El Senado de Puerto Rico aprobó esta noche 17 de los 24 nombramientos presentados por el gobernador Pedro Pierluisi para evaluar durante la sesión extraordinaria, luego que el primer ejecutivo retirara seis de sus designaciones originales y la Cámara alta no considerara la nominación de Aixa Pérez Mink a la Junta de Subasta de la Administración de Servicios Generales (ASG).

El Senado, sin embargo, refrendó otras cuatro designaciones que fueron traídas ante la consideración del pleno por el portavoz del Partido Nuevo Progresista (PNP), Thomas Rivera Schatz, al amparo de la sección 47.3 del Reglamento de la Cámara alta.

Entre los nombramientos retirados por el gobernador, están el de la jefa de los fiscales, Jessika Ivelisse Correa, a un cargo como fiscal de distrito; y los abogados Fernando Figueroa Santiago y Sariely De Lourdes Rosa, ambos como jueces superiores. La misma suerte corrieron Joaquín Manuel del Río, Luis León Freire y Angelique Marie Rodríguez Amadeo, quienes había sido designados como registradores de la Propiedad.

Las nuevas designaciones traídas a la consideración del pleno por el presidente entrante del Senado fueron las de Margie Rebecca Rosario y Magalie Patricia Sánchez Martínez para comisionadas asociadas de la Comisión Apelativa de Servicio Público; y las de Rosario Toro Chiqués y Alex López Echegaray, los dos a la Junta de Subastas de la ASG.

La Sección 47.3 dispone que, “en caso de que el gobernador designare a una persona para un cargo que requiera el consejo y consentimiento del Senado, el Cuerpo, aun cuando el gobernador no hubiere sometido tal nominación, podrá considerar dicho nombramiento cuando tuviere conocimiento del mismo y de que la persona designada está ejerciendo el cargo en cuestión”.

Originalmente, la delegación del PNP en el Senado había dicho que no les daría paso a nuevas designaciones, pero al final del día refrendaron la nueva designación del licenciado Isaías Sánchez Báez, como juez del Tribunal de Apelaciones, y de las también abogadas Mayté Flores Morales, Luisa María Torres Ramírez y Glorimar Lamboy, todas como juezas superiores.

En la convocatoria original a la sesión extraordinaria, el gobernador había incluido 10 proyectos de ley y resoluciones. El Senado solo aprobó, el lunes, la Resolución Conjunta de la Cámara 649, medida que viabilizaba la adopción del Plan de Reúso de la Antigua Estación Naval de Roosevelt Roads de 2004 y actualizado en 2010 como el Plan de Desarrollo Maestro de los terrenos de la Estación Naval.

“Esta resolución... lo que busca es ordenar a la Junta de Planificación y a la OGPE (Oficina de Gerencia de Permisos) a que actúen de una vez y por todas sobre el plan de uso de Roosevelt Roads de 2011″, puntualizó el portavoz del Partido Popular Democrático (PPD) en el Senado, Javier Aponte Dalmau. “Este modelo o plan de desarrollo económico lleva 20 años en tratarse de encaminar”, agregó.

El Plan de Reúso se actualizó en abril del 2010 para identificar las áreas que se dedicarían a conservación y, en cuanto a las que serían objeto de desarrollo, reorientar el enfoque, reflejar los cambios del mercado y redirigir las estrategias para promover actividad económica para la zona. Establece, además, medidas de transición entre las áreas de conservación y desarrollo, llamadas zonas de amortiguamiento y conectividad.

“Allí no se va a llevar a cabo ninguna construcción en ningún área protegida ni en ningún lugar que esté cerca a la costa. Todos los proyectos, toda la zonificación contemplada allí, está muy distante de lo que es el área de la costa“, expuso Aponte Dalmau.

“¿Qué allí va a haber proyectos de residencias lujosas? Sí. Pero va a haber un balance”, alegó.

La medida contó con la oposición de la portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago; de la delegación del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) en el Senado, integrada por Rafael Bernabe y Ana Irma Rivera Lassen, y del legislador independiente José Vargas Vidot.

Santiago, por su parte, sostuvo que la medida merecía un análisis más cuidadoso y amplio ante los riesgos que puede presentar esta medida en la conservación de zonas naturales. “Este no es el tipo de proyecto para considerarse en el último día de sesión del cuatrienio y que lo mínimo que se le debe a las comunidades...es un ejercicio legislativo más completo y más responsable”, expuso la legisladora del PIP.

Al ser aprobada sin enmiendas, la medida -que ya contaba con el aval de la Cámara- pasa ahora a la firma del gobernador saliente.

La semana pasada, el portavoz del PPD en la Cámara de Representantes, Ángel Matos, había calificado de “riesgoso” posponer la aprobación de la medida, ya que –entre otras cosas– podría retrasar el inicio del proyecto y provocar la salida del grupo interesado en desarrollar los terrenos de la antigua base naval.