.

Específicamente, el inciso 4 de la Sección 5 establece que “el derecho a la libertad religiosa comprende tanto el derecho de actuar, así como el de abstenerse de actuar, conforme a las creencias religiosas que se ostentan”.

El portavoz popular cuestionó, asimismo, que, como parte de las enmiendas, se eliminó de la Sección 16 que no se puede discriminar a las personas por razón de “identidad de género”, lo que, a su juicio, deja establecido que “hay una intención de avalar el discrimen hacia ciertos grupos poblacionales”.

De otra parte, el lenguaje dispuesto en la Sección 17 ordena a los patronos públicos buscar “acomodos razonables” previo a que surjan situaciones conflictivas en los lugares de trabajo y, de esta forma, evitarles a los ciudadanos “vejámenes, vergüenzas y pérdidas de tiempo”.

“Digan la verdad, esto no es para el que se vaya a vacunar, esto es porque si yo, por mi creencia religiosa, no quiero darle el servicio a usted, pues, yo puedo hacerlo y me tienen que dar un acomodo razonable”, argumentó Hernández. “¿Qué mejor evidencia, de que esto abre al discrimen, que esa disposición que ustedes incluyen ahí?, aseveró.

Otro de los “riesgos” de la pieza, dijo Hernández, es que “pone las creencias religiosas por encima de las políticas de salud pública colectivas y de servicio al público”. La medida, sostuvo, elimina lenguaje de la Ley 25-1983 para eximir a los menores de edad de la vacunación durante una pandemia, como fue el caso de la emergencia por COVID-19.

En tanto, Molina señaló que el PS 1 lo que procura es “complacer unos sectores en busca de votos” y, “mientras eso ocurre, que el que no piense como usted, pase al olvido”.

Durante su mensaje al pleno, el senador independiente relató cómo, de niño, su primo fue víctima de agresiones por parte de su padre por ser gay. A los representantes de la comunidad LBGTQ+ presentes en las gradas, les pidió disculpas “por todo el discrimen y las agresiones que tienen que soportar por culpa de la ignorancia de un sector que, lamentablemente, nos gobierna”.

La Federación LGBTQ+ de Puerto Rico condenó la aprobación de la pieza, y reclamó a la Cámara de Representantes que no le dé paso, pero que celebre vistas públicas para que se conozca su alcance.

“Esta medida abre la puerta para que los servidores públicos usen la excusa de su libertad religiosa para que se puedan negar a atender a ciudadanos que van a buscar servicios al gobierno. Como si fuera poco, las profesiones reguladas por el Estado estarían inmunes de acciones en su contra si se niegan a atender a alguien. Esto pondría en peligro las vidas de personas que dependen de los servicios ofrecidos por estos profesionales. Esto es inaudito”, puntualizó Pedro Julio Serrano, presidente de la organización.