El Senado derrotó a viva voz este jueves la medida de la senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, que eliminaba el Fondo de Mejoras Municipales (FMM), conocido como el “barrilito”, y redirigiría esos recursos a favor de los policías jubilados.

La senadora lamentó la decisión de la mayoría legislativa de atender el Proyecto del Senado 353 sin discusión y sin auscultar posibles enmiendas, lo que entiende revela la falta de voluntad política “para tocar el tema del barrilito” y, por lo tanto, la defensa de su “permanencia” tal como está.

“Este proyecto no estaba escrito en piedra. Es decir, incluso, públicamente planteé que el mismo podría ser trabajado y enmendarlo si se entendía que ese dinero se podía redirigir a otros fines”, señaló tras la votación.

La delegación del Partido Independentista Puertorriqueño consignó su voto a favor de la medida, que fue radicada el pasado viernes. La senadora Marially González, del Partido Popular Democrático (PPD), expresó su rechazo.

El proyecto de ley hubiese enmendado el Código de Rentas Internas (Ley 1-2011) y, en su lugar, crearía el Fondo para Aportación al Fideicomiso para el Retiro de la Policía.

El Fondo de Mejoras Municipales es un pote de dinero que se nutre de una aportación del Impuesto sobre Ventas y Uso y está a la disposición de los legisladores por distrito para que asignen partidas a entidades sin fines de lucro y gobiernos municipales.

La pieza legislativa, además, delegaba en la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal la responsabilidad de certificar mensualmente el balance acumulado en el Fondo para Aportación al Fideicomiso para el Retiro de la Policía. Luego de esa certificación, el Departamento de Hacienda debía remitir a ese nuevo fondo la cantidad acumulada.

“No cuestiono la buena intención que puedan tener muchos de los legisladores de distrito que utilizan esos fondos públicos para hacer obras buenas. Sin embargo, sabemos que, de la misma manera, la forma en que está constituido ese fondo y la forma en que se ha estado utilizando ha dado paso a señalamientos de uso irregular”, expuso Rodríguez Veve.

Por los pasados años, agregó, el control y asignación de estos fondos ha estado bajo el escrutinio público “tras numerosos hallazgos revelados por la Oficina del Contralor, que incluyen irregularidades en el uso de aproximadamente $40 millones anuales”.

Desde 2020, el trámite para disponer del dinero fue modificado para que se manejara a puertas cerradas entre los legisladores y la Autoridad de Tierras, a pesar de que previamente el proceso era público y requería la aprobación de resoluciones legislativas. Esos cambios provocaron una serie de señalamientos relacionados con la utilización de los fondos.

A principios de 2022, la Cámara de Representantes también investigó el asunto, y concluyó que la Autoridad de Tierras fue “negligente” en la administración del dinero.

“No es simplemente que el proyecto buscaba la pulcritud, la transparencia y eficiencias en el uso de fondos públicos. Es que, además, buscaba establecer prioridades en el uso de esos fondos. Nosotros tenemos muchas necesidades, pero tenemos fondos limitados y, por lo tanto, tenemos que establecer prioridades”, señaló Rodríguez Veve.

En tanto, el portavoz del PPD, Luis Javier Hernández, reconoció que el tema del “barrilito” es controversial porque hay “indicios o alegaciones” de que algunos legisladores no han hecho un uso “correcto” de los fondos, pero cuestionó “por qué la soga siempre tiene que seguir cortando por lo más fino”.

“Puedo dar fe como exalcalde (de Villalba) que, en muchas ocasiones, ese dinero iba para las entidades sin fines de lucro, para personas que tienen alguna condición de salud, personas que necesitaban materiales de construcción. O sea, hay un grupo de gente que depende de ese dinero”, sostuvo, al señalar que hay otras alternativas para atender las necesidades de los policías.

Al respecto, mencionó la Resolución del Senado 1 para investigar las razones por las cuales no se ha “ejecutado en su totalidad” la “Ley de Máquinas de Juegos de Azar”, que allegaba fondos –que podrían ascender a $40 millones, según Hernández– al Fideicomiso para el Retiro de la Policía y el mejoramiento de sus pensiones.