El Senado avaló este jueves seis nuevos nombramientos de la gobernadora Jenniffer González, entre estos, el de Federico Stubbe González como miembro de la Junta de Directores de Puerto Rico como Destino (DMO, en inglés) y el de la jueza Leila Rolón Henrique al Panel sobre el Fiscal Especial Independiente.

Asimismo, fueron avalados el doctor Germain Rodríguez, a la Junta de Licenciamiento y Disciplina Médica; la doctora Maruja Santiago, a la Junta de Gobierno de la Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles; y los fiscales Luis Castro Rossó y Thais Reyes Serrano.

Mientras, la Cámara de Representantes dio paso a tres medidas que, de una manera u otra, inciden en la aplicación de la Ley 54 de Violencia Doméstica. Entre estas, está el Proyecto de la Cámara 96, que busca imponer “de manera no discrecional” el requisito de supervisión electrónica en todos los delitos relacionados con la violencia machista.

“Se establece como política pública del Estado Libre Asociado (...) que en todo caso donde se autorice la libertad bajo fianza luego de una determinación de causa probable, se imponga de manera no discrecional, como condición de la fianza, la instalación y utilización de la supervisión electrónica a todos los imputados de la comisión de cualquier delito tipificado en la Ley 54″, lee la medida.

Según un análisis de la Asamblea Legislativa y distintas agencias, la Ley 99-2009, conocida como la “Ley para Crear el Programa de Vigilancia, Protección y Prevención de Violencia Doméstica”, imponía el uso de grillete solo para ciertos delitos.

El Proyecto de la Cámara 95, por otra parte, está dirigido a asegurar la aplicación de la Ley 217-2006, que requiere el desarrollo de protocolos para manejar las situaciones de violencia doméstica en los lugares de empleo. A pesar de que la legislación fue promulgada hace casi dos décadas, no hay constancia de su aplicación, según la Comisión cameral de Asuntos de la Mujer.

El cumplimiento de la Ley 217-2006 fue delegada a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de Puerto Rico (OSHA-PR), pero ni el portal electrónico de esta dependencia ni de la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM) contienen estadísticas relacionadas con cumplimiento.

De convertirse en ley, la OPM y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos vendrían obligados a publicar, en sus portales, las estadísticas sobre las intervenciones con los patronos. Dichos datos deberán incluir información sobre el cumplimiento con los adiestramientos requeridos por ley, planes correctivos y número de intervenciones en situaciones de violencia doméstica en el empleo.

La OPM, asimismo, tendría que levantar un informe con el perfil de las víctimas de violencia doméstica en el lugar de empleo y las situaciones más comunes que se generan dentro de estos espacios. El documento tiene que incluir también recomendaciones sobre nueva política pública.

La otra medida avalada fue el Proyecto del Senado 86, que enmienda la Ley 54-1989 a los fines de incluir en la definición de violencia doméstica el maltrato de animales y la amenaza de causarles daño como conductas constitutivas de dicho delito.

A pesar de que desde 2022, a través de la Ley 57, el maltrato de animales y la amenaza de causarles daño es una conducta constitutiva de violencia de género, nunca se actualizó, a tales efectos, la definición de violencia doméstica contenida en la Ley 54.