El presidente del Senado, Thomas Rivera Schatz, anticipó que dicho cuerpo legislativo llevará a votación este jueves el proyecto de su autoría que, según algunos sectores de la población, permitiría que empleados públicos se nieguen a proveer servicios basado en sus creencias religiosas.

Frente a estos planteamientos, Rivera Schatz sostuvo que la medida “no le quita derechos a nadie”, y aseguró que cuenta con los 15 votos mínimos para ser aprobada. “Hay 23 estados que tienen eso”, indicó, a preguntas de los medios.

Aunque no entró en detalles sobre los posibles cambios que sufrirá el Proyecto del Senado 1, indicó que acogió las recomendaciones hechas por los departamentos de Salud y de Educación, así como por otras organizaciones civiles.

El proyecto –tal como está redactado– tiene el propósito de reconocer la libertad religiosa como un derecho fundamental que cobija a todo ciudadano, incluyendo a empleados y funcionarios de las tres ramas de gobierno y a los profesionales regulados y licenciados por el Estado, como abogados, trabajadores sociales y médicos.

Asimismo, revive legislación –que ha sido descartada en el pasado– que abordaría regulaciones sobre la vacunación compulsoria y el alcance de sanciones a padres o madres que opten por no inmunizar a sus hijos.

Diversas entidades, como el Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, han planteado que el derecho a la libertad religiosa ya está protegido por jurisprudencia vigente y normativa constitucional, y que no han identificado conductas de “persecución” o “represión” contra ningún sector de fe que justifique la aprobación de la legislación.

“No hay fundamento ni razón que justifique convertir en ley esta medida, dado que no responde a un problema existente, sino todo lo contrario; será la fuente de una vorágine de problemas que no enfrentamos hoy. Fuera de ser un calco de medidas similares que han sido objeto de agrias controversias legales, éticas y morales en los Estados Unidos”, dijo este martes, por su parte, la presidenta del Colegio, la licenciada Vivian Godineaux.

Mientras, líderes religiosos del Consejo Asesor de la Federación LGBTQ+ de Puerto Rico también se expresaron en oposición a la legislación, y le hicieron un llamado a los senadores y senadoras “a hacer lo correcto”. “Hoy, van por la comunidad LGBTQ+; mañana, irán por otras creencias religiosas y por otras comunidades vulnerables. La Constitución se hizo para defender a las minorías del posible abuso de las mayorías”, expuso Ada Conde Vidal, del Consejo Asesor, por escrito.

La senadora de Proyecto Dignidad, Joanne Rodríguez Veve, coautora de la medida, alegó desconocer si incluirá enmiendas, pero señaló que propuso “robustecer” el lenguaje para asegurar que el Estado no pueda tomar “a la ligera” decisiones que impacten los derechos de los estudiantes durante escenarios particulares, como, a su juicio, ocurrió durante la pandemia de COVID-19.

En ese renglón caerían, por ejemplo, la imposición del estudio a larga distancia a estudiantes que, por sus creencias religiosas, no quieran vacunarse. “Es decir, que nos aseguremos que (la educación a distancia) sea siempre la última opción, bajo unos criterios más rigurosos que tuviese que evaluar el Estado antes de poder afectar un derecho constitucional, como lo es el derecho a la libertad religiosa”, expresó Rodríguez Veve.