Sin la celebración de vistas públicas, por descargue y sin el consejo de las organizaciones que trabajan por los derechos de las sobrevivientes de violencia de género, el Senado confirmó este lunes a Astrid Piñeiro Vázquez como nueva Procuradora de las Mujeres.

La portavoz del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), María de Lourdes Santiago, cuestionó el trámite que se le dio al nombramiento de Piñeiro Vázquez, nominada al cargo el pasado 19 de marzo.

“En momentos tan críticos para la situación de las mujeres, donde se ha convertido en un evento terriblemente común la reseña de casos de violencia, por no hablar de otras experiencias de falta de equidad, pensaríamos que la Procuraduría de las Mujeres debería estar dirigida por una persona... vinculada expresamente a la lucha de las mujeres puertorriqueñas”, expuso la senadora pipiola.

Piñeiro Vázquez había sido confirmada previamente por el Senado como directora ejecutiva de la Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec). La trayectoria de Piñeiro Vázquez incluye la dirección de la Comisión de la Mujer en el Senado y trabajar en la oficina congresional cuando Jenniffer González era comisionada residente.

Tras la designación de la licenciada como procuradora de las Mujeres, líderes feministas afirmaron que desconocían la trayectoria de Piñeiro que la califique para el puesto que, tras ser confirmada, ocuparía por una década.

El nombramiento de Piñeiro se dio, según expertas entrevistadas por El Nuevo Día, sin consultar a las organizaciones de mujeres, contrario a lo que instruye la Ley 20-2001, que creó la OPM.

Particularmente, la Ley 20 detalla que la procuradora debe ser “una mujer de reconocida capacidad profesional e independencia de criterio, que se haya distinguido por su compromiso en la defensa de los derechos de las mujeres, en la lucha por la eliminación de todas las manifestaciones de opresión, marginación y discrimen”. Asimismo, debe haberse destacado por respetar las diferencias y estar dispuesta a “hacer un análisis continuo de la situación de las mujeres desde una perspectiva de género”.

La senadora del Partido Popular Democrático (PPD), Ada Álvarez Conde, cuestionó que el nombramiento haya sido atendido sin discusión pública y acusó a la mayoría legislativa y a la administración de González de “politiquear” con el asunto.

“Aquí han politizado hasta en algo tan sencillo que lo están viendo como las batallas de los sexos. La violencia a las mujeres no es un problema de mujeres, es un problema de política pública, es un problema de salud pública y el que quiera politiquear con las mujeres debe considerarlo, porque somos la mayoría”, expuso.

“Le han fallado a las mujeres. No es momento de seguirles fallando. No dudo que hoy vayan a tener los votos y, como les dije, fuera de este momento, a quien le fallan es a la razón por la cual fue creada esa Oficina”, sostuvo la senadora popular.

La senadora del Partido Nuevo Progresista (PNP), Roxanna Soto Aguilú, en tanto, defendió la designación de Piñeiro Vázquez y cuestionó el aparente doble discurso sobre las credenciales de la nominada, que fueron reconocidas por los legisladores durante su designación al Odsec, pero no así por su nominación a la OPM.

“¿Quién mejor que Astrid Piñeiro para que sea la procuradora de las Mujeres?”, cuestionó.

Según Soto Aguilú, la OPM ha demostrado ser “polarizante y está “estigmatizada”. A su juicio, la ley habilitadora de la OPM “necesita ser escrita nuevamente desde cero porque no es inclusiva cuando habla de la protección de los desventajados y a los derechos humanos”.

“¿Por qué no tenemos una procuraduría de hombres?... en lo que se ha convertido la imagen de la procuraduría de la Mujer es, básicamente, como si fuera un frente contrarrevolucionario de la administración del gobierno de Puerto Rico. A eso nos hemos minimizado, pero esa no es la visión de la licenciada Astrid Piñeiro", expuso Soto Aguilú.

“Me gusta saber que va a entrar a ser procuradora de la Mujer, una mujer que no es revolucionaria, es contrarrevolucionaria”, señaló.

Durante la sesión ordinaria del Senado también fue confirmada la predecesora interina de la OPM, la licenciada Madeline Bermúdez Sanabria, como jueza superior del Tribunal de Primera Instancia.

Mientras, Ángel Jiménez Colón fue confirmado como comisionado del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (Nmead), y Roberto Lefranc Fortuño como nuevo director la Oficina de Desarrollo Socioeconómico y Comunitario (Odsec).