La Comisión de Innovación, Reforma y Nombramientos del Senado atenderá este miércoles una medida de la autoría del presidente del cuerpo, Thomas Rivera Schatz, que, como han denunciado activistas de la comunidad LGBTQ+, permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basándose en sus creencias religiosas.

El Proyecto del Senado 1 tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental que cobija a todo ciudadano, incluyendo a empleados y funcionarios de las tres ramas de gobierno y a los profesionales regulados y licenciados por el Estado, como abogados, trabajadores sociales y médicos, entre otros.

Asimismo, revive legislación –que ha sido descartada en el pasado– que abordaría regulaciones sobre la vacunación compulsoria y el alcance de sanciones a padres o madres que opten por no inmunizar a sus hijos.

Según el calendario del Senado, en la vista pública, participarán cuatro paneles, dos de los cuales están integrados en su totalidad por representantes de organizaciones de base de fe. Iniciará a las 10:00 a.m., en el Salón Leopoldo Figueroa.

El primer turno es para el Departamento de Salud y el Departamento de Educación, seguidos por un segundo panel integrado por el sacerdote Carlos Pérez, el presidente de la Fraternidad de Iglesias Pentecostales (FRAPE), Moisés Román; el pastor Otoniel Font, del Concilio Fuente de Agua Viva; y el licenciado Magdiel Narváez, de la Iglesia Sendero de la Cruz.

Un tercer panel estará integrado por el Colegio de Abogados y el contador público autorizado José Rosa, por el Sínodo Presbiteriano de Borinquen. Mientras, el último turno será de Puerto Rico por la Familia, la Iglesia Avance Internacional, la Asociación Iglesia Bautista del Sur y la Iglesia Adventista de Puerto Rico.

El activista Pedro Julio Serrano, presidente de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico, indicó que solicitaron turno para participar de la audiencia pública, pero nunca hubo respuesta por parte de la Comisión, presidida por Rivera Schatz. “Nuestra petición es que se extiendan las vistas, que no sea un solo día y que se le dé espacio a las organizaciones que se oponen a esta medida”, señaló.

“Nuestro panel, integrado por miembros del consejo asesor, va a estar allí y nos gustaría que se nos diera una oportunidad para participar de la vista. No queremos pensar que son unas vistas pro forma, sino que se va a escuchar también nuestra posición a esta medida tan peligrosa”, afirmó Serrano.

La Federación ha sostenido que la legislación propuesta le da inmunidad a las profesiones reguladas por el Estado, ya sea los médicos, los abogados, los trabajadores sociales, para que no puedan atender a una persona, basándose en sus creencias religiosas.

El Nuevo Día intentó obtener expresiones de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, coautora de la medida presentada por el presidente del Senado, pero no fue posible. También, aparecen como coautores de la pieza legislativa las senadoras del Partido Nuevo Progresista (PNP) Brenda Pérez y Karen M. Román.

Tanto las delegaciones del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP) como del Partido Popular Democrático (PPD) habían expresado su interés de que la medida, radicada el 2 de enero, se abriera a discusión pública, ante la posibilidad de que se atendiera por el mecanismo de descargue.

“Estamos hablando de algo que va a violentar no solo derechos ciudadanos, sino la dignidad de personas que buscan servicios del Estado. Hay que documentar mejor ese ejercicio”, dijo, entonces, la portavoz del PIP, María de Lourdes Santiago.

Su homólogo por el PPD, Luis Javier Hernández, opinó, también, que “gran parte” de las áreas abordadas en la medida “ya están reguladas”, y señaló que “parece que el PNP anda en campaña, en búsqueda del voto conservador y de Proyecto Dignidad”.